En su conferencia matutina de hoy 3 de diciembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a la pregunta de una periodista en torno a si el Ejército Mexicano está preparado en caso de una invasión estadounidense al país derivado de las amenazas que Donald Trump, presidente electo del imperialismo yankee, lleva agitando desde hace tiempo en torno a una intervención militar supuestamente para combatir a grupos del crimen organizado.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Martes 3 de diciembre de 2024
La respuesta de la presidenta fue “no va a ocurrir, va a haber buena relación con el presidente Trump”, y detalló que en la última llamada entre lxs dos hubo entendimiento y acuerdo de colaboración con respeto a las respectivas soberanías. La mandataria, aseguró, además, que el hipotético escenario de invasión es improbable, pero que, de cualquier forma “tenemos nuestro himno nacional” (en alusión a las frases “Mas si osare un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo, piensa ¡Oh, Patria querida! que el cielo un soldado en cada hijo te dio.”).
Lo cierto es que históricamente Estados Unidos ha optado por intervenir en México por la vía de una “penetración pacífica” a través, principalmente, de políticas económicas y, en el plano militar, con tratados de colaboración donde han presionado con bastante efectividad a los gobiernos mexicanos para adoptar sus lineamientos, sobre todo en materia del supuesto combate a las adicciones y narcotráfico, así como en el ámbito migratorio.
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Aunque también no hay que dejar de mencionar que sí existen sectores conservadores y guerreristas en Estados Unidos que impulsan de tanto en tanto iniciativas para declarar a los llamados “cárteles de la droga” como organizaciones terroristas internacionales, lo que permitiría la autorización para una intervención militar directa.
La lógica que esgrime ese sector es “si tenemos bases militares en naciones como Japón e intervenimos en casi todo el mundo, ¿Por qué no lo hacemos abiertamente en nuestro vecino del sur?”. Aunado a ello está el interés por controlar de forma más amplia, abierta y directa los bienes naturales en suelo mexicano, considerados por los yankees meros recursos estratégicos; un ejemplo de ello es el litio.
Aunque la retórica de la presidenta Sheinbaum es de una supuesta defensa de la soberanía nacional, lo cierto es que es receptiva a adoptar las políticas militaristas antimigratorias y de supuesto combate al narcotráfico impuestas por el imperialismo estadounidense.
El segundo gobierno de la 4T, más allá de lo que diga en discurso, no muestra una orientación distinta a la de gobiernos anteriores para combatir el asunto de el consumo y producción de narcóticos, el cual antes que nada es un problema de salud que, por el régimen de ilegalidad de las mercancías en juego que las hace altamente redituables (entre otras cosas), genera gran violencia.
De igual forma, las políticas de militarización han provocado la expansión del fenómeno del paramilitarismo, es decir, de estructuras coercitivas paralelas al estado, con alta capacitación y organización militar, elementos técnicos cuyo origen está en instituciones castrenses pero que una vez socializadas son empleadas en la lógica de grupos mercenarios que se ponen al servicio de intereses burgueses nacionales y transnacionales para participar tanto en pugnas interburguesas como para hacer avanzar megaproyectos y expoliación de recursos naturales, de igual forma en negocios criminales como tráfico de órganos y trata de personas, pero también en la monopolización de la producción y trasiego de mercancías legales como el aguacate, o en actividades como el huachicol, por mencionar solo algunas en las que participan como instrumento coercitivo.
Sumado a esto, las ofensivas paramilitares entran en juego en procesos de desplazamiento forzado de personas y despojo de territorios.
Además, no hay que dejar de mencionar que las intervenciones estadounidenses en suelo mexicano se hacen también a través de operaciones encubiertas, la mejor prueba de ello son los hechos acaecidos el 25 de julio en Culiacán, Sinaloa, donde los capos Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López partieron hacia Estados Unidos para ser aprehendidos en un pequeño avión cuyo piloto aún no ha sido identificado, pues las autoridades yankees se niegan a rebelar su identidad.
La facilidad con la que la aeronave entró a la nación imperialista más poderosa del planeta, que cuenta con la frontera más vigilada del mundo, hace que la suposición de que hubo una operación encubierta en juego no sea tan descabellada. Más allá de las declaraciones oficiales que se han emitido en torno a que esas aprehensiones se dieron a partir del secuestro de “el Mayo” por parte de Joaquín, lo cierto es que no hay nada claro.
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Tampoco se puede esperar que en los juicios de ambos vaya a salir toda la verdad a relucir; las reglas de lo que se puede y no se puede decir, así como de lo que se puede o no hacer público en esos proceso, están establecidas bajo los intereses de la seguridad nacional estadounidenses.
Algunos atisbos de verdad se sabrán, probablemente, décadas después. De momento los sucesos del 25 de julio en Sinaloa han dejado una estela de desapariciones forzadas ─que el gobierno estatal se empeña en mal llamar "privaciones ilegales de la libertad"- y asesinatos.
En 2023 las operaciones encubiertas de agencias yankees como la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en suelo nacional han tenido un gran aumento en entidades como Sinaloa, según informa el semanario sinaloense RíoDoce con datos publicados por la propia agencia gubernamental estadounidense.
El "extraño enemigo" está aquí y no se define por "nacionalidad" sino en función de clase social; opera al servicio de los intereses burgueses tanto nacionales como extranjeros en detrimento de los intereses de la clase trabajadora, sectores populares, campesinado pobre y obreros agrícolas, comunidades indígenas, pobres urbanos y migrantes que pasan por México rumbo al norte, en busca de una vida mejor.