Compartimos las declaraciones de Mauro y Candela, estudiantes imputados luego de la lucha por educación pública junto a la abogada del CeProDH, Leticia Celli. Este miércoles se realizará una audiencia pública para defender el derecho a protesta.
Martes 30 de octubre de 2018
En los primeros días de octubre, la fiscal Graciela López de Filoñuk imputó a 28 estudiantes por los delitos de usurpación y daños, en el marco de la toma del Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba. Cuando comenzaron las citaciones, la abogada Leticia Celli, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, fue notificada de que también estaba imputada. Junto con otros abogados y abogadas, había asesorado a los estudiantes en distintos momentos de la toma, por ejemplo, cuando se presentó la policía en el pabellón por una supuesta amenaza de bomba.
El régimen universitario, junto a la Justicia Federal, avanza en estas causas porque ve un peligro en la autoorganización de los estudiantes, en haber presentado un pliego de reivindicaciones propias y en haber unido la lucha a sectores de trabajadores en lucha como Molinos Minetti y Luz y Fuerza, además de incluir en las demandas la necesidad de que el pueblo trabajador no se quede fuera de la educación pública en momentos de ajuste como el que vivimos.
Diferentes conducciones de Centros de Estudiantes, junto con la Federación Universitaria de Córdoba, desarrollaron una campaña de desprestigio contra la lucha, para no discutir profundamente los problemas del sistema educativo.
Estas imputaciones representan un avance en la persecución a los que luchan, en la criminalización de la protesta, en el marco de un conflicto que tuvo movilizaciones enormes y distintas tomas de facultades en todo el país. Es un intento de disciplinamiento en momentos de un ajuste brutal, como se vio en la aprobación del Presupuesto, un presupuesto que significará menos salud, menos educación y peores condiciones de trabajo para los trabajadores y el pueblo pobre.
Desde la Juventud del PTS y el CeProDH, junto con la Asamblea Interfacultades, se está llevando adelante una gran campaña en todos los lugares de trabajo y de estudio contra este ataque al derecho de protesta. Este miércoles se realizará una audiencia pública en la Legislatura de Córdoba junto a Nicolás del Caño y Nathalia González Seligra, diputados nacionales del PTS-FIT y a distintos referentes de los derechos humanos y de la cultura de Córdoba.
