Reset. Vanesa Jeifetz: “Argentina aún no saldó el tema moral con el consumo problemático de drogas”

Esto no quiere decir que automáticamente se haya traducido en una mayor oferta en los servicios, ni que se hayan transformado las prácticas en este campo. Para que esto suceda, tenemos que tener una política de drogas, que pueda llevar adelante las transformaciones que requiere la ley, no podemos dejar en manos de les profesionales de los servicios de salud tan enorme desafío. Es por ello que en el artículo 31 se designa la Autoridad de Aplicación de la ley.

Hace poco dirigí una investigación justamente sobre este tema, dónde estudiamos el estado de aplicación de la ley respecto a las personas con usos problemáticos de drogas y lo que vimos con el equipo es que, a once años de su sanción, todavía no hay una implementación sistemática de lo que plantea este artículo.

Uno de los principales hallazgos del estudio fue que, la mayoría de les profesionales, no considera a las personas con consumos problemáticos como pacientes de salud mental, lo que dificulta lógicamente su accesibilidad a los tratamientos. Una psiquiatra nos llegó a decir “yo no medico faloperos”.

Hay mucha resistencia aún de atender a estes pacientes porque, como nos decía otro profesional, “generan mucho ruido al interior de las instituciones, no son pacientes que se quedan tranquilos en una cama”. En este sentido, pudimos observar que existe un trato desigual en comparación con otres pacientes de salud mental, al considerarlos pacientes más difíciles, muchas veces asociados a la ilegalidad de sus prácticas, lo que obviamente dificulta la accesibilidad en su atención.

También pudimos relevar distintos equívocos en les profesionales, en cuanto a la interpretación de la ley. Por ejemplo el concepto de riesgo cierto e inminente, la internación involuntaria, así como el trabajo interdisciplinario.

Otra cuestión a destacar es que encontramos muches profesionales que sostenían la necesidad de que, las personas con usos problemáticos de drogas, tuvieran abordajes específicos en instituciones especializadas en la temática, en contraposición a lo que plantea la ley.

En cuanto a la estrategia de reducción de daños, no todes les profesionales manifestaron conocerla, aunque se pudieron relevar ciertas prácticas vinculadas a la misma. El problema es que son prácticas aisladas, no forman parte de una política pública en la materia.

Entre lo que plantean las leyes y su implementación, existe siempre una distancia. Sabemos que modificar las prácticas profesionales no es una tarea sencilla y lo que nos trae el artículo 4 de la ley es justamente eso, un gran desafío para el campo de la salud mental. Les que trabajamos en esta problemática, sabemos que las personas que presentan un consumo problemático requieren de un enorme trabajo terapéutico y eso es lo que nos está faltando, que se implemente la ley para que capaciten a les profesionales y que estén dispuestos a asumir esta tarea, que estén comprometidos con el sufrimiento psíquico de las personas que consultan en los servicios de salud.

-La ley también indica que la atención en salud mental y adicciones debe ser interdisciplinaria ¿cómo se aplica esto en los centros de salud pública?

Hay muchas instituciones en que todavía prima el poder de la psiquiatría por sobre las otras disciplinas. Creo que esto se debe, por un lado, a la tradición histórica de la psiquiatría y por el otro, a que las demás disciplinas, como pueden ser la psicología, el trabajo social o enfermería, aún no se habilitan a tomar decisiones terapéuticas, sin la “autorización médica”. Es un cambio cualitativo muy grande el que tiene que darse, no alcanza con que lo diga la ley.

Empezamos a ver algunos. Recuerdo, por ejemplo, un médico psiquiatra que en una entrevista hablando sobre este tema, me decía “al principio sí me costó esto de estar con mis compañeros, escucharlos. Antes, ante una situación aguda, yo reaccionaba dando una indicación y después con el tiempo fui entendiendo que no, que hay que consultarlo, que hay que charlarlo, que si uno no pudo puede intentar el otro. Esto fue un aprendizaje, pero para mí fue enriquecedor”.

Otra de las cuestiones que pienso que dificultan el trabajo interdiscipinario es que el mismo necesita tiempo, tiempo de reuniones, tiempo de intercambios y de diálogo entre profesionales y justamente eso es lo que no sobra en el sistema de salud, el tiempo. También jefxs de servicio que tengan esta perspectiva y que puedan transmitirla a sus equipos.

-La demanda de atención en un centro de salud por parte de las personas con un uso problemático de sustancias psicoactivas es muy lábil. ¿Con qué oferta se encuentra en los centros de salud pública?

Si incluimos la variable género, vemos que los varones (1,2 %) consultan más que las mujeres (0,5 %) por este problema. Creo que esta diferencia tiene que ver, en cierta medida, con que los varones fueron históricamente los pacientes más habituales en esta problemática, y por lo tanto se habilitan más que las mujeres a solicitar y sostener los tratamientos.

También desde el sistema de salud, hay una mayor recepción hacia ellos y consecuentemente un mayor rechazo hacia las mujeres, ya que las mismas contradicen los estereotipos de género femeninos, aún muy vigentes en nuestra sociedad.

En varias investigaciones en las que participé, pudimos ver estas cuestiones claramente en los servicios de salud. Recuerdo un profesional que me dijo “acá atendemos sólo varones, las mujeres adictas son muy complicadas. Imagínate si tuviéramos acá varones y mujeres internades, sería un gran despelote, porque las mujeres son para problemas”.

Según el mismo estudio de Sedronar, de las personas que solicitaron ayuda profesional en el último año, el 52,9 % realizó algún tipo de tratamiento. A su vez, el 59,2 % de los varones que solicitó ayuda profesional realizó tratamiento y en las mujeres este porcentaje fue sólo de 35,8 %.

Tenemos que trabajar en mejorar estos números, ya que detrás de ellos, hay muchísimas personas que quedan excluidas de la atención que requieren.

En la investigación que realizamos vimos que, por ejemplo, en los Hospitales Generales los turnos para atención en consultorios externos sólo se daban por la mañana, lo cual constituye una barrera en la accesibilidad, ya que en general estes pacientes no concurren por la mañana a los servicios de salud.

A mi criterio, el problema no es sólo la cantidad de efectores disponibles para la atención de la problemática, sino qué sucede en ellos, cómo se atiende a les usuaries que se acercan a solicitar ayuda, cuánto se les aloja, qué formación tienen les profesionales que trabajan allí, entre otras cosas.

Si bien la ley lo establece la atención de estes pacientes en los hospitales generales, aún no es una cuestión saldada, así como también se plantea en el artículo 11 que se deben desarrollar dispositivos de consultas ambulatorias, servicios de inclusión social y laboral, atención domiciliaria supervisada, casas de convivencia, hospitales de día, emprendimientos sociales, hogares y familias sustitutas, entre otros; en los que tampoco hemos avanzado en gran medida.

En este sentido, no podemos dejar de mencionar que el presupuesto necesario para implementar la ley no es una cuestión menor y, tal como se plantea en el artículo 32, “(…) en un plazo no mayor a tres años a partir de la sanción de la ley, el Poder Ejecutivo debe incluir en los proyectos de presupuesto, un incremento en las partidas destinadas a salud mental, hasta alcanzar un mínimo del 10 % del presupuesto total de salud”. Según datos de ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) el presupuesto en salud mental para este año será solamente de un 1,48 %, lo cual está muy lejos de lo planteado en la normativa.

Por otro lado, creo que tenemos que dejar de romantizar la problemática y comprender que estas personas, generalmente, no son pacientes fáciles de atender y debemos empezar por reconocerlo, sin que esto implique una discriminación hacia elles, sino justamente tomar muy en serio el sufrimiento psíquico que padecen y entender que este problema nos impone como profesionales de la salud un enorme desafío, como lo es para la medicina atender un paciente con cáncer en un estadio avanzado.

Es por eso que necesitamos de profesionales que quieran trabajar en este campo, que deseen formarse y aprender y que estén dispuestes a tolerar la frustración que muchas veces nos impone esta clínica.

-En 2014 se sancionó la Ley 26.934, que traza el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos ¿Cómo se está aplicando la ley en el ámbito público?

Resulta irónico que en los debates actuales, muchos de los actores que se oponen a dicha perspectiva niegan la existencia de esta ley y exigen una ley específica de adicciones, que ya tenemos.

Creo, personalmente, que nuestro país aún no saldó el tema moral con el problema de las drogas. En varios países europeos en que pudieron hacerlo los resultados de la implementación de políticas públicas en reducción de daños están a la vista. Pero para ello, hay que contar con una decisión política, que aún la Argentina no tiene.

Las salas de consumo supervisado son una gran herramienta en ese sentido. Hace poco desde Reset entrevistamos a una directora que realizó un documental sobre una de estas salas que se abrió en la ciudad de Liege, Bélgica, y nos contó que próximamente se abriría otra en Bruselas.

-En el marco del prohibicionismo de las drogas la adulteración de las sustancias pone en riesgo a los consumidores. Esto quedó claro en lo que acaba de suceder en Puerta 8. ¿Qué políticas públicas se podrían aplicar para reducir los riesgos de estos consumos?

La legalización implicaría que las personas tuvieran un mayor conocimiento acerca de las sustancias que consumen, porque el Estado tendría el control de fiscalizarlas, como sucede en Uruguay con el cannabis por ejemplo. En cambio, ahora en manos del mercado ilegal ¿qué exigencia podemos pedirle acerca de la calidad de las sustancias? Si lo único que buscan es estirarlas, para vender más y así obtener una mayor rentabilidad.

Todavía conservamos en nuestro país la ley de drogas 23.737, una de las legislaciones más anacrónicas que puedan existir en la materia, tendríamos que empezar por modificar la misma como primer paso, para luego, pasar a cuestiones más progresistas.