El pasado jueves 24, la Municipalidad de Ushuaia a cargo del intendente Walter Vuoto (Kirchnerismo), volvió a ordenar el desalojo de familias en forma violenta. Fue en el barrio Ana Esparza, ubicado al lado del barrio Las Raíces y terminó con dos hombres detenidos.
Miércoles 30 de junio de 2021 23:06
No es la primera vez que la Municipalidad de Ushuaia desaloja violentamente a familias de los asentamientos ubicados en la ciudad. Seis familias levantaron precarias casillas, ante la falta de soluciones habitacionales y la crisis económica que atraviesa a la clase trabajadora. El estado y sus gobiernos demuestran así que no buscan darle una salida al problema de fondo de una vivienda digna.
Las familias denuncian que punteros políticos del Kirchnerismo como Berdún, del barrio Las Raíces, constantemente hostigan y amedrentan, a quienes que no son afines a los mismos o al partido político al que pertenecen.
A su vez denuncian que al momento del desalojo, sólo pudieron desarmar dos casas ya que un grupo de vecinos se hizo presente en el lugar para intentar frenar el desarme y resguardar no solo a las familias sino también los materiales.
Ante el hecho organizaciones de Derechos Humanos y otras organizaciones sociales de la ciudad, denuncian que la Municipalidad de Ushuaia actuó sin una orden de desalojo firmada por un juez, utilizando el aparato represor del estado como la policía. Comisaría Quinta.
Con una causa armada, la policía se lleva preso a dos hombres argumentando resistencia a la autoridad. Uno de ellos es Pedro Fernández, quien recibe un llamado de dicha comisaría, para presentarse a firmar una notificación. En cuanto se hace presente y se identifica es detenido por personal policial sin explicarle los motivos.
Se acercó personal de derechos humanos a la comisaría para pedir explicaciones a quienes tampoco se las dan y resuelven ir a la fiscalía. Allí les informan que tanto, la municipalidad como la policía actuaron sin orden judicial.
Un escándalo por parte de la municipalidad de Ushuaia, sin embargo, luego de que el abogado de las familias hiciera la presentación correspondiente ante el juez Gama Soler, pero se negó la excarcelación sin ningún tipo de argumento. Los hombres están detenidos hace una semana por defender su derecho vital a la vivienda digna.
Las familias también denuncian que tanto Pedro como Diego recibieron abuso policial en las comisarías en las que los llevaron detenidos.
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El Estado sigue criminalizando y judicializando a miles de familias ante un problema estructural que se agrava, el derecho a una vivienda digna.
