El Gobierno, los dirigentes de CCOO y UGT y de la CEOE-Cepyme, la principal institución de los empresarios, escenificaron este lunes un acuerdo de compromiso para la prórroga de los ERTEs hasta, al menos, el 30 de junio.
Jaime Castán @JaimeCastanCRT
Martes 12 de mayo de 2020
Ante las situaciones de crisis surge una suerte de “sentido común” que apela a la unidad y al compromiso: “estamos en un mismo barco y tenemos que remar juntos”. El Gobierno de Sánchez e Iglesias incluso ha sostenido esta lógica de “unidad nacional” para enfrentar a la oposición de la extrema derecha del PP y Vox, cuestionando su “deslealtad política”. Este lunes, se ha alcanzado un compromiso con la patronal y la burocracia sindical para prolongar los ERTE, una escena que ha beneficiado al Gobierno frente a la oposición política que lo acusa de falta de diálogo.
Los ERTEs, a los que se han acogido por el momento 3,1 millones de trabajadores y 530.000 empresas, fue una medida del Gobierno para evitar los despidos masivos, pero que implican una subvención a los empresarios a costa del dinero público. Medida que, aun así, no ha evitado cientos de miles de despidos durante la pandemia. Ahora este nuevo acuerdo permite que los ERTEs donde no se ha podido retomar la actividad por fuerza mayor se prolonguen, por lo menos, hasta el 30 de junio. Ya sea para el total de la plantilla o de forma parcial, en el caso de que parte de los trabajadores y trabajadoras se estén reincorporando a sus puestos de trabajo.
Esta medida de extensión de los ERTEs por fuerza mayor era una de las principales reclamaciones no sólo de la burocracia sindical, sino también de la patronal. En el caso de la patronal estaba claro, mientras más tiempo se haga cargo de las prestaciones el Estado, mejor para sus intereses. Tengamos en cuenta que la medida les permite no sólo no hacerse cargo de los salarios, sino tampoco de las cotizaciones sociales para las empresas de menos de 50 trabajadores y trabajadoras y del 75% para las empresas a partir de ese número.
Incluso las empresas donde la plantilla comienza a retomar la actividad van a contar con exoneraciones del pago de las cotizaciones sociales. Para las compañías de menos de 50 trabajadores y trabajadoras, el Estado cubrirá el 85% de las cotizaciones en mayo y el 70% en junio de los empleados que reinicien su actividad. Las empresas por encima de ese número se evitan de pagar el 60% de las cotizaciones de mayo y el 45% de las correspondientes a junio.
Mientras tanto, no se lleva a cabo un cuestionamiento de las ganancias capitalistas ni la aplicación de impuestos extraordinarios a las grandes fortunas para obtener los recursos públicos. Tampoco se realiza un estudio exhaustivo de la situación económica empresarial que justifique si las empresas cuentan con capacidad o no para hacerse cargo del pago de los salarios y las prestaciones sociales. La exigencia de transparencia y la apertura de los libros de contabilidad debería ser condición sine qua non para percibir ayudas públicas. Sin embargo, esto sería cuestionar los intereses empresariales, algo que no se contempla desde el gobierno del PSOE y Unidas podemos.
Como “concesión” de la patronal se excluye a las empresas en paraísos fiscales
No obstante, el Gobierno ha planteado medidas para matizar semejante operación en beneficio de las grandes empresas, contemplando que a la prolongación del ERTE no se podrán acoger empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en paraísos fiscales. Tampoco podrán repartir dividendos durante el ejercicio fiscal en el que han aplicado los ERTE, excepto si devuelven el dinero correspondiente a la exoneración aplicada a las cuotas de la Seguridad Social.
Estas medidas son presentadas como el resultado de una dura negociación entre la patronal y el Gobierno, lo cual no es más que la típica estratagema para vender un acuerdo que beneficia especialmente a las grandes empresas, como el fruto de una serie de concesiones por ambas partes. Así, Antonio Garamendi, dirigente de CEOE y Cepyme, declaraba estos días en rueda de prensa: "en la España que vivimos es un mensaje potente: la gente lo que nos pide es unidad. El mensaje es que entre todos tenemos que salir hacia delante". Por su parte, la ministra “comunista” de Trabajo señalaba: "Es un acuerdo equilibrado. Quiero poner en valor el acuerdo, todos y todas cedemos, pero lo importante es que en este momento tan delicado vamos a caminar juntas".
¿Qué ha cedido exactamente la patronal? ¿Debemos entender que no fugar capitales a paraísos fiscales ni repartir beneficios mientras se recibe dinero público es una concesión que hacen las empresas? Un pacto vergonzante, con un Gobierno absolutamente plegado a los intereses patronales.
No estamos en el mismo barco
Claramente no estamos todos y todas juntas en esto, cuando es la clase obrera la que está sufriendo los despidos y la merma de sus ingresos viviendo situaciones miseria, y sectores de “clases media” y de la pequeña burguesía se empobrecen rápidamente. Mientras tanto la patronal se ríe en la cara del Gobierno sacando un comunicado estos días en los que le exige que "se abonen ya las prestaciones que corresponden a las personas que han perdido su empleo o se han visto afectadas por un ERTE por culpa del COVID-19, y para que los autónomos, que siguen confinados sin poder trabajar y que han solicitado la prestación por cese de actividad, la cobren con la mayor celeridad".
Es preciso terminar con la lógica de la “unidad nacional” que nos quiere vender que estamos unidas en una guerra contra el virus, eso es una mentira absoluta. La verdadera guerra en curso es la que se libra entre los capitalistas y la clase obrera y esta unidad entre el Gobierno, la burocracia sindical y la patronal sólo es una muestra del rumbo de la misma está beneficiando al capital. Cientos de miles de trabajadoras y trabajadores llevan más de dos meses sin recibir ingresos, ni las prestaciones del ERTE ni otro tipo de prestación social. En cambio, los grandes capitales, que se benefician de la explotación brutal y cotidiana de la clase obrera, no sólo no se hacen cargo de esas prestaciones, sino que exigen que el Estado las pague ya.
Una situación que muestra los límites de este “Gobierno progresista” que en la práctica no está tomando medidas diferentes a las de otros gobiernos liberales y conservadores en Europa. Pero, por si fuera poco, la patronal se burla en su cara con comunicados donde hablan de que su “empeño también está enfocado en sostener el bienestar del conjunto de la sociedad”, cuando lo único que hacen es privatizar los beneficios y colectivizar las pérdidas.
