Este martes, en Valdivia, se suscitó la muerte de un menor de 8 años, con Síndrome de Down, quien padecía una grave infección respiratoria. Ninguna institución de salud, ni pública ni privada fue capaz de evitar el fatal deceso.
Kevin Bustamante Médico de Familia, trabajador de Atención Primaria de Salud, militante del PTR.
Jueves 18 de mayo de 2017
Este martes, el país recibió la escalofriante noticia del deceso de Jeremy Martin Correa, niño valdiviano de 8 años, con Síndrome de Down, quien arrastraba una infección respiratoria grave hace 10 días y que fue atendido y derivado desde el hospital regional de Valdivia a la Clínica Alemana de la misma región. Desde el 8 de mayo, Jeremy estuvo hospitalizado en esta institución privada, por la incapacidad del hospital público de otorgarle la infraestructura e insumos médicos que resguardaran su condición, precaria en términos de salud y posición socioeconómica.
El día 11 de mayo fue solicitado el traslado desde la Clínica Alemana de Valdivia hacia otra institución con mejores capacidades de afrontar el riesgo vital del menor; este era el Hospital Clínico de la Universidad Católica. Es decir, 5 días antes del fatal desenlace.
Esta pérdida de tiempo tiene una de sus más probables explicaciones en lo que la madre del niño refirió en declaraciones a CNN diciendo que "habíamos firmado, teníamos todo listo y a última hora dijeron que no, no podían porque el hospital regional está en una deuda con ellos" al referirse a una posible deuda del hospital con la Red de Salud UC Christus que, a través de su prestador , el Hospital Clínico, debía recibir a Jeremy en sus dependencias para aplicar la última y retrasada alternativa terapéutica, la oxigenación por membrana extracorpórea, es decir, un pulmón artificial que le devolvería el oxígeno impedido por la infección grave que evolucionaba con cada día. Finalmente, nuestro menor, hijo de nuestra clase, falleció sin alcanzar a recibir el último tratamiento posible.
Explicaciones que no convencen.
Las excusas, siempre insuficientes, vinieron en comunicados emitidos por las dos partes responsables de la vida del pequeño valdiviano: desde el hospital público nos dicen que "las condiciones de salud del paciente, lamentablemente impidieron que dicho traslado se concretara, aun habiéndose gestionado su derivación.", mientras que desde la Red Salud UC – CHRISTUS mencionan que "el traslado del niño fue aprobado desde un principio y, hasta el momento de su lamentable fallecimiento, la Unidad de Gestión Centralizada de Camas (UGCC) de la Red Pública se encontraba realizando la coordinación necesaria para concretar el traslado, tal como lo exige la normativa vigente."
Resumiendo, fueron cinco días donde no se pudo realizar esa "coordinación necesaria" que los empresarios de la salud derivan a la Subsectretaría de Redes Asistenciales (comandada por Gisela Alarcón), quienes a su vez tratan de simplificar la situación, adjudicando al propio estado del paciente la imposibilidad del traslado. Versión que, para rematar esta vergonzosa cadena de explicaciones, se contradice con los mismos privados quienes aseguran haber aprobado la solicitud desde el inicio.
Nuestras vidas valen más que sus ganancias
El pueblo trabajador debe desnaturalizar sucesos como este, que no son de hoy, hoy los tenemos en la palestra porque ya se vienen cuestionando los 25.000 pacientes fallecidos y que simultáneamente figuraban en listas de espera de alguna patología AUGE; relación que no pudo ser refutada por la ministra (accionista de una Isapre) ante la comisión de salud de la Cámara de Diputados donde se dedicó a exponer declaraciones de intenciones junto con cifras y datos insuficientes para explicar el genocidio de este sistema de salud; es que no hay argumentos válidos que expliquen que estemos muriendo por un modelo sustentado por sus políticas en favor de los empresarios de la salud, administrando y manteniendo un desfalco en salud que no es casual, es con alevosía: son 217.000 millones de pesos que corresponden a la deuda que los hospitales tienen con los privados, transacciones que se efectúan con fondos públicos y que refleja cuánto pueden llegar a beneficiarse los empresarios del negocio de la salud; al mismo tiempo significa discriminación, hasta inconstitucional, de toda persona que por condiciones de pobreza no tiene ni tendrá un acceso oportuno que le permita resguardar su vida. Y la muerte de Jeremy, así lo demostró.
Renacionalizar nuestros recursos productivos para conquistar el derecho universal a la salud.
Es urgente levantar la lucha por terminar con el modelo de salud que nos fue impuesto en dictadura. El pueblo, las y los trabajadores debemos entender que la salud es de bien común, social y no un producto que puede ser manipulado por el mercado, como un bien individual y de consumo. La salud implica vida y la vida es un derecho. Pero debemos ascender en organizarnos para conquistar este derecho de todos y todas, con un Sistema Único y Público de salud, que implique cobertura universal (sin discriminación) y sustentado económicamente con recursos renacionalizados; si no avanzamos en esto, estaremos condenando a que nuestra población siga muriendo y a merced de lo que decidan los capitalistas en el mercado de la salud y en armónico acuerdo con los políticos cómplices en los gobiernos neoliberales de turno.
