Reynaldo Cortés, uno de los seis dirigentes recientemente condenados a 16 años de cárcel, manifestó en una carta pública su delicada situación de salud tras un año preso, y exige al Estado garantice su atención, tratamiento y operaciones requeridas.
La Izquierda Diario Venezuela @LaIzqDiario_VE
Miércoles 9 de agosto de 2023
La carta fue publicada hoy en la página web del partido Bandera Roja, del cual Cortés es su secretario general en Guárico, en ella expone con detalle su situación, además de rechazar nuevamente la condena que les ha sido impuesta hace poco.
“Después de un año en prisión, el deterioro físico empieza a manifestarse de forma natural. Es así como hoy día se evidencia un avance en mis discapacidades visuales y alteraciones en la retina ante el daño que tienen mis anteojos. A esto se le suman dolencias circulatorias; afectaciones respiratorias que han producido una tos perenne que impacta sobre una hernia inguinal que debe ser operada; afecciones en la piel y odontológicas; y, finalmente, he venido presentando espasmos neuromusculares”.
Luego de indicar estas diversas afecciones, exige garanticen las respectivas atenciones a que tiene derecho: “exijo públicamente al Estado que me tiene encarcelado injustamente, permita el traslado a los centros, consultas, operaciones, medicamentos, insumos e instrumentos médicos especializados y general para atender mis padecimientos y así garantizar mi integridad física”.
Como ha sido denunciado en estos días, la sentencia a 16 años contra Reynaldo Cortés y otros cinco militantes políticos, luchadores y dirigentes sindicales (Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Alonso Meléndez y Néstor Astudillo), estuvo precedida de un juicio totalmente irregular y amañado: la acusación se basó en una denuncia de un “patriota cooperante” (informante) que, a su vez, era el único testigo a presentar por la parte acusadora, el cual, sin embargo, nunca apareció en todo el año que duró el juicio, es decir, la Fiscalía no pudo presentar un solo testigo; la sentencia se basó entonces, según denunciaron sus defensores y familiares, en un informe de inteligencia anónimo y unos “capture” de conversaciones de Whatsapp.
En ese sentido, señala también Cortés en su carta algunas responsabilidades:
“De los daños originados, profundizados y permanentes sobre mi salud producto del encarcelamiento, responsabilizo al exjuez José Mascimino Márquez, a los fiscales Elin León y Yaneth Espinoza, autores intelectuales de mi detención arbitraria. Así mismo, responsabilizo a la jueza Grendy Duque y al fiscal Alirio Mendoza, autores de un juicio y condena que nunca se debió realizar. Finalmente, responsabilizo al fiscal Tarek Wiliam Saab y todo el régimen de Maduro de mi integridad física y mental, así como de la seguridad de mi familia”.
En el caso específico del Fiscal General, ha sido sumamente grave y brutal la manera en la que ha usado su investidura y los medios del Estado para mentir flagrantemente sobre aspectos de los condenados: declaró el Fiscal que ninguno de los condenados eran dirigentes sindicales ni estaban inscritos siquiera en el seguro social, cuando la realidad comprobada es que todos están inscritos en el seguro social y varios son afiliados y dirigentes de sindicatos y centrales sindicales, reconocidos como tales por el propio gobierno al que responde el Fiscal.
Familiares y defensa de Gabriel Blanco muestran estas credenciales sindicales. El Ministerio Público afirmó ayer que no era trabajador ni dirigente sindical. Son documentos de la central de la que forma parte y del organismo estatal a cargo de regular los sindicatos. pic.twitter.com/zN8o5QfvXf
— Ángel Arias (@angelariaslts) August 4, 2023
En el caso específico de Emilio Negrín, es presidente de la Federación de Trabajadores Tribunalicios e, incluso, formó parte de las delegaciones sindicales que, meses antes de su encarcelamiento, se reunieron en el llamado “diálogo social” entre el Gobierno, empresarios y sindicalistas, con el auspicio y presencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Es decir, estuvo sentado junto al Gobierno, reconocido como representante de una central sindical, pero aún así, el Fiscal General afirma descaradamente, contra toda evidencia, que no es dirigente sindical.
En la carta donde plantea su situación de salud, Reynaldo Cortés señala también que, ante la ausencia de instituciones del Estado puedan garantizar sus derechos humanos, “no me queda otro camino que seguir exhortando a la comunidad internacional (...) a diligenciar en lo correspondiente para garantizar nuestras vidas”. Hace un llamado: “a los trabajadores venezolanos, a la clase obrera, a los campesinos, a mantener la lucha por salarios dignos, a enfrentar el exterminio de los jubilados y pensionados y combatir la neo-esclavitud laboral dirigida por el régimen de Maduro”.
