El proyecto de Lacalle. Una rendición de Cuentas de un gobierno ajustador

Ilustración: Lucas Viñoli

El malestar que se empieza a sentir en la población por la difícil situación socioeconómica y las cada vez más cercanas elecciones de 2024 parecen haber llevado al gobierno a un pequeño cambio en esta Rendición de Cuentas con lo que había anunciado hace unos meses.

La pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la carestía, la inflación y el aumento del desempleo son algunos de los problemas que afectan a las y los trabajadores y el gobierno parece tomar nota de este malestar cuando anuncia un aumento de 225 millones de dólares en el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo al parlamento.

Pocos meses antes funcionarios del gobierno negaban que hubiera posibilidades de recursos adicionales, pero el propio presidente el mes pasado se encargó de anunciar el aumento de partidas en algunos rubros.

El gobierno aún tiene fresco en su memoria el resultado del referéndum de la LUC, donde el resultado de casi un virtual empate mostró que el apoyo popular a la Coalición está en entredicho; situación que también señalan las encuestas cuando muestran la paulatina caída en la popularidad de Lacalle y compañía.

Con este viraje en el discurso y el intento de mostrarse sensible a las necesidades de la población, el Ejecutivo anunció aumentos e incrementos para la «transformación educativa», la seguridad, la ciencia y la innovación; así como la recuperación del poder adquisitivo de los salarios públicos antes de la pandemia.

En un contexto de aumento del PBI y cuando los datos muestran que los grandes exportadores, los empresarios del campo y el agrobusiness están teniendo ganancias record resulta al menos muy antipático mantener la política de “gasto 0”. Los socios de la Coalición, que también tienen la mirada puesta en 2024 amagan tomar distancia de la ortodoxia herrerista y hacen escuchar sus reclamos a la interna del gobierno para suavizar algunas medidas. El menor aumento de los combustibles en relación a lo que marcan los parámetros aprobados con la Ley de Urgente Consideración, son otra señal de “consideración” por la realidad cotidiana de la población.

El ajuste más allá de la demagogia

Más allá de estos cambios con respecto a la posición inicial, es innegable que Lacalle gobierna para los “malla oro” y que una de sus obsesiones es socavar a las empresas públicas.

Su programa no solo se expresa en el proyecto de Rendición de Cuentas sino también en distintas iniciativas impulsadas recientemente. Desoyendo pronunciamientos populares anteriores y buscando continuar con los proyectos de Lacalle padre en los 90, el gobierno ha tomado en estos últimos meses medidas de corte privatizador y neoliberales.

En ANTEL el ataque se observa en la concesión otorgada a los principales cableoperadores privados para incorporar la transmisión de datos y contenidos por Internet (antes de exclusividad de Antel) y el escandaloso pago de 1,2 millones de dólares a los canales privados de parte Vera TV que favorece a los empresarios audiovisuales amigos.

En OSE se avanza con el proceso privatizador y se defiende a capa y espada el proyecto Neptuno, para que empresas privadas extraigan agua del Río de la Plata, la potabilicen y la vendan a la propia OSE (un atropello a la propia Constitución que señala que la distribución y potabilización del agua son competencia exclusiva del Estado).

Con respecto a UTE se plantea autorizar a los grandes consumidores (o sea los grandes empresarios) a comprar energía a los generadores privados, pasando por arriba de la propia UTE pero aprovechando su infraestructura.

En ANCAP asistimos también a un proceso de privatización, que viene siendo denunciado y enfrentado por sus trabajadores.

Los sindicatos estatales vienen denunciando además que no se completan las vacantes que se generan en distintos organismos. Parece que el gobierno promueve que las empresas públicas funcionen mal, para luego poder decir que son ineficientes y que hay que privatizarlas; un método que la derecha ya ha usado en el pasado (acá y en la región) para avanzar en el desmantelamiento y venta de distintas empresas públicas.

Volviendo a la Rendición de Cuentas no se puede dejar de mencionar como en este proyecto se intenta meter por la ventana la derogación de la ley de medios, medida que también apunta a favorecer a los empresarios del sector y que ha despertado incluso resistencias en integrantes de la propia Coalición.

Cuentas engañosas

En su presentación Lacalle y su ministra Arbeleche prometen aumentos de gastos en distintas áreas (70 millones para la recuperación salarial de los funcionarios públicos, 45 para la educación, 27 para la seguridad, 26 para la salud pública y 26 para la ciencia y la innovación). Lo que omiten señalar es que con la excusa de la pandemia el mismo gobierno redujo el gasto en más de 600 millones de dólares. Es decir que en este contexto de “viento de cola”, con los comodities por las nubes y record de exportaciones el prometido incremento de 226 millones de dólares no se acerca ni a la mitad de lo que recortaron.

Los incrementos que el gobierno dice que va a dar no son más que una parte de lo que antes negó y retaceó; dice que quieren priorizar la educación pero lo que anuncia es menos de lo que se ahorraron con el recorte de horas docentes y cierres de grupos; hacen un acuerdo con los trabajadores estatales pero la supuesta recuperación es menor a lo que en estos dos años se perdió de poder adquisitivo. Por ahora a la Universidad no le asignan incrementos, pero mientras tanto siguen privilegiando a los que vienen ganando en este periodo: a los ganaderos el gobierno le hará una mayor devolución del IVA por consumo de gasoil y a los propietarios rurales los exonera de pagar contribución inmobiliaria e impuesto de primaria.

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Enfrentar el ajuste con la fuerza de la clase trabajadora

Los planes del gobierno, que se expresan en esta Rendición de Cuentas pero más en general en todas sus iniciativas, son un ataque a las condiciones de vida de las y los trabajadores. Aún no han presentado formalmente su proyecto de reforma de la seguridad social, pero es un hecho que pretenden que trabajemos más años y que bajen nuestras jubilaciones; y aunque no tienen margen para una reforma laboral completa como les gustaría, buscan bajar el costo de la mano de obra, precarizando y recortando aún más derechos laborales; por ejemplo con el intento de modificar el régimen de licencia médica de los funcionarios públicos que pretenden imponer en esta Rendición de Cuentas.

El modelo que intentan profundizar busca a toda costa beneficiar aún más a los grandes empresarios nacionales y extranjeros y para eso buscarán en este tiempo que resta de gobierno avanzar con todas las reformas posibles.

El Frente Amplio no es una oposición a estos planes, en sus 15 años de gobierno se dedicó a administrar el régimen capitalista, no rompió con la herencia de décadas de gobiernos de tinte neoliberal (impuestos a partir de la sangrienta dictadura) y a lo sumo limó las aristas más antiobreras y antipopulares del modelo imperante.

El PIT-CNT, en manos de su dirección mayoritaria, ha perdido independencia política, para ser polea de transmisión en el movimiento obrero de la política del FA. Por el contrario se hace urgentes que tome medidas acordes y un plan de lucha que enfrente realmente los planes del gobierno.

Esta política de “paz social” permite que la derecha avance, no cuestiona los aspectos estructurales del régimen y patea la pelota para adelante, esperando que llegue el 2024.

Para cambiar este rumbo económico hay que pelear por una nueva dirección del movimiento obrero, organizando a la clase trabajadora para que se exprese como fuerza social en las calles y con los métodos tradicionales de la clase obrera, discutiendo masivamente desde las bases un plan de lucha que ponga freno a los planes de Lacalle y la derecha.