Mediante la resolución 813, el gobierno de Alfredo Cornejo avanzó sorprendentemente en autorizar por vez primera la explotación hidrocarburífera con el controvertido método de la fractura hidráulica, más conocido como fracking.
Martes 1ro de agosto de 2017 11:16
Las operaciones autorizadas por primera vez en Mendoza, que se están realizando sin estudio de impacto ambiental ni audiencia pública (argumentando que no se trata de pozos nuevos, sino yacimientos en uso), comenzaron el pasado jueves y se extenderán por un lapso de 15 días, aseguraron fuentes gubernamentales.
La fractura hidráulica o fracking es una metodología que consiste en inyectar agua, productos químicos, ácidos corrosivos y arena a miles de metros de profundidad, con la intención de producir microfracturas en la llamada roca madre o en las arenas compactas y extraer los llamados hidrocarburos de yacimientos no convencionales (shale gas, shale oil; tight gas, entre otros). La experiencia en Estados Unidos, país tomado como ejemplo de utilización de esta metodología, muestra que los impactos ambientales del fracking son graves. Por ejemplo, contaminación de aguas subterráneas y superficiales con gas metano.
En lo que respecta a la porción mendocina del yacimiento conocido como Vaca Muerta, se aplicará esta técnica en cuatro yacimientos en el área que se conoce como Puesto Rojas (uno de los primeros yacimientos provinciales), distante poco más de 20 kilómetros de la ciudad de Malargüe.
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El área, que se nombrara en Abril pasado gracias a la muerte del operario malargüino Julio Obiedo en la boca de un pozo de Puesto Rojas, está concesionada por la empresa El Trebol (Petsa, subsidiaria de la compañía suiza Mercuria), que recientemente acaba de fusionarse con Andes Energía con el objetivo claro de sumar activos en producción y desarrollar yacimientos de Vaca Muerta a través de la creación una nueva sociedad, denominada Phoenix Global Resources LTF (que ha estipulado inversiones cercanas a los 160 millones de dólares para el 2018, según informó la compañía desde Londres, donde cotiza en Bolsa).
En lo que respecta a los controles, se supo que han participado diferentes instituciones como Fundación Cricyt (organismo dictaminador), Irrigación y la Municipalidad de Malargüe. En base al informe, se supo que se utilizarán alrededor de 2500 metros cúbicos por pozo, sin embargo, en la citada resolución, nada se dice acerca de los “productos químicos” que se inyectarán.
A propósito de tal avance, Mauricio López candidato a Diputado provincial por el sur mendocino por el Frente de Izquierda, comentó: “Esta autorización entre gallos y medianoches de la Secretaría de Ambiente muestra a las claras por un lado el autoritarismo del gobierno de Cornejo y su nula voluntad de diálogo y por el otro el desconocimiento a las organizaciones populares que se han expresado sobre el uso del agua. Sin dudas no se puede desconocer la voz de las asambleas por el agua o las organizaciones del Pueblo Mapuche; con claridad exigimos que sean consultados. Desde el PTS y el Frente de Izquierda tenemos una postura clara y a los hechos nos remitimos: ya hemos presentado un proyecto en el Congreso Nacional por la nacionalización de todos los recursos hidrocarburiferos bajo control de los trabajadores, partiendo del respeto a nuestros pueblos originarios y la prohibición del fracking”.
Por su parte, Noelia Barbeito, candidata a Diputada nacional por el FIT también se refirió al tema: "Este método está prohibido en otros países del mundo y en Ecuador las comunidades han denunciado la devastación de su tierra y agua. La lógica capitalista es explotar el recurso, enriquecerse y después levantar campamento y dejar la destrucción del suelo y el agua. ¿El gobierno cree que tiene licencia social para este método? No debe olvidarse que el pueblo de Mendoza ha conseguido con su lucha la ley 7722 que cuida nuestro agua y ambiente".
Se asegura que no existen riesgos para los potenciales acuíferos presentes (siempre y cuando los sellados del pozo se mantengan incólumes) y que podría existir el mismo riesgo de contaminación superficial que se podría dar por líquidos domésticos o industriales. Sin embargo, ese no es un riesgo menor, ya que numerosos acuíferos que alimentan ríos como el Salado, de incalculable valor para las poblaciones asentadas aguas abajo.
Finalmente, la resolución del gobierno provincial deja en manos de la empresa El Trebol el monitoreo de los acuíferos subterráneos, los monitoreos sísmicos que pueda provocar el fracking (mediante la instalación de sismómetros), el análisis de las aguas de retorno, el tratamiento y disposición de los residuos (incluso los peligrosos).
