SE SANCIONÓ LA LEY. Universidad de la Defensa: más poderes a Milani

La iniciativa de la creación de la Universidad de la Defensa Nacional pertenece al Ejecutivo, más precisamente al ministro de defensa Agustín Rossi y según lo votado se establece en su artículo 2do que “la Universidad de la Defensa Nacional se regirá (…) bajo la normativa vigente en materia de educación superior y defensa nacional.”

El breve articulado continúa señalando que: “tendrá a su cargo la formación de militares y civiles, en diferentes áreas disciplinarias y la formación militar a través de carreras de pregrado, grado y posgrado (…) funcionará en el ámbito del Ministerio de Defensa de la Nación y se constituirá sobre la base de los institutos universitarios que actualmente funcionan en la órbita del Ministerio de Defensa de la Nación y de las Fuerzas Armadas.”

No se puede caer en la trampa con la que comienza la ley: este nuevo instrumento no se regirá bajo la Ley de Educación Superior; será el ministerio de Defensa y no el de Educación, quien tendrá a su cargo dicha “universidad”. Adriana Puigross, del Frente para la Victoria, se opuso al proyecto señalando como “incaceptables” entre otras cosas el hecho de que se les otorga autonomía para su formación y que la ley “intenta aminorar las consecuencias de otorgarle autonomía a las Fuerzas Armadas bajo una figura que no existe como la autonomía académica.”

Los aspectos formales tienen su importancia si se miden en relación a las consecuencias políticas que acarrean. Muchos detractores de este proyecto hicieron mención, habida cuenta de que no se regirá bajo la Ley de Educación Superior, que no habrá cogobierno, que las Fuerzas Armadas tampoco pueden regirse bajo condiciones “normales” universitarias ya que implicaría romper la cadena de mandos. Sin embargo, este aspecto sirve para mostrar que la creación de esta llamada Universidad es un verdadero mamarracho en los papeles, pero que tiene una intensión política clara que se enmarca en otorgar más atribuciones a las Fuerzas Armadas.

Por cierto, dentro la de lógica en la que será creada, no cabe otra posibilidad de que el consejo de dirección esté presidido por el Ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y los jefes del Estado Mayor del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea.

Eso no es otra cosa que un militar como César Milani, acusado de delitos cometidos durante la dictadura genocida sea uno de los que dirija esta “universidad”. Milani tiene ahora nuevos y plenos atributos y lejos de toda retórica está la realidad: el proyecto que empezó bajando los cuadros de los genocidas en el Colegio Militar, sigue ahora con la creación de una Universidad para milicos y amigos, porque nadie que se inscriba en ella podrá preciarse de defensor de las libertades democráticas ni mucho menos.

Cuando el proyecto fue presentado para su sanción en el Senado, sectores kircheneristas como Mempo Giardinelli se pronunciaron en contra a través de una columna de opinión en Página/12 señalando que la creación de esta Universidad para la defensa nacional “es absolutamente insostenible” y que “nacerá fallada desde lo esencial: Imagínense a un mayor o coronel votando sin consultar y en desacuerdo con la opinión de un general.” Miembros de Carta Abierta prefirieron eludir su pronunciamiento, evidenciando la tensión existente.

El Frente de Izquierda se manifestó en contra de todos los aspectos de este proyecto, planteando cuestiones de fondo. Así lo expresó Néstor Pitrola, del PO: “No nos cabe ninguna duda de que en los momentos culminantes de la historia argentina se apeló a las fuerzas armadas (…) Hoy se está reposicionando a las fuerzas armadas en el escenario político nacional para una intervención en cuestiones internas (…). Nuestras fuerzas armadas son un trágico testimonio del monopolio de las armas contra el pueblo en la República Argentina. Como no queremos una universidad de la represión, vamos a votar en contra de esta universidad de la Defensa”.

Porque con mucha retórica “nacional y popular”, el kirchnerismo ha tenido una política persistente de recomponer y reconciliar a las Fuerzas Armadas. No sólo siguen en funciones centenares de hombres que fueron parte de la dictadura, sino la desaparición de Julio López, muestra brutal de que la continuidad del aparato represivo es una realidad insoslayable.

El gobierno, mientras busca insertarlas a través de tareas sociales, comunitarias y en la vida política del país, aumenta el presupuesto para inteligencia del Ejército, sigue espiando y haciendo inteligencia en las manifestaciones (no olvidemos el reciente caso del Coronel Galeano, militar que actuaba bajo órdenes del Teniente Coronel Sergio Berni infiltrado en los cortes de los obreros de Lear), promulgó la ley Antiterrorista, envió miles de hombres de las Fuerzas Armadas a la frontera norte y pretende tener disponibles a estos hombres para fin de año ante el rumor y paranoia de los “saqueos”. Los intentos de recomposición y reconciliación son tarea necesaria del gobierno y el estado, para tenerlas alistadas cuando los trabajadores y los oprimidos osen cuestionar a la clase dominante como en los ‘70, y las necesiten para cumplir el rol de represión interna y garantizarle los intereses al capital.

Esta política, basada en la tesis de que las Fuerzas Armadas en la actualidad están regidas por preceptos democráticos y nada arrastran de las que cometieron el genocidio más atroz en la Argentina, oculta que en su origen, en lo que basan su existencia, es en la defensa de los intereses del Estado, que no son más que los intereses de los capitalistas, lo que quedó demostrado a lo largo de la historia del país: en la represión de los obreros de la Semana Trágica, en la Patagonia Rebelde, en el golpe del ’30, en la Fusiladora del ’55 y como máxima expresión de esto en el golpe genocida del ´76.