Ponencia de participación en el Foro-Encuentro “Reforma Laboral, Precarización y Derechos de las y los Trabajadores”.
Arturo Rendón Académico de la agrupación Nuestra Clase
Miércoles 27 de julio de 2022
El avance de los planes patronales ha precarizado la vida de millones de trabajadores, incluidos los que venden su fuerza de trabajo intelectual, los profesores universitarios e investigadores. Hoy día en México, como en otras partes del mundo, los profesores de las instituciones de educación media y superior viven una serie de condiciones que degradan su calidad de vida, pero esto, a la vez, degrada la calidad educativa, pues los planes neoliberales han avanzado tanto en lo laboral como en el terrero académico. Para terminar con esa situación se requiere la más amplia unidad de los trabajadores de todos los sectores y tomar medidas que favorezcan el mejoramiento de nuestras condiciones laborales y de vida.
Hay que plantearnos seriamente la necesidad de que el conocimiento esté al servicio de las necesidades sociales, del cuidado de la naturaleza y del cuidado del patrimonio cultural, no al servicio de garantizar las ganancias de unos pocos, que se enriquecen a costa de la mayoría y utilizan el conocimiento científico con fines de lucro. Convirtiendo los instrumentos técnicos y científicos en herramientas para la explotación, opresión y la expoliación, donde esas minorías económicas, políticas y académicas se llevan todo.
La Reforma Educativa y la Ley General de Educación Superior (LGES)
Es en ese sentido que vino la aprobación de la Ley General de Educación Superior (LGES) del 2021, que no es más que una profundización de los planes que ya se venían aplicando, es decir, es la extensión de la Reforma Educativa de Peña Nieto y la derecha, por parte de la 4T, al sector universitario y de investigación, que por ejemplo refuerza aún más los mecanismos que imponen las universidades y organismos privados para el ingreso al nivel medio superior y superior. Es una simulación que busca disfrazarse de progresista cuando en realidad es completa y total continuidad de los planes neoliberales para este sector.
La LGES fue aprobada el nueve de marzo de 2021 por la Cámara de Diputados. Entre otras cosas, dice que: 1) Se establece la gratuidad de la educación del nivel universitario de manera gradual y siempre y cuando haya presupuesto; 2) Se vincula a las instituciones de educación superior con la necesidad de los sectores social, productivo y económico; 3) Se promueve programas de apoyo para la titulación de los estudiantes.
Junto con ello, se adicionó un apartado para, supuestamente, respetar los derechos laborales de los trabajadores universitarios, además de establecerse como obligación para las instituciones privadas que se otorguen becas para, al menos, el 5% de los estudiantes matriculados.
Pero nosotros sabemos que no es una legislación progresiva, ya que una de las primeras cosas que salta a la vista es el punto 1) de la reforma que dice: “Se establece la gratuidad de la educación de nivel universitario (de manera gradual y siempre y cuando haya presupuesto)”. Por un lado, se “establece la gratuidad” y renglón seguido, se sujeta esa definición elemental a que será “siempre y cuando haya presupuesto”. Aquí se presentan dos contradicciones, una legal y una que se da en los hechos. La legal, tiene que ver con que, la educación, ya es un derecho en todos sus niveles, incluyendo el superior, por estar establecido en el primer párrafo del artículo tercero constitucional y, si es un derecho constitucional, debe cumplirse en todo su vigor, garantizando como primordial el presupuesto para que sea cumplido.
Esto, nos lleva a la contradicción que se presenta en los hechos, pues el otorgamiento de recursos es algo que la dirección actual del Estado mexicano, es decir, el gobierno de Morena, se ha negado a garantizar de forma sistemática y, por el contrario, ha reducido drásticamente. Con lo que, el Morena, está buscando formas de blindarse legalmente contra las demandas y exigencias que se le puedan hacer en materia de aumento de recursos, lo que ya estamos presenciando en este y otros sectores estatales, a lo largo y ancho del país.
También salta a la vista que se diga que “Se vincula a las instituciones de educación superior con la necesidad de los sectores social, productivo y económico” ya que ¿Qué diferencia hay entre el sector “productivo y económico”? Lo que significa este pleonasmo es el reforzamiento de la orientación de mercado que de por sí ya existía en las universidades. Por otro lado, cuando menciona que “se reafirma el respeto a la autonomía de las instituciones universitarias” sin cuestionarse para nada su funcionamiento, no se hace más que profundizar el dominio de los antidemocráticos regímenes universitarios, además con eso mantienen la figura de profesor de asignatura, porque son estos regímenes universitarios quienes, alegando su autonomía, aprueban legislaciones como el Estatuto de Personal Académico (EPA), donde establecen esas condiciones.
La farsa de las UBBJ y del IRC
Otra de las salidas engañosas del gobierno de AMLO es la creación de las que inicialmente fueron las “100 nuevas universidades”, del programa Benito Juárez, que arrancaron en el mes de marzo del 2019. Se supone que para 2022 existen 140 planteles según las cifras oficiales, lo cual es una mentira porque en realidad son 140 carreras ofertadas (y no nuevas escuelas), varias de ellas podrían darse en una misma sede, lo que hace Raquel Sosa, encargada del programa al respecto es valerse de la ambigüedad para esconder su opacidad.
A la par de aquello, estos centros educativos no ofrecen derechos laborales para sus profesores, por el contrario, se están implementando esquemas neoliberales que llevan a sus supuestos académicos de tiempo completo a ser una especie de profesores de asignatura, con excesiva carga de trabajo, jornadas extendidas, salarios magros y sin estabilidad laboral. Dicha política se replicó a nivel local en la Ciudad de México, por Claudia Sheinbaum, quien fundó el Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos (IRC).
La situación de la mayoría de los profesores de asignatura
La figura del profesor de asignatura fue creada fundamentalmente para precarizar el trabajo intelectual, es una manera tramposa de parte de las autoridades de las universidades para no hacerse responsables de sus obligaciones laborales respecto a los profesores que trabajan para estas instituciones. Negando el acceso al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y la sindicalización, es decir, colocando al profesor en un total estado de indefensión frente a cualquier acontecimiento, desde accidentes hasta enfermedades. La realidad que viven los profesores universitarios es de inestabilidad laboral, bajos salarios, carencia de prestaciones, indefensión frente a las autoridades de sus respectivos centros de trabajo y un largo etcétera, siendo que representan el 70 u 80% de la planta docente (de universidades tanto públicas como privadas) y por lo tanto son quienes menos ganan, pero realizan la mayor parte del trabajo. Así, esas condiciones han dado lugar a importantes luchas de docentes de asignatura, como la Asamblea de Profesores de la UACM en Lucha, el movimiento #UNAMNoPaga, la Asamblea de la ENAH o la lucha en las UBBJ.
