CRISIS UNIVERSIDADES. Universidad y desigualdades ¿Y el ministro dónde está?

Durante estos últimos días, las quejas de estudiantes hacia las universidades han sido una constante por redes sociales, especialmente en Twitter, llegando a conseguir varios trending topic. Por lo general, el malestar se manifiesta contra las universidades y sus propias instituciones, incluso llegando en algunos a casos a culpar directamente al profesorado.

Ante tanto jaleo, hay quienes se olvidan de que existe un ministerio de universidades, cuyo responsable es Manuel Castells. Y es que desde que estalló la crisis del coronavirus, el ministro de Unidas Podemos parece que ni está ni se le espera. Cada nuevo anuncio al respecto de la situación en las universidades genera más dudas de las que resuelve. En la mayoría de los casos, la incertidumbre alimentada por las respuestas inconcretas del ministerio y los órganos universitarios hacen que todo el trabajo acabe recayendo sobre los y las docentes que acaban desbordadas.

Sin embargo, los efectos de las crisis del covid-19 sobre la educación han servido para poner de relieve problemas ya existentes desde hace tiempo y que durante los últimos años se han profundizado. Sin tener en cuenta la brecha digital, se impuso la docencia online desde el primer momento. Si los y las estudiantes teníamos acceso a internet o disponíamos de un ordenador durante el tiempo necesario es un problema que no se tuvo en cuenta.

En este mismo sentido, cuando hablamos de recursos necesarios muchos se olvidan de que no es solo disponer de un portátil, sino también de un lugar en el que poder estudiar adecuadamente. Pisos pequeños con pocas habitaciones compartidas con familiares o compañeros de piso son la realidad de gran parte del estudiantado que no se está teniendo en cuenta. En estas circunstancias el estudio se dificulta todavía más.

Además, a los problemas anteriormente mencionados hay que sumar el hecho de que la docencia online no puede sustituir a la presencial. La falta de recursos por parte del alumnado es uno de los factores que lo hacen inviable, pero también existen inconvenientes por parte del profesorado. La sobrecarga de trabajo sumada a la falta de recursos y formación necesaria para la enseñanza a distancia es una dificultad más.

Por último, debemos tener en cuenta los efectos psicológicos del confinamiento, de los ERTEs y los despidos familiares o el fallecimiento de seres queridos. Aunque las universidades nos digan que todo esto se tendrá en cuenta y se preocupan por nuestra situación, resulta hipócrita hacerlo mientras nos obligan a seguir siendo evaluados constantemente, sobrecargándonos de trabajo y realizando exámenes que requieren contestar como máquinas.

Ahora bien, la situación socioeconómica de los y las estudiantes no es algo específicamente nuevo de la crisis del covid-19. Los problemas que aquí se mencionan ya existían previamente. Quienes tenían acceso a un ordenador las 24 horas del día en su casa partían en mejor posición que quienes debían utilizar uno de la universidad, así como quienes contaban con el espacio necesario para estudiar en casa tenían mayores facilidades para aprobar que quienes debían pasarse horas en la biblioteca hasta que cerrara. Porque no quepa duda de que hablamos de aprobar, ya no de aprender. Un sistema educativo en el que hay que memorizar como máquinas, argumentar a favor de la posición demandada y hacerlo en el tiempo marcado, pensar es lo de menos. Así, no sorprende que hayan creído posible sustituir las clases presenciales por la docencia online.

Como digo, todos estos problemas no son nuevos, sino que son una profundización de los ya existentes en la universidad pre-coronavirus. Durante los últimos años, la universidad ha sufrido un proceso de elitización que ha expulsado a más de cien mil estudiantes por no poder pagar la matrícula o por la incompatibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo. La subida de las tasas universitarias ha contribuido a ello y lo sigue haciendo, pues ni siquiera en un momento de crisis en el que aumentan los despidos y se reducen los salarios a causa de los ERTEs, ni siquiera en un momento así plantean una medida de urgencia tan elemental como la devolución de las matrículas que pagamos este año por clases presenciales que no estamos recibiendo.

Recordamos ahora la entrada del Plan Bolonia, un claro golpe contra las aspiraciones de la clase trabajadora de poder acceder a la educación superior. Pues bien ¿sabéis quien fue defensor de dicha reforma? El actual ministro de universidades Manuel Castells. Negaba que dicho plan fuera a suponer la privatización y mercantilización de la universidad y defendía la financiación privada de las mismas, incluso la subida del precio de las matrículas.

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Los resultados de esta política son más que conocidos. A la elitización de la universidad hay que sumarle la creación de los Consejos Sociales donde participan las grandes empresas, teniendo poder directo para decidir sobre los presupuestos y las líneas de investigación. Esto ha llevado a que hoy parte de las investigaciones realizadas en las universidades estén bajo llave, ya que son las empresas quienes tienen las patentes, cuando más que nunca se necesita poner todo el conocimiento al servicio de luchar contra la pandemia. Los beneficios se privatizan y las pérdidas se socializan.

Dadas las consecuencias del modelo universidad-empresa, habría quienes podrían pensar que el actual ministro de UP habría corregido su posición. Su último artículo en La Vanguardia hace casi una semana parece no indicar lo mismo.

“Humanos depredadores, preveníos de vosotros mismos. Ni nuestro extraordinario avance científico y tecnológico nos puede proteger de nuestra inmensa estupidez.”- decía Castells. La culpa colectiva que desprende es un clásico mecanismo para evitar señalar las diferencias de clase y responsabilizar directamente de la catástrofe a quienes son sus verdaderos responsables: los capitalistas. Aquellos que obligan, con el amparo de los gobiernos, a millones de personas jugarse la vida yendo a trabajar para mantener sus ganancias.

Pese a que un su artículo critica los recortes y defiende que después esta crisis deberemos reforzar lo público, tampoco queda muy claro cómo se gestionaría esto. De hecho, sostiene que este proceso no sería una estatización, sino “una revitalización del sector público acompañada de una reforma que lo desburocratice y despolitice.”

Esta suma de no-estatización, desburocratización y despolitización del sector público hacen pensar más en la introducción de los mecanismos de gestión empresarial propios del New Public Management en la década de los 80s que no en el control estatal sobre sectores esenciales de la economía.

A estas alturas, no sé si asusta más la inacción del ministro o el modelo universitario que propone. Si dicen que hay que aprender de las crisis, aprendamos de esta y de lo que nos ha traído hasta aquí. Este sistema universitario que abre las puertas a las grandes fortunas y pone la investigación a su disposición, el mismo modelo que ahora deja atrás a la juventud de clase trabajadora y los sectores populares. Frente a eso, debemos pelear por una universidad totalmente gratuita, sufragada mediante impuestos a las grandes fortunas y gestionada democráticamente por estudiantes, docentes y trabajadores. Para hacer que la universidad esté al servicio de las necesidades de la sociedad y no del mercado.