La disolución de la Secretaría de Inteligencia (SI) y su reemplazo por la Agencia Federal de Inteligencia es una medida de efecto de un gobierno arrinconado contra las cuerdas tras profunda la crisis abierta por la dudosa muerte del fiscal Alberto Nisman, ocurrida después de haber denunciado a Cristina y el canciller Héctor Timerman por “encubrir” a Irán, al que el fiscal le adjudicaba la responsabilidad del atentado a la AMIA de 1994.
Miércoles 28 de enero de 2015
La dudosa muerte del fiscal dejó al gobierno en el ojo de la tormenta, obligándolo a desactivar esa letrina que los mismos Kirchner alentaron con alas de autonomía con el aval de toda la oposición. Néstor y Cristina consintieron todos los operativos de encubrimiento encabezados por “Jaime” Stiusso y la SI, desde el desvío premeditado de la llamada “conexión local” hasta la fabricación de la acusación falsa contra Irán con las “pruebas” aportadas por la CIA y el Mossad, volcadas en 2006 sobre el dictamen trucho de Nisman, subordinándose a George Bush y el Estado de Israel en la cruzada “antiterrorista” contra los pueblos árabes, y aprovechando la oportunidad para la sanción expres de la Ley Antiterrorista.
En oposición al mito de Saturno, condenado a devorar a sus hijos, Stiusso terminó devorando el kirchnerismo, obligándolo a responder de contragolpe con una reforma para “democratizar” los servicios de inteligencia, aunque dejando intactos y sin ningún “control” a los organismos de inteligencia de las FF.SS. y las FF.AA., operados en las sombras por un genocida como el teniente general Milani, que cuenta con un presupuesto de $836,9 millones, una suma increíblemente onerosa a pesar de que no existe ninguna hipótesis de conflicto militar.
Un calco de la propuesta de Beliz
De entrada la reforma se muestra avara en sus limitaciones sobre la impunidad Stiusso y aproximadamente 2000 agentes “orgánicos” (mas una cantidad indeterminada de “inorgánicos”) como Pedro “el Lauchón” Viale, una legión de genocidas y lúmpenes vinculados al narcotráfico, la prostitución y el mundo del gran delito, librados al azar que podrían causar consecuencias impredecibles. Así y todo, Cristina sigue encubriendo esa podredumbre pues tampoco serán desclasificados sus archivos secretos, utilizados a discreción para los “carpetazos”, burlando el derecho a la verdad de los familiares y amigos de los 30 mil desaparecidos y de las 85 víctimas del atentado a la AMIA.
Irónicamente, la reforma es un calco de la propuesta presentada en 2004 por el ex ministro de Justicia y ferviente adherente del Opus Dei, Gustavo Beliz, expulsado del Gobierno por Néstor Kirchner y el hoy massista Alberto Fernández por denunciar a Stiusso y la SI como una “Gestapo sin ningún control”. Ignacio Irigaray, director nacional de Inteligencia Criminal durante la gestión de Béliz, señaló a Radio Continental que esa propuesta contemplaba “la creación de una Agencia General de Investigaciones” “con una estructura orgánica y la designación de sus titulares de forma similar” a la sostenida por Cristina, “cuyo objeto era la investigación criminal profesional”, pero que los Kirchner objetaban porque “tocaba a la Justicia federal”. Es comprensible. En tiempos más prósperos, el kirchnerismo se valió de la SI como nexo entre el Poder Ejecutivo y la Justicia para armar, frenar o acelerar arbitrariamente una causa en función de sus necesidades.
Ente otros puntos, el plato fuerte de la reforma transfiere la potestad de las escuchas telefónicas que demanda la Justicia a cargo del Ministerio Publico Fiscal, sustituyendo así la Oficina de Observaciones Judiciales (la nefasta “Ojota”) de la SI para garantizar la “transparencia” desde una institución “independiente”. Lejos de ser un “extra poder independiente” el Ministerio Publico es una institución vinculada directamente al Poder Ejecutivo, como quedó a las claras con la actividad de la procuradora Alejandra Gils Carbó que apoyándose sobre las prerrogativas del Código Procesal Penal se disponía a designar 16 fiscales y 1800 funcionarios para garantizar impunidad a los funcionarios kirchneristas salpicados con denuncias de corrupción. En buen romance, los gobiernos de turno tendrán plena facultad para espiar y perseguir, como siempre la tuvieron.
Presentada bajo la cobertura de “paradigmas totalmente diferentes a los vigentes”, la reforma de marras creará un “banco de protección de datos y archivos”. La pregunta obligada que se desprende es: ¿quien será el depositario de esa información y qué se propondrá? Vale como antecedente la experiencia de Proyecto X, donde la Gendarmería se infiltraba en las luchas de los trabajadores para obtener información que luego almacenaba en una base de datos en la base militar de Campo de Mayo. Ese paradigma sigue rigiendo en la Policía Federal, donde operan 1000 espías como el agente Miguel Angel Balbuena, infiltrado en la Agencia Walsh durante 10 años, bajo la cobertura de un decreto-ley sancionado por la dictadura del general Onganía.
La nueva agencia de inteligencia absorberá la Dirección Nacional de Inteligencia, sacándola de la esfera que depende del Ministerio de Seguridad. De ese modo quedan asegurados los operativos fraguados contra los trabajadores como el protagonizado por el comandante de Gendarmería “carancho” Juan Alberto López Torales, arrojándose intencionalmente sobre el auto de un conductor solidario con la lucha de los trabajadores de Lear, así como la infiltración del destituido coronel Roberto Galeano, mano derecha del secretario de Seguridad Sergio Berni y experto en contrainteligencia.
El diputado provincial sabbatellista Marcelo Saín adelantó la necesidad de establecer un “control democrático” de la nueva agencia para auditar sus estrategias y el destino de sus millonarios fondos reservados. ¡Acaso el Congreso norteamericano no controla las estrategias y los fondos de la CIA, la institución de asesinos profesionales por excelencia más importante del mundo!
Un poco de historia
Los organismos de inteligencia constituyen una actividad estratégica en la seguridad del Estado y la defensa nacional. Ya en el año 500 anterior a nuestra era, el gran general chino Sun Tzu trazó en su libro El arte de la guerra las líneas directrices del espionaje como “información previa imprescindible” para lanzar una iniciativa de guerra. Sin embargo, recién en el régimen capitalista el espionaje adquiere pleno desarrollo en las conspiraciones de Estado. Ya en su época imperialista, los servicios de inteligencia adquieren su fisonomía actual conspirando particularmente contra los partidos de izquierda y las organizaciones obreras y populares.
La ficción del legendario agente 007 James Bond creado por Ian Fleming esta inspirada en la historia real del agente británico Sidney Reilly, quien en 1925 pretendía cruzar la frontera entre Finlandia y la URSS para tomar contacto con la oposición monárquica, después de participar en un intento de asesinato de Lenin.
Después de la derrota del fascismo a manos del Ejército Rojo seguido del fortalecimiento de los PCs en el movimiento obrero internacional, en 1944 y 1945 EE.UU. y Gran Bretaña crearon la CIA y el MI-5, las primeras organizaciones profesionales de inteligencia, formadas bajo el influjo del desarrollo de las modernas telecomunicaciones para infiltrar los grandes sindicatos, dejando atrás los viejos servicios de espionaje de las FF.AA., limitados a la inteligencia de guerra.
Esos modelos trazaron la escuela de los organismos de inteligencia de todos los estados, incrementados brutalmente tras las políticas de Act Patriot contra el “terrorismo” de George Bush, que también los Kirchner suscribieron.
La limpieza íntegra de todas las letrinas del Estado implica cuestionar las bases de ese mismo Estado, fundado sobre el dominio de las clases dominantes sobre las clases desposeídas. Ninguna ley puede sustituir la imprescindible movilización independiente en las calles del pueblo trabajador y la juventud para hacer efectiva esta tarea, contemplando incluso el legítimo derecho a la autodefensa de las organizaciones de masas contra las probables respuestas de los sectores desplazados, ligados por mil y un lazos con el poder y amparados con impunidad por todas las fracciones del régimen.
