Tal y como ha destapado el sindicato LAB (Langile Abertzaleen Batzordeak), el convenio que propone a las comunidades autónomas el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, conllevaría la transformación de las mutuas en la instancia central de la sanidad de los trabajadores, mientras que la Atención Primaria y otros servicios lo serían para menores, jubilados y desempleados. Todo un retroceso en derechos que dejaría la sanidad en manos privadas.
Lunes 3 de abril de 2023
En plena crisis de la Sanidad Pública a nivel estatal, donde es más evidente que nunca su vulnerabilidad tras la pandemia, el Gobierno no solo no invierte más recursos en ella (los Presupuestos Generales para 2023 aumentan poco más de un 2% su partida, por lo que, en los hechos, queda infrafinanciada por efecto de la inflación), si no que Escrivá prepara un nuevo ataque.
En un borrador presentado en diciembre de 2022 que ha hecho público el sindicato LAB se plantea una mayor relación entre las Mutuas y la Seguridad Social de manera que se tienda a una gestión de la salud de los trabajadores por parte de estas empresas privadas.
La propuesta de acuerdo plantea que las mutuas sean uno de los ejes de la salud de la población activa, y que la Atención Primaria lo sea para las edades no productivas como la infancia y la vejez.
El documento está siendo negociado entre el ministerio de Escrivá y la AMAT (Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo), y de seguir adelante supondría uno de los mayores ataques vistos a la Sanidad Pública. Se admitiría la injerencia de las Mutuas en más ámbitos de la salud de los trabajadores y subordinaría la Atención Primaria a la mutua, que solo busca la productividad laboral del trabajador y el interés económico particular de los empleadores.
Las mutuas establecen así un chantaje a la Administración Pública, que el ministro Escrivá, del Gobierno más “progresista” de la historia estaría dispuesto a aceptar, mostrando así que este Gobierno no tiene ninguna intención de reforzar la ya maltratada Sanidad Pública. Una sanidad que tras la aprobación de los últimos Presupuestos continúa infrafinanciándose, ya que el aumento de su partida ni siquiera contrarresta el aumento de la inflación.
El acuerdo implicaría que las comunidades autónomas traspasarían la gestión de las bajas comunes, sus pruebas y tratamientos. Además, los médicos de la mutua podrían dar de alta a un paciente, lo cual tiene una clara intención de bajar drásticamente los tiempos de las bajas para que el trabajador se incorpore prematuramente al centro de trabajo. Por otro lado, la propuesta implica que el médico del servicio público deberá remitir informes a la mutua sobre el enfermo, violando así la privacidad del paciente y subordinando la sanidad pública a la mutua.
Según denuncia LAB, el texto también incluye la propuesta de hacer una prueba piloto sin control de la Administración, así como el acceso al historial clínico de los trabajadores, algo que continúa las anteriores políticas como la del Sistema Vasco de Salud, que a través de un convenio con la empresa Mutualia habría facilitado que los facultativos de las mutuas puedan acceder a los expedientes médicos de 420.000 trabajadores.
El acuerdo se basa en la ya existente relación entre las mutuas y el Servicio Público de Salud, permitido por la legislación actual, mostrando así que no basta con oponerse a esta nueva ley, sino que es necesario pelear contra la legislación que actualmente dota económicamente a la sanidad privada y le otorga competencias a las mutuas. Todo ello es parte también de la defensa de la sanidad pública.
El procedimiento por el cual se presenta la propuesta, a través de la negociación directa con las comunidades autónomas, permite una privación de discusión y debate en los hechos, sin que la ley se discuta en el Parlamento y pasando “sin pena ni gloria”, es decir, sin lucha en las calles. Como denuncia el sindicato LAB, se trataría de una aprobación “con nocturnidad y alevosía”.
El 90% de la población se vería afectada por este convenio, ya que la mayor parte de las empresas escogen una mutua por encima de la Seguridad Social para gestionar las bajas porque se trata de empresas hechas a la medida de la patronal, que han ido adquiriendo mayores potestades en los últimos treinta años, como la gestión de la prestación en bajas de larga duración, la gestión de la prestación durante el embarazo y la lactancia y la prestación por el cuidado de menores enfermos.
Según denuncia LAB, la aprobación del convenio supondría que los criterios médicos a la hora de otorgar un alta queden en segundo plano y que el médico de la empresa sea, de facto, el médico del trabajador durante décadas.
De aprobarse, se trataría del enésimo ataque a la sanidad pública, que se desmantela en favor de la sanidad privada en una política de “caiga quien caiga”. El objetivo es desmantelar la sanidad y la salud de las clases populares que viven problemas de salud derivados del trabajo y la precariedad laboral y vital.
En este mismo diario realizamos un especial sobre enfermedades laborales y la gestión de estas por parte de las mutuas (Explotadxs: Dossier de enfermedades laborales). En este dossier repasamos la experiencia de diferentes trabajadores y trabajadoras (TMB autobuses, azafatas de cabina de Vueling, Las Kellys y trabajadoras sanitarias de servicio a domicilio) con las mutuas y como estas ponían constantemente por delante los intereses de la patronal en lugar de la salud de las y los trabajadores.
Así lo contaban, por ejemplo, las trabajadoras de Vueling en relación a los problemas de salud que acarrea su trabajo y la gestión por parte de la mutua: “El otro día estuvimos hablando con la mutua porque solicitamos que alguien nos explicara por qué no se estaba atendiendo esto como considerábamos apropiado. Desde la mutua nos dicen que los casos más graves se dan en pacientes que ya tenían una patología previa. Mientras nos dicen esto, nosotros vemos a tripulantes salir de los aviones con una irritación de garganta, de los ojos, un malestar con náuseas y a veces se prolonga en el tiempo a pesar de haber ido al médico y seguir sus indicaciones, pero tampoco la consideran una enfermedad laboral".
En el citado dossier también tuvimos la oportunidad de hablar con Àlex Tisminezsky, abogado del Colectivo Ronda, el cual era meridianamente claro al exponer su opinión sobre el papel de las mutuas, “las mutuas están por los intereses de las empresas”.
Queda claro pues el brutal ataque que esta reforma que busca implementar a hurtadillas el Gobierno de Sanchez y Yolanda Díaz es un ataque brutal a la clase trabajadora.
Es necesario enfrentar este tipo de ataques a través de la lucha en las calles y con las herramientas de la clase trabajadora, exigiendo a las burocracias sindicales amigas de este gobierno que convoquen huelgas en todos los sectores de la sanidad, para así poder doblarle el brazo a patronales y gobierno y hacer “como en Francia”, donde los trabajadores y estudiantes salen a la calle, no solo contra la reforma jubilatoria de Macron, sino también poniendo en el centro el resto de demandas de la clase trabajadora.
