Sectores como el turístico, que cerró 2019 con beneficios récord, quiere ahora que sus pérdidas las paguen sus trabajadores y las arcas públicas. Los sindicatos deben oponer un programa que toque las ganancias capitalistas que el gobierno “progresista” quiere dejar intactas.
Santiago Lupe @SantiagoLupeBCN
Jueves 12 de marzo de 2020
Los despachos de abogados están recibiendo una auténtica avalancha de consultas para poner en marcha Expedientes de Regulación de Empleo, tanto temporales (ERTE) como de extinción (ERE).
Los sectores más afectados son los ligados al turismo -en especial alojamiento, pero no solo-, espectáculos -y sus las empresas proveedoras- y servicios asociados al mundo educativo -comedores, transporte o centros privados y concertados-. También en la industria del automóvil, con sus propios gabinetes jurídicos, se han anunciado posibles regulaciones, como en la Volkswaguen o la SEAT.
Las patronales presionan al gobierno para que agilice los trámites administrativos para poder implementar inmediatamente esta medidas.
Como en 2008, quieren que esta crisis la paguen las trabajadores y trabajadores
Las primeras consecuencias económicas de la crisis del coronavirus se descargan, una vez más, sobre las espaldas y los bolsillos de la clase trabajadora. Las espaldas, en particular de las mujeres y la gente mayor que se está teniendo que hacer cargo del cuidado de menores antes el cierre de escuelas sin habilitar medidas elementales como las licencias pagadas por cuidados. Los bolsillos ahora con la pérdida de empleo o suspensiones, y mañana con toda probabilidad con nuevos recortes en pensiones y prestaciones ante el desembolso que el gobierno está anunciando sin tocarle ni un euro a las empresas.
Hasta ahora el ejecutivo ha anunciado una prestación para mitigar la pérdida de salario de quien deba tomarse permisos para el cuidado de menores y este jueves está previsto que se anuncie que todos los afectados por ERTEs derivados de esta situación no consumirán su paro acumulado y todo el coste de las prestaciones recaerá en las arcas públicas.
¿El coste de todo esto para las empresas? Cero ¿Para las y los trabajadores? Además de las rebajas salariales que implica quedarse en el desempleo, quedar temporalmente suspendido o acogerse a una rebaja de jornada o excedencia voluntaria, la factura se cargará directamente a los Presupuestos del Estado, de la que deben salir las prestaciones, y los fondos de la Seguridad Social, que dejarán de percibir miles de millones de aportes empresariales condonados.
¿De donde saldrán los fondos? Si los pone el Estado, los pone la sanidad, la educación y las pensiones.
Esto quiere decir que las medidas para “paliar” los efectos de la crisis de hoy, incuban y preparan los ajustes de mañana. El FMI ya ha aprovechado la ocasión para decirle al gobierno “progresista” que renuncie a cualquier derogación parcial de las reformas laborales -la completa ya habían renunciado solos- y a avanzar en una contrarreforma que rebaje el gasto en pensiones.
Es de ahí de donde quieren que salgan los fondos extraordinarios para atajar esta crisis. Del mismo lugar que salieron los miles de millones para atajar la de 2008, los miles de millones para rescatar a la banca que salieron, de entre otros sitios de los 21.000 millones retirados de la sanidad pública, el cierre de más de 5.000 camas y la reducción de 9.000 médicos.
La factura puede ascender a miles de millones. Si tomamos en cuenta solo las prestaciones de desempleo, que en 2019 rozó los 19.000 millones, en los momentos más agudos de la crisis escaló a los 32.000 millones en 2009. Si hablamos de la Seguridad Social, ha pasado de un superávit de 60.000 millones a quedarse con 1.500 con la previsión, previa a esta crisis, de que entrara en números rojos este año.
¿Y los beneficios récord de la patronal turística?
Se da la circunstancia que muchas de las empresas que presentarán EREs y ERTEs vienen de hacer un 2019 de récord. El sector turístico recibió más turistas que nunca, 83 millones que se gastaron más de 90.000 millones. Este particular “agosto” se ha notado en las cuentas de resultados de las empresas que ahora quieren que sus pérdidas por la caída de reservas las paguen sus trabajadores con la subvención del Estado.
Dos de las primeras grandes firmas en anunciar EREs han sido la cadena de hoteles Meliá y la aerolínea Air Europa. La primera ganó la friolera de 96,8 millones el año pasado, la segunda 48,8 multiplicando por 9 sus beneficios respecto al año anterior. ¿Por qué tenemos que sufragar con el dinero que debería destinarse por ejemplo a un plan de emergencia socio-sanitaria contra el coronavirus o a revertir una década de recortes las pérdidas de estos supermillonarios? Lo mismo podríamos decir de espectáculos como el Rey León o Anastasía de la Gran Vía de Madrid, que han anunciado sus respectivos EREs, después de encadenar temporadas de lleno constante y beneficios de escándalo.
Prohibir los despidos y que permisos y suspensiones los paguen los capitalistas
Los fondos extraordinarios para atajar esta otra cara de la crisis del coronavirus, la económica, deberían salir de los beneficios empresariales que llevan 6 años subiendo a un ritmo medio del 13% anual mientras los salarios permanecían estancados o a la baja en su poder de compra. Si no, en unos meses veremos a un nuevo gobierno “progresista”, como fue el de Zapatero, anunciándonos nuevas medidas de ajuste draconiano para pagar la factura de esta nueva crisis.
Las direcciones sindicales van hoy a Moncloa a reunirse con el gobierno y la patronal. Lo hacen, como es habitual, con una actitud de colaboración que solo puede repetir la película de 2008-2011, en la que apoyaron y acordaron el primer rescate a la banca -100.000 millones de avales que les dió Zapatero- o firmaron recortes como la subida de la edad de jubilación de 65 a 67 años.
Contra este revival terrorífico, es necesario oponer un plan de emergencia alternativo al del gobierno “progresista” en acuerdo con la CEOE y CEPYME. Son urgentes medidas como la prohibición de los despidos, la reducción de jornada sin merma salarial en las empresas donde caiga la actividad, que toda suspensión por causa de fuerza mayor sea con el 100% del salario y las cotizaciones y que todo este coste se financie con impuestos a los beneficios empresariales, las grandes fortunas y la nacionalización de la banca, que “debe” todavía los más de 40.000 millones de dinero público con que fue rescatada en la anterior crisis.
Santiago Lupe
Nació en Zaragoza, Estado español, en 1983. Es director de la edición española de Izquierda Diario. Historiador especializado en la guerra civil española, el franquismo y la Transición. Actualmente reside en Barcelona y milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.
