Las universidades españolas mantienen múltiples convenios y acuerdos con el Ejército y la industria militar que las convierten en un eslabón más de la escalada belicista de la que participa el imperialismo español.
Alejandro Bravo Madrid
Viernes 25 de marzo de 2022
La reaccionaria invasión de Ucrania por Putin ha traído de nuevo consigo la sombra de la guerra a Europa, no solo en la forma de conflicto militar directo dentro de las fronteras del viejo continente, sino también por medio de una escalada belicista por parte de los Estados imperialistas europeos que se traduce en políticas de rearme armamentístico y proliferación de los discursos militaristas camuflados hipócritamente por grandes objetivos como la defensa de la libertad, los valores democráticos y la paz.
Así, la semana pasada el presidente Pedro Sánchez anunció que pretende aumentar el presupuesto asignado al Ministerio de Defensa hasta cumplir con el 2% del PIB solicitado por la OTAN continuando con la senda de los últimos presupuestos del gobierno PSOE-UP en los que el gasto militar pasó del 0,91% al 1,17% del PIB en plena pandemia. Inversión que tiene por objetivo reforzar el imperialismo del Estado español y las cadenas que impone sobre otros pueblos reforzando directamente su poderío armamentístico.
Este rearme viene acompañado de todo tipo de discursos e iniciativas de propaganda que pretenden crear un clima ideológico favorable al militarismo que identifique a la población con los intereses imperialistas españoles. Un adoctrinamiento que se remonta mucho antes de la guerra en Ucrania, como podemos ver en el artículo 31 la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional que promueve “que la sociedad española conozca, valore y se identifique con su historia y con el esfuerzo solidario y efectivo mediante el que las Fuerzas Armadas salvaguardan los intereses nacionales”. O la Directiva de Defensa del 2020 firmada por el gobierno PSOE-UP que establece que “el gobierno prestará un apoyo decidido al Ministerio de Defensa para la promoción de la cultura y conciencia de defensa, en el marco de la cultura de seguridad nacional, ofreciendo una información veraz y atractiva, y favoreciendo el conocimiento del conjunto de los españoles sobre la actividad cotidiana de las fuerzas armadas y su repercusión en la protección del avance social y del bienestar ciudadano”.
En la promoción de estos valores imperialistas camuflados en la falsamente denominada “cultura de defensa” la casta universitaria se muestra como un aliado clave tejiendo mil y una redes con el Ejército y las campañas del Ministerio de Defensa. En el informe “Preparados para la guerra. Cómo el militarismo permea en nuestras sociedades” del Centre Delàs, Juan Carlos Rois muestra que de los 372 convenios vigentes entre Defensa y otros organismos, 101 corresponden a universidades. Número que como señala el autor debe tomarse como un mínimo debido a la opacidad que rodea siempre a lo referido a estos asuntos.
La práctica totalidad de todas las universidades españolas, tanto públicas como privadas, tienen suscritos este tipo de convenios que Rois clasifica en cuatro categorías:
a) Unos primeros, para la realización de jornadas y actos de promoción del ideario de la defensa en la universidad.
b) Otros destinados a homologar formación militar a estudios universitarios y así conseguir reconocimiento a las titulaciones o estudios militares.
c) Los terceros, destinados a la realización de prácticas de universitarios civiles en centros de la defensa.
d) Y una cuarta categoría aparentemente de colaboración científica e investigación, que suelen encubrir ensayos hagiográficos y loas bastante discutibles desde el punto de vista científico de las hazañas guerreras, como es el caso actual del pretendido encumbramiento de los militares que participaron del desastre de Anual (pero sin la mínima crítica a lo que supuso ese conflicto militar y las graves responsabilidades del ejército español y los accionistas de las empresas mineras a los que sirvió) o Blas de Lezo hace un poco más, los tercios y otros acontecimientos de dudoso gusto.”
La complutense es una de las universidades públicas que más acuerdos ha firmado con el Ministerio de Defensa, contando con cátedras de historia militar, prácticas externas en el Ejército y la Armada, masters en “Logística y Gestión Económica de la Defensa” o “Estudios de Seguridad y Políticas de Defensa”. La Universidad Carlos III de Madrid también tiene suscritos convenios de prácticas en centros militares. La Universidad de Zaragoza cuenta con otro acuerdo para adscribir a dicha universidad el Centro Universitario de La Defensa ubicado en la Academia General Militar de Zaragoza, y un largo etcétera.
Pero estos convenios militares no son la única relación entre la universidad, el Ejército y la industria de la guerra al servicio del imperialismo español pues, como vimos en un artículo anterior las universidades mantienen todo tipo de vínculos con empresas que también suscriben acuerdos con Defensa –como el oligopolio eléctrico- y grandes instituciones financieras como el Santander, el BBVA o Acciona que invierten miles de millones en el negocio de las armas. Estas empresas influyen directamente en los presupuestos y en las líneas de docencia e investigación mediante su presencia en los mal denominados Consejos Sociales, verdaderos organismos rectores de la universidad.
En el año 2003 las universidades Autónoma de Madrid y Barcelona, la Universidad de Barcelona, la Politécnica de Cataluña, Santiago de Compostela, Granada, Valladolid, Oviedo, Gerona y Lérida incluyeron en sus estatutos, por iniciativa de la Fundació per la Pau, una cláusula de renuncia a la investigación militar aprovechando la necesidad de reformarlos como consecuencia de la aprobación de la Ley Orgánica de Universidades durante el gobierno de Aznar. Esto en ningún modo supuso una ruptura real de estas universidades con el militarismo, pues como hemos visto existen otras formas de colaboración y bancos como el Santander y el BBVA se encuentran muy presentes en la vida política de estas universidades y en sus Consejos Sociales, como es el caso de la UAM.
Sin embargo, más allá de lo limitado de la medida, llama la atención que tan solo 11 de las 38 universidades públicas españolas la adoptaran en un contexto de movilizaciones masivas a la invasión imperialista de Iraq motivada por el interés de EEUU de acceder a las reservas petrolíferas de la región y apoyada sin reservas por el gobierno del PP a pesar de contar con la oposición de la inmensa mayoría de la población. En este ambiente de escalada bélica, auge de los discursos militaristas y tras años de iniciativas en el adoctrinamiento en la “cultura de la defensa”, si el gobierno logra aprobar su Ley Orgánica del Sistema Universitario que supondría nuevos cambios en los estatutos universitarios, ¿se preparan las universidades para eliminar definitivamente estas cláusulas de objeción de conciencia?
Esta podría ser otra de las consecuencias reaccionarias de la implementación de la reforma universitaria promovida por el ex ministro de Podemos Manuel Castells. Reforma que hemos denunciado desde su publicación debido a su carácter neoliberal, que aumenta el poder de los Consejos Sociales y la presencia empresarial en los mismos, en los cuales las empresas que invierten en el negocio de la muerte tienen una posición privilegiada. Parte de esta reforma ya se está aplicando tras la aprobación de la Ley de Convivencia Universitaria que ya está siendo utilizada para reprimir al estudiantado, como es el caso de los estudiantes de la UAM perseguidos por el rectorado por participar en una protesta contra la presencia de VOX en la universidad.
Salta a la vista la hipocresía que se esconde detrás del discurso “en solidaridad con Ucrania” y por la paz que plantean estos días las Universidades públicas españolas, organizando minutos de silencio o enviando enlaces a los estudiantes para que hagan donaciones, mientras ni se les pasa por la cabeza romper estos convenios con el ejército y mantienen profundas relaciones con empresas que financian armamento. Eso cuando su “solidaridad con Ucrania” no se convierte en un ataque indiscriminado a todo lo ruso, sin diferenciar entre Putin y la oligarquía y las universidades rusas con las que cierran los convenios o los estudiantes de intercambio a los que expulsan, como en la Universidad de Valencia.
Queda clara la relación entre el ejército, las grandes empresas privadas y el gobierno -cuyos intereses representa- con la casta universitaria que pretende hacer de las universidades vehículos de difusión ideológica de los valores militaristas y las ambiciones imperialistas españolas exaltadas al calor de la guerra en Ucrania. No podemos permitir que la universidad sea una parte más del engranaje que permite la muerte de miles de personas migrantes en el Mediterráneo, que acaba de entregar definitivamente al pueblo Saharaui a la monarquía marroquí a cambio de gas y fronteras blindadas y que prepara nuevas confrontaciones por intereses que nos son ajenos a los trabajadores y las clases populares.
Ante la escalada guerrerista y el rearme militar se hace imprescindible levantar un gran movimiento estudiantil que luche contra este oscuro matrimonio planteando la ruptura de las universidades de todos los convenios con el Ministerio de Defensa, el fin de la investigación militar, la eliminación de los Consejos Sociales y toda relación con empresas relacionadas con el negocio armamentístico para hacer de las universidades trincheras en la necesaria lucha contra el imperialismo español y evitar nuevos escenarios bélicos como los que nos dejó el siglo XX.
