Impulsado por las bancas del Frente de Izquierda, se presentó en el Congreso un proyecto que propone el aumento de al menos el 300 %del presupuesto anual vigente. La propuesta contempla los índices de la inflación desde que se congeló el Presupuesto 2023 para este año, y plantea que las partidas deberán ser actualizadas en función de la misma, de manera que ninguno de los gastos fundamentales para la educación superior se vean afectados.
Sol Bajar @Sol_Bajar
Martes 16 de abril de 2024 12:24
Ante la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales, y de cara a la gran movilización nacional universitaria que se prepara para el próximo 23 de abril, el diputado nacional del PTS en el Frente de Izquierda, Christian Castillo, contó que se presentó en el Congreso un proyecto de ley que propone declarar la “Emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para el ejercicio 2024". El proyecto apunta a quebrar el ahogo presupuestario del gobierno y a garantizar el financiamiento necesario para el funcionamiento de las universidades públicas de todo el país.
La iniciativa del Frente de Izquierda, que reproducimos completa más abajo, establece algo elemental: un aumento de al menos el 300 % del presupuesto anual vigente, con partidas para cubrir la totalidad de los gastos salariales, los gastos generales y los gastos de funcionamiento de las universidades públicas. “Una medida básica para garantizar que la educación superior estatal, pública, laica y gratuita salga del ahogo al que quiere someterla el gobierno de Milei”, apunta Castillo.
“Mientras acompañamos activamente la organización de la comunidad educativa, nos comprometemos a pelear porque se trate en el Congreso Nacional esta propuesta”, remarca el diputado del PTS/FITU, y recuerda que “en nuestro caso ligamos la lucha por la defensa de las universidades públicas a la pelea por derrotar el conjunto el plan de ajuste del gobierno nacional, que incluye la nueva versión de la Ley Ómnibus, que apoya entre otros una mayoría de los parlamentarios radicales, y declarar la nulidad del nefasto DNU 70/23, que ha permitido los brutales aumentos en alimentos, medicamentos, combustibles, alquileres y pre pagas, que también afectan directamente el acceso al derecho a enseñar y aprender”, afirma.
Un ajuste en toda la línea
Hoy, mientras la docencia sufre condiciones laborales cada vez más precarias y que golpean sobre un salario ya devaluado por la inflación, las clases públicas y las asambleas se multiplican en distintos lugares de estudio del país, con una creciente participación de toda la comunidad educativa. Como cuentan desde la Juventud del PTS en el Frente de Izquierda, ahí se debate entre otras cuestiones de urgencia la cantidad de meses que pueden seguir funcionando universidades como la UNCo, la UBA, la UNC, la UNR, la UNLP y las universidades del Conurbano, que ya vienen anunciando que no podrán sostener su funcionamiento en estos términos.
No es para menos. Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el presupuesto de este año, que surge del congelamiento del presupuesto de 2023 (ya que el presupuesto para el 2024 no fue aprobado en el Congreso), es el más bajo del que se tenga registro. Para el caso de las universidades, con una inflación que ya ronda el 300 %, esto implica una pérdida presupuestaria del 75 por ciento.
Como denuncian estudiantes, docentes y rectores de diversas universidades nacionales, el aumento que anunció el Ministerio de Capital Humano de la Nación, a cargo de Sandra Petovello, de un 70 por ciento para los “gastos de funcionamiento”, es totalmente insuficiente en este marco. Sólo para este ítem, que abarcan actividades académicas, de investigación, salud y extensión, así como pago de gastos de luz, gas, limpieza, entre otras, el aumento representa no más de un 2,2% de los gastos totales de las universidades, mientras que el componente salarial es el de mayor impacto.
Prioridades
Mientras apunta a la reducción del gasto público que reclama el Fondo Monetario Internacional, y sigue pagando la fraudulenta deuda que dejaron todos los gobiernos anteriores (desde la dictadura cívico, clerical y militar hasta la UCR, Macri o el ex Frente de Todos, hoy Unión por la Patria), el gobierno de Javier Milei pone en peligro la continuidad en los estudios de más de 2 millones de estudiantes así como el desarrollo y la investigación en Ciencia y Técnica. Además, rebaja el poder de compra de los salarios de docentes y no docentes en casi un 60 por ciento, dejándolos por detrás de la línea de pobreza, y mantiene el ataque al funcionamiento de las universidades nacionales.
En lo inmediato, como ya anuncian las autoridades de diversas casas de estudio del país, el recorte podría traducirse en una reducción de la oferta académica, de las becas estudiantiles y de los servicios que se brindan en más de 71 institutos de investigación y hospitales del país, que atienden a más de medio millón de pacientes al año y donde además se forman los futuros profesionales de la salud. Rectores y referentes gremiales dicen incluso que no van a poder seguir dando clases en estas condiciones más allá del mes de mayo, como también advierte la iniciativa del diputado y ex director de la carrera de Sociología de la UBA, Christian Castillo.
"Sobre la situación ya crítica que se arrastraba en las universidades nacionales, ahora se profundiza un ahogo presupuestario que busca forzar el cierre y el arancelamiento de los estudios superiores. Una política que va de la mano del ataque ideológico que se propone el gobierno, que busca imponer sobre la docencia universitaria y la formación estudiantil su perspectiva libertaria", dice el referente del FIT.
Como se ocupó de desenmascarar en su momento Myriam Bregman, el propio Javier Milei promovía en campaña ese arancelamiento. Incluso en la fracasada Ley Ómnibus, introdujo la posibilidad de que estudiantes extranjeros tuvieran que pagar por estudiar en las universidades públicas del país.
Por otra parte, Milei miente cuando dice que la única opción es ajustar la educación, la salud, la vivienda, los puestos de trabajo. La discusión no es esa, sino cuáles son las prioridades y qué intereses tocar. El desconocimiento soberano de la deuda fraudulenta e ilegal y el reclamo de Fuera el FMI y sus planes de ajuste del país, se actualizan en la pelea por el presupuesto educativo.
“De cara a la marcha nacional universitaria del 23 de abril -dice Christian ‘Chipi’ Castillo- ponemos a disposición de ese movimiento que comienza a organizarse este proyecto de ley, impulsado por las bancas del Frente de Izquierda, junto a las y los estudiantes de nuestra corriente, junto a quienes nos proponemos llevarlo a cada rincón del país”, dice Castillo, y destaca que “el compromiso de nuestras bancas es acompañar con todas nuestras fuerzas a quienes se proponen cambiar esta perspectiva, con nuestras denuncias e iniciativas en el Congreso y sobre todo en las calles, que es donde siempre defendimos el derecho a la educación, y donde siempre conquistamos cada una de nuestras reivindicaciones”.
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Proyecto completo
El proyecto de la izquierda establece un aumento de “al menos el 300 % del presupuesto anual vigente”, con partidas para gastos salariales, generales y de funcionamiento de todas las universidades públicas. Además, plantea que ese monto debe ser actualizado de acuerdo a la inflación, de manera que ninguno de estos gastos fundamentales para la educación superior, pública y gratuita se vea afectado. Acá podés leerlo completo:
1415-D-2024 by La Izquierda Diario
