El pasado 8 de septiembre sesionó nuevamente el Honorable Consejo superior de la UNLu en donde la gestión volvió a atacar los derechos de los estudiantes, esta vez impidiendo su legítima expresión e imponiendo su único discurso y su única voz.
Miércoles 14 de septiembre de 2016 19:17
La juventud del PTS presentó dos pedidos: el primero para que la casa de estudios se expresara en repudio a las amenazas recibidas por la Diputada Miriam Bregman por el PTS en el frente de izquierda mediante una llamada telefónica en la que le decían "zurdita, te vamos a hacer mierda". Y la segunda en consecuencia con lo anterior, siendo que la Diputada es abogada de Jorge julio López, un pedido a este cuerpo de gobierno de que se pronunciará a 10 de años de su segunda desaparición, esta vez en democracia y contra el privilegio de prisión domiciliaria para el genocida Etchecolazt, condenado gracias al testimonio de López.
Después de algunas justificaciones lavadas y una pública y descarada minimización del Consejo con respecto al tema Bregman, sin darle mayor trascendencia se decidió no otorgar tratamiento ni lugar a una discusión real, colocando a la UNLu por fuera de un arco político y de organizaciones de DDHH que involucra a legisladores del FPV y la unanimidad de la legislatura cordobesa.
Otro fue el caso del punto por Lopez, que si bien fue elevado a tratamiento, en el debate la mayoría de los consejeros recortaron, como es su costumbre, las consignas presentadas y sólo se limitaron a ratificar una resolución del 2006 como si los 10 años transcurridos a modo de proceso histórico no hubiese pasado absolutamente nada, minimizando lo grave de que la justicia y los gobiernos de turno tengan un completo desinterés en investigar y aclarar lo sucedido con Jorge julio Lopez.
Lo que le da mayor gravedad a lo sucedido es que no permitieron que los estudiantes que no ocupan una banca puedan defender los expresos pedidos que ellos mismos presentaron ante el consejo. Evidenciando de esta manera la negación sistemática de la expresión de otras voces en clara disidencia, y cada vez más distanciados de una verdadera práctica democrática.
Considerando que la UNLu fue cerrada durante la última dictadura civico-militar con docentes desaparecidos, el actual régimen universitario debería expresarse en contra, sin dudarlo fuertemente ante estos sucesos de público y masivo conocimiento.
Pero es sólo la organización de cientos de estudiantes la que podrá oponerle resistencia a este tipo de censura, como fue así a principio de año cuando la voz de 40 mil estudiantes y docentes que fue imposible de silenciar y disciplinar. Ante estos hechos no queda otra alternativa que la organización de los estudiantes para contraponer la imposición de un discurso único y funcional a los intereses de siempre que operan en contra de los estudiantes y trabajadores en la UNLu.