Universidad: plata para el FMI, ajuste en educación

Guzmán presentó el presupuesto 2022 en medio de la crisis de gobierno y el reconocimiento por parte de CFK de algo que ya todo el mundo sabía y sentía: hay ajuste. El gobierno dijo escuchar “la voz de las urnas”, pero lo que se proyecta es la profundización de los ataques a las condiciones de vida ¿La universidad? cada vez más un privilegio de pocos.

Tal como lo viene planteando el Frente de Izquierda Unidad, para renegociar la deuda el FMI pide condiciones claras: más ajuste en salud, educación y en el bolsillo de los trabajadores. La educación superior viene siendo atacada durante los últimos años de forma permanente. Cada uno de los presupuestos del macrismo, avalados en ese entonces por el actual ministro nacional de educación Jaime Perczyk como presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), fueron un eslabón en esta cadena. Es por eso que se enfrentaron con enormes procesos de luchas de docentes y estudiantes, como en el 2018, con paros, tomas en todo el país y masivas movilizaciones.

Con el gobierno de Alberto Fernández la caída continuó: en 2020, con pandemia, no hubo nuevo presupuesto, ya que mantuvieron el que dejó el macrismo en el 2019, como si las condiciones de vida no se hubieran encarecido notablemente. Los docentes recibieron un mísero aumento del 7% que perdió por goleada contra la inflación. El famoso presupuesto Guzmán 2021, que “les hicieron votar” a diputados y senadores kirchneristas (Vallejos dixit), recortó en un 13% los fondos. Al cerrar esta nota, se pagaron en un sólo día al FMI U$S 1.900 millones por un vencimiento de la deuda macrista. Este pago equivale al 72% del presupuesto universitario de este año. Si tomamos todo lo que le pagó el gobierno de Fernández al FMI desde diciembre de 2019 U$S 4.216 millones), equivalen a 1,6 veces el presupuesto universitario de este año. Si, hay ajuste.

Para colmo, Guzmán presentó un nuevo presupuesto dibujado para el 2022. Se espera para este año un monto de $264.896 millones de presupuesto universitario, y para 2022 a las universidades nacionales irán $335.770 (artículo 12 del proyecto de ley). Esto significa un aumento de apenas 27%, por lo tanto aún proyectando una inflación ficticia del 33%, la pérdida en términos reales es de 4,7%, que se suma a la del año en curso. En el medio, deja confusamente un monto de 75 mil millones de pesos que quedan como un fondo en disputa con los rectores radicales aliados al PRO. Una verdadera caja negra cuyo destino se decide a espaldas de miles de docentes, no docentes y estudiantes.

Este ajuste en educación no es solo presupuestario. Fueron atacados derechos históricos como los comedores, albergues y becas. Fueron rechazados masivamente los estudiantes que pidieron la beca progresar, y para los que lograron acceder, los montos son una miseria. Hace unos meses, rectores y diputados peronistas y radicales comenzaron a planificar un intento de Nueva Ley de Educación Superior, que busca profundizar la orientación de la universidad hacia el mercado.

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De conjunto, la política del Gobierno hacia la universidad es intentar convertirla en una en la que ingresan muchos pero egresan unos pocos (que, en medio de esta crisis, pueden sostener los estudios). Así es que llegamos a los altos niveles de deserción durante el año pasado, alcanzando el 60% en las universidades del conurbano. Somos la mayoría de los jóvenes en Argentina los que vivimos en carne propia todas las caras del ajuste: la precarización laboral, la desocupación, tener que elegir entre trabajar y bancar a tu familia o estudiar.

Pero vamos a pelear por una universidad a la que puedan ingresar los hijos de los trabajadores. Para que no quede ni un solo estudiante afuera. Y para eso hacen falta demandas muy concretas: un presupuesto que recupere lo perdido, que solo puede financiarse dejando de pagar la deuda. Que permita tener becas integrales para todo aquel que lo necesite, para garantizar acceso a dispositivos y conectividad, para comedores, albergues, por salarios y condiciones para docentes y no docentes, y por la plena implementación del boleto educativo gratuito. Defender la educación pública es defender una educación en la que estemos todos adentro.

Además, desde el Frente de Izquierda venimos planteando la reducción de la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana, con salario igual a la canasta familiar. Para poder distribuir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, trabajar todos con derechos y con salario digno, y así enfrentar la miseria a la que nos quieren arrastrar los ricos y sus gobiernos.

Sabemos que todo esto nadie nos lo va a regalar. Tenemos que conquistarlo en las calles, organizándonos democráticamente. Pero son las propias conducciones de los Centros de Estudiantes y Federaciones, alineadas con el gobierno o con la oposición de derecha, y con las autoridades peronistas y radicales, las que se cansan de traicionar cada proceso de lucha y autoorganización de los estudiantes.

Ahora mismo en las Universidades de todo el país ya se definió, a espaldas de los estudiantes y trabajadores de la educación, que vuelva la presencialidad. Queremos discutir cómo volvemos en condiciones y con derechos. Para esto, somos los estudiantes junto a la comunidad educativa quienes tenemos que discutir, en asambleas, estas condiciones.

Tenemos que unir la fuerza de todos aquellos que se quieran organizar, la de los estudiantes y los trabajadores, y luchar junto a las agrupaciones de izquierda. Frente al ajuste en curso, impulsemos asambleas en todos los lugares de estudio para dar la pelea en las calles. No tenemos tiempo que perder.