En Foro-encuentro contra la represión, docente denuncia la represión política y despidos injustificados en la UACM y en las UBBJ, y apuesta a la organización.
Lunes 12 de diciembre de 2022
Reproducimos ponencia de docente de la UACM y UBBJG impartida durante el Foro Encuentro contra la represión, la precarización laboral y en defensa de la educación pública.
El gobierno actual, más allá del discurso progresista, expresa una política de continuación y profundización del ataque a la educación, que no sólo contempla a los estudiantes sino también al grueso de los trabajadores, como la Reforma Educativa de la 4T, que es un 90% de continuidad de la reforma de Peña Nieto, que junto con la Ley General de Educación Superior (LGES) representa una ofensiva a gran escala contra el conjunto de la educación pública. Por ello la LGES ha sido señalada por federaciones y sindicatos universitarios por su contenido que degrada el derecho a la educación superior y se limita a las iniciativas de cambios democráticos de las leyes orgánicas de las instituciones autónomas.
Es en este contexto de gobierno de Morena que iniciamos la lucha en la UACM en noviembre de 2019, cuando nos organizamos a partir de la Asamblea de profesores de la UACM en Lucha y emprendimos un combate contra la precarización laboral y en defensa de la educación pública. La respuesta de las autoridades universitarias fue nuestra no contratación y el establecimiento de una cláusula discriminatoria en la convocatoria en la cual se impedía la participación de quienes tuvieran pendiente una demanda o proceso legal en contra de la Institución. Esto equivale a un despido injustificado y una represión política y laboral, cuyo efecto es dejar a docentes, madres trabajadoras y mujeres en la calle de la noche a la mañana, sin un sustento para nosotres ni nuestras familias.
En las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG), lo que nos ocurrió durante el paro de la entonces Escuela de Derechos Ponciano Arriaga (EDPA) hoy sede Cuauhtémoc, fue un ensayo de lo que ocurriría después, ya que todos fuimos despedidos por apoyar el paro de estudiantes que exigían condiciones dignas en el plantel, luego del despido de trabajadoras administrativas en el 2020, al año siguiente despidieron aproximadamente a 150 docentes a nivel nacional. En donde las autoridades como Raquel Sosa han declarado que somos personas beneficiarias de un programa, por lo que nos niegan el carácter de trabajadorxs. Lo más avanzado de aquella experiencia fue la conformación de una asamblea general tripartita en donde se llamó a la unidad entre docentes, estudiantes y trabajadores.
También han surgido otras luchas en varias universidades del país, como la que dio origen al movimiento #UNAMnoPaga, las UBBJ, el IRC, la UAM, el IEMS, el IPN, la ENAH etc. En donde también ha habido represión, sin embargo, estos casos no han sido aislados. En ese sentido, la línea del gobierno no es sólo la represión política o laboral, sino la no resolución de las demandas de las luchas en curso, como el caso de huelguistas del SutNotimex. En donde ante la posible gran escalada de los conflictos por los reclamos acumulados, las autoridades gubernamentales se han preparado para aplicar la fuerza, pues por más que digan que desaparecieron el cuerpo de granaderos en la CDMX, los seguimos viendo en las calles, en las manifestaciones de sectores críticos del actual gobierno, como lo hicieron con la extensión de la Guardia Nacional hasta 2028. Se preparan para que la organización no surja en medio de la carrera presidencial. Así, en los centros de trabajo, se impide alzar la voz, se señala a quienes han luchado, en el ámbito laboral mediante listas negras para negarnos la contratación, así como boletinajes ilegales a través de los cuales las patronales evitan contratar a trabajadorxs que se hayan organizado y/o demandado.
En cuestión de derechos humanos, en octubre del 2019, presentamos una queja por violaciones a derechos humanos laboralespor parte de las autoridades de la institución, ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX). A que a pesar de que la Comisión adquirió el compromiso de gestionar una reunión con las autoridades de la UACM, hasta la fecha no ha informado claramente del expediente, no se desprende ninguna actuación al respecto, por lo que denunciamos esto y omisiones e irregularidades en su actuar, que favorecen a la universidad en su carácter de patrón, la cual ha declarado “que no había violación de derechos” -sin que se realice una indagación seria-, pero la propia Comisión ha sostenido reuniones a puerta cerrada con las autoridades universitarias, cuyo contenido se niega a informarnos. Por lo que denunciamos la falta de efectividad de las instituciones y la colusión para continuar con la impunidad institucional, por lo que exigimos que la CDHCDMX resuelva nuestras demandas.
En ese mismo año, presentamos una demanda, sin embargo, no hemos recibido más que injusticia. De la misma manera compañeros del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (SUTUACM) se han manifestado frente a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la cual no brinda procesos expeditos a favor de los trabajadores, beneficiando a las autoridades universitarias en el proceso de negociación, por lo que ha jugado un rol patronal, parando o retrasando las demandas laborales de cientos de miles de trabajadores, incluyendo los docentes de asignatura despedidos.
Ha sido en este proceso donde las autoridades universitarias en contubernio con la Junta han alegado que el derecho a huelga iba a afectar el presupuesto y las labores de la universidad, pero la administración de la universidad omitió informar que hubo un subejercicio presupuestal, pues devolvió 305 millones de pesos, de los cuales 185 millones corresponden al pago de salarios y prestaciones laborales, información expuesta por la Auditoría Superior de la CDMX. Aquí es donde el conjunto de los trabajadores de la UACM nos topamos con la negativa de solución a nuestras demandas, con la represión y con oídos sordos lo que abona a la impunidad y, sobre todo, para seguir castigando a la clase trabajadora que denuncia la falta de presupuesto en la educación y la falta de condiciones laborales dignas.
A pesar de que las últimas dos administraciones estuvieron encabezadas por mujeres, como Patricia Arenas Chiang y la actual rectora, Tania Rodríguez (cercana a Claudia Sheinbaum), las demandas de las maestras de asignatura no han sido atendidas, se profundizó la vulneración de los derechos de las trabajadoras, se institucionalizó la precarización laboral de docentes de asignatura mediante la aprobación del Estatuto de Personal Académico (EPA). Y se ha encargado de continuar el proceso de precarización laboral de trabajadorxs administrativos, de intendencia y de jardinería, en relación a las diversas revisiones salariales y contractuales, negando aumentos que superen la inflación. La rectora ha señalado que “los trabajadores llevarían a la bancarrota a la universidad e impedirían las labores de docencia, investigación y difusión”, cuando se exigió mayores salarios, pero sin mencionar los subejercicios presupuestales que ha practicado. En ese contexto que, trabajadorxs denunciaron la censura y el hostigamiento laboral a quienes se muestran en desacuerdo con la administración.
Dentro de la Universidad se podrían tomar medidas como campañas de afiliación masiva, incorporar en su pliego de emplazamiento a huelga las exigencias de reinstalación de todos los trabajadores despedidos, convocar a asambleas de base para fortalecer las acciones y la movilización de los agremiados, y que en ellas se trate la cuestión de la precarización laboral como tema primordial y lucha por mantener la materia de trabajo.
Frente a estas circunstancias generales es evidente que no podemos confiar en que vía estas instituciones y sus mecanismos se hará justicia y solucionarán nuestras demandas, pues jamás nos han regalado nada, así es menester imponerles a las autoridades y al gobierno mejores condiciones, avanzar en la defensa de la educación pública, laica y gratuita en todos sus niveles de los ataques del neoliberalismo y por la continuidad que ha dado la 4T a estas políticas, así como en la organización política. El desmantelamiento de la educación pública y la precarización van de la mano, son una imposición de los empresarios y la casta política para conservar sus privilegios y acumular riqueza a costa de pauperizar a las mayorías.
Se requiere basificación inmediata, los docentes deben tener el derecho de una plaza fija de tiempo completo, que garantice por un lado plenos derechos laborales y un sueldo digno para poder llevar sus tareas de enseñanza e investigación sin verse obligados a recurrir a dobles jornadas laborales, lo cual implica también el derecho a la sindicalización, donde la mayoría de profesores de asignatura no tiene derecho a ella o en su defecto esta se encuentra mediada por sindicatos blancos que responden a la patronal y no protegen los profesores. Se requiere la sindicalización de institución de docentes y el resto de los trabajadores (administrativos, técnicos o de mantenimiento) en la defensa de derechos.
Es necesaria la unidad de docentes con el resto de los trabajadores de la educación en una lucha unitaria desde básica, de media y superior. Además de la recuperación de los sindicatos de manos de la burocracia sindical, ya que se necesita que estas organizaciones obreras estén al servicio de los trabajadores, pues la burocracia las ha convertido en su contrario, en un instrumento de represión y contención de las luchas de los asalariados. También exigimos aumento del presupuesto para la investigación, pues México tendría que invertir al menos 2.5% de su Producto Interno Bruto (PIB) para investigación e innovación técnica y científica, sin embargo, la realidad es que invierte sólo el 0.5%, se ha quedado rezagado por mucho. Además, no es posible que a la Guardia Nacional se le asignen 70 mil millones de pesos que van en aumento mientras que a la educación pública se le recorta el presupuesto a causa de la “Austeridad republicana”.
