Abuso Policial. Una vez más, el hostigamiento policial a autocultivadores en Punta Rubia

El Ministerio del Interior defiende la violencia y busca acceder a datos del IRCCA, el organismo que regula la producción y el consumo de cannabis, para criminalizar el cultivo.

Procedimientos sin orden judicial, armas, amenazas y encubrimiento

El despliegue represivo del Ministerio del Interior contra los vecinos del balneario Punta Rubia (Departamento de Rocha, Uruguay) con el afán de buscar plantas de marihuana y procesar autocultivadores no cesa. Esta vez la Policía irrumpió en una casa de este balneario, amenazando a punta de metralleta a los presentes, allanando sin la presencia del residente de la vivienda, sin orden judicial que se pueda obtener registro, pretendiendo detener a personas por el simple hecho de plantar cannabis psicoactivo. Una Policía que tiene cada vez más potestades para reprimir y violentar a partir de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Esto no es nuevo y hay procedimientos que se repiten. En noviembre del año pasado en el marco del “Operativo Ballena”, realizaron allanamientos masivos en Punta Rubia y Santa Isabel, identificando a 173 personas. Este operativo fue denunciado por los vecinos de Punta Rubia mediante una carta dirigida al ministro del Interior, Jorge Larrañaga. En la misma alerta que "Fuimos invadidos por un centenar de efectivos que utilizaron un procedimiento de cuestionable legalidad, de acuerdo a consultas que hemos realizado con profesionales".

Estos procedimientos se realizaron mediante un despliegue violento, sin orden judicial, obligando a los presentes a firma una documentación que alega a un “allanamiento voluntario”, todo esto mediante amenazas: "Si bien es cierto que se solicitó una firma de una autorización para que nuestras casas fueran allanadas, las mismas se otorgaron ante la intimidante presencia de policías armados, que ya habían inspeccionado el terreno y aconsejaban firmarla como prueba de que no teníamos nada que ocultar en nuestras casas".

A su vez también advirtieron la realización de detenciones arbitrarias, el allanamiento a una vivienda en la que contaba con la presencia de una adolescente de 16 años, y la detención de extranjeros que no tenían documentación uruguaya.

Las y los vecinos se preguntan atónitos ante semejante violencia ejercida por la Policía ¿Por qué fuimos sorprendidos a primera hora de la mañana con una multitud de policías rodeando nuestras casas, con helicópteros sobrevolando?

El 9 de marzo apareció en varias notas de la prensa nacional, fragmentos de una nueva carta que los vecinos les envían al ministro del Interior denunciando el “inexplicable uso de fuerza y despliegue policial” contra un vecino. Los Policías allanaron su vivienda sin estar presente el residente, semejante despliegue lleno de irregularidades para buscar plantas de marihuana.

La denuncia pública relata lo siguiente:

“El pasado 25 de febrero a las 14:30 horas un grupo de aproximadamente 20 efectivos policiales entre los que se cuentan uniformados de azul, policía técnica y efectivos vestidos de negro con metralletas, pasamontañas negros y chalecos antibalas irrumpieron en forma violenta y sin identificarse en el domicilio del vecino P.V., de 35 años, uruguayo, con residencia permanente en el balneario”.

Según se sabe, irrumpieron de esta forma violenta con el propósito de buscar estupefacientes, en la vivienda de un autocultivador inscrito en el IRCCA (Instituto de Regulación y Control del Cannabis), que no se encontraba presente en el allanamiento por estar trabajando.

Las amenazas, los ataques

“L.S. leyó el documento en presencia del mencionado despliegue policial y, como mencionamos antes, con un arma en la cabeza. No está seguro de lo que firmó, pero según el relato de los vecinos presentes, le repetían a los gritos que era como testigo y custodio de las plantas. Ahora él siente preocupación porque en realidad no conoce el tenor del documento que firmó".

"Rompieron la puerta de entrada con una patada y la arrancaron". "Una vez dentro, dieron vuelta todas sus pertenencias incluyendo ropa, instrumentos musicales, tambores que fueron golpeados, herramientas de trabajo, comida y todo lo que había en la casa, con mucha violencia y desprecio. También arrancaron la puerta de ingreso al baño".

"Mientras esto ocurría dentro de la casa, afuera sobrevolaban drones y un escuadrón de policías armados custodiaba la puerta y la esquina de la casa. En el jardín se encontraron unas pocas plantas de marihuana, dentro del número legalmente permitido para usuarios registrados ante el IRCCA, como P.V."

Según lo que le informó Paula Schwedt, integrante del grupo de vecinos residentes de Punta Rubia a distintos medios. “La excusa es que venían buscando estupefacientes, como si fuera Pablo Escobar, a una persona que está registrada en el IRCCA”. La vecina destaca la violencia de este allanamiento, las amenazas que sufrieron quienes estaban en la vivienda y el temor que sufrieron los vecinos al momento de difundir el comunicado por temor a represalias.

La respuesta del ministro del Interior: “Fue Legal”

El comunicado solicita que el ministro del Interior, Jorge Larrañana “investigue las circunstancias de este anómalo”.

Al momento de ser consultado en rueda de prensa por las irregularidades del operativo, el ministro mencionó que el procedimiento “fue legal”. Y realizado en base a “denuncias anónimas que se habían dado”. Recordemos que los vecinos no recibieron orden judicial del allanamiento.

En tanto las autoridades del Ministerio del Interior mencionaron a medios como La Diaria, la voluntad de perseguir a los cultivadores no registrados, en que “como la cartera no puede acceder a los datos de los clubes cannábicos ni de los autocultivadores registrados en el IRCCA, todas las plantaciones “son ilegales en principio”. Asimismo, señalaron que se han solicitado los datos de los usuarios al IRCCA para “separar legales de ilegales” pero el instituto no accedió a la solicitud.

En dicha ronda de prensa, el Ministro del Interior confirmó que va solicitar “por lo menos la ubicación” tanto de clubes como de autocultivadores para poder controlarlos.

Legalmente los datos que corresponden a las personas y asociaciones registradas en la Ley 19.172 de regulación y control de cannabis establece que los datos son “datos sensibles” protegidos mediante el artículo 18 de la ley de protección de datos personales (18.331).

Ante ellos nos preguntamos ¿qué va a pasar con las personas no estén registradas y se encuentren con marihuana o plantas de cannabis dentro de las cantidades permitidas o incluso que apenas supere el límite? ¿tendrán un carácter ilegal y punitivo penado con prisión como hace varios años atrás? ¿hay garantías de que efectivamente los datos vinculados a consumidores en farmacias, cultivadores y asociaciones no sean brindados al Ministerio del Interior para controlar, perseguir y ejercer violencia?

Estamos hablando de persecución contra las personas que plantan y consumen ciertas drogas de carácter psicoactivo con fines recreativos y/o medicinales, mientras que Uruguay forma parte de las rutas del gran narcotráfico, y cuenta con un sistema financiero que es acusado de ser una plaza importante de lavado de activos.

Los baches legales de una ley de regulación y control del cannabis, utilizada de manera punitivista por parte de un gobierno derechista con figuras conservadoras como Jorge Larrañaga en el Ministerio del Interior. La falta de garantías en los procedimientos policiales, la elaboración de una base de datos de la que el Ministerio del Interior pretende acceder para hostigar, no nos otorga garantías.

Los programas públicos de prevención de consumo problemático y atención a adicciones con escaso presupuesto, teniendo un mayor protagonismo de organizaciones religiosas prohibicionistas como Beraca y Remar que bajo la excusa de atender adicciones curran con la necesidad.

Basta de criminalizar el consumo

La hipocresía de no legalizar las drogas. Su ilegalización provoca una persecución feroz contra las personas que consumen sustancias psicoactivas ilegales, genera clientes para el narcotráfico, una “guerra contra las drogas” con numerosas desapariciones y violaciones a los DDHH como en México y Colombia, crea mecanismos de control para la persecución contra consumidores y autocultivadores, cuando los grandes traficantes siguen impunes y se encuentran en plena complicidad con las fuerzas policiales, la justicia y el poder económico.

Tal como afirmamos en otra ocasión: “Desde La Izquierda Diario entendemos que la legalización de todas las drogas permitiría mejorar la calidad de las sustancias, regular sus efectos más adversos, dar garantías a las y los consumidores, combatir el narcotráfico y atender los casos de uso problemático de las drogas que, como demuestran las estadísticas, son la inmensa minoría de quienes consumen drogas”.

“Mientras luchamos por la legalización de las drogas y defendemos el derecho de las personas a fumar y consumir lo que quieran, le exigimos al Estado políticas de acompañamiento a las personas en situación de adicción, y que estos dispositivos no sean compulsivos ni de reclusión, sino que permitan la desintoxicación y reviertan la situación de adicción. Exigimos políticas de reducción de riesgos y daños, campañas de sensibilización masivas y un acompañamiento psico-social integral para estas situaciones”.

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