Crisis habitacional. Vecinos de Lanús reclaman por el derecho a la vivienda

“Hace 4 semanas que estamos acá, el municipio dijo que esperemos, tenemos que esperar y seguir esperando. Pero nosotros queremos una respuesta porque vivimos en la basura. Yo tengo mi nena, pasan las ratas, los bichos, hace frío y los chicos se enferman… Nosotros queremos una respuesta para tener nuestra casa, yo vivo alquilando y no tengo para pagar… Quiero que nos digan algo porque si nos dicen que no ¿dónde voy a llevar mis cosas y a mi hija?”.

Esto le decía a nuestros corresponsales una de las vecinas del asentamiento que se encuentra frente al barrio Acuba en Villa Diamante (Lanús). Como este testimonio, escucharon el de varios vecinos y sus hijos. Son alrededor de 100 familias las que hoy recurren a la apropiación de estas tierras como una respuesta a la emergencia habitacional que azota a la Provincia de Buenos Aires. Esta situación se profundizó con la crisis sanitaria, y las cifras son escalofriantes: hay más de 8000 familias en situación de calle y un 63% de niños viviendo en la pobreza.

El jefe de Gabinete local Diego Kravetz estuvo en la zona días atrás, en representación de su jefe, el intendente Nestor Grindetti (Cambiemos). El jueves 6 quisieron desalojarlos sin orden judicial; en cuanto a la situación habitacional, terminaron por delegar la responsabilidad en una resolución judicial que determinará esta semana si se ceden o no los terrenos.

El municipio prometió ayuda y alimentos, pero aún no llegaron esos recursos. Lo único que recibieron las familias son intentos de amedrentarlos por parte de la policía, que los despertó violentamente a la madrugada y rompió las precarias construcciones que armaron para protegerse del frío. Solo les dicen que “tienen que esperar” mientras el frío, el hambre y las enfermedades no tardaron en presentarse.

La emergencia habitacional se profundizó al tiempo que crecía el desempleo, que actualmente alcanza alrededor de un 13% en todo el país. Ante el golpe de la segunda ola de Covid-19 son miles las familias que hoy se encuentran sin un sustento y sin siquiera una ayuda básica del Estado como el IFE, que el Gobierno decidió retirar. Solo hubo un aumento que no alcanza en paliativos como la AUH, debido a la votación a la baja llevada adelante recientemente por el Consejo del Salario.

Te puede interesar: El caso “M”, la ley y la vida: el Estado hambrea e invisibiliza a más de 300.000 niñas y niños

Vecinas y vecinos que están en los terrenos de Acuba comentan que no tienen trabajo, que salen con los carros o que cuentan con alguna de las ayudas estatales como la AUH, pero que todo esto no alcanza para vivir.

El rol de Acumar y el Gobierno, claros responsables de desidia ambiental y habitacional

Una enorme muralla se eleva paralela a las calles donde se encuentran asentadas las familias del barrio Acuba: es el paredón que cierra el predio perteneciente a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), un organismo creado en 2006 para centralizar la intervención de los gobiernos nacional, provincial a raíz de la denuncia de un grupo de vecinos de Villa Inflamable en la localidad de Avellaneda. Los vecinos, afectados en su salud y sus viviendas por la contaminación ambiental industrial que se encuentran en la zona donde residen, realizan una denuncia judicial conocida como " la causa Mendoza", en la que reclamaban que se recomponga el daño ambiental, responsabilizando por ello al Estado nacional, a la provincia de Buenos Aires y a 44 empresas que tienen competencia en el territorio. En 2009 se lanzó desde este organismo el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (IPSA) que fue emblema para el organismo. Pasados tantos años, lo único que pasó es que aumentó aun más la contaminación de los alrededores de Acumar, y basta hacer unos pasos por la zona lindera para ser testigo del poco o nulo alcance de este proyecto.

Acumar también lanzó un proyecto de relocalización y reurbanización para el barrio Acuba en 2016, que supuestamente debía finalizar en 2019. Hoy los vecinos denuncian que el principal promotor del intento de sacarlos y de pedir el desalojo es justamente ese organismo. Las familias viven junto a los basurales en los terrenos abandonados de Acumar. Es evidente cómo afecta la existencia de estas acumulaciones de deshechos a la salud de quienes viven en predios cercanos, en particular de las decenas de familias que quieren recuperar los terrenos porque no tienen elección, que afrontan las consecuencias de vivir literalmente arriba de los basurales.

A la par de esto, llegando al final del asentamiento y en la calle lindante con el predio de Acumar se encuentran las construcciones del plan de viviendas terminadas que fue impulsado junto al municipio de Lanús, pero las mismas se encuentran vacías y deshabitadas. Jamás fueron entregadas, y actualmente son custodiadas por la Gendarmería que -según nos relatan los vecinos- los agredieron las veces que quisieron hacer uso de las viviendas o consultar por las mismas.

Aún no hay novedades de la terminación de esas edificaciones y su entrega. Cuentan los vecinos que esas viviendas ya están otorgadas, pero que los beneficiarios aún no tienen novedades. Acumar y los gobiernos nacional, provincial y municipal ¿se preguntarán en qué situación están todas esas familias en medio de esta enorme crisis económica y social? Podemos afirmar que no.

Esto es una muestra de la irracionalidad de este sistema en el que vivimos, en el cual los que gobiernan son privilegiados con sueldos enormes y casas lujosas en barrios privados. Hay miles de casas vacías para la especulación inmobiliaria, y miles de personas viviendo en la calle sin un techo.

Esto no es algo nuevo, y son completamente insuficientes las políticas y "soluciones" del Gobierno para afrontar la crisis habitacional y la pobreza. El miércoles de la semana pasada la Asamblea Permanente de Vecinos de Guernica hizo público un comunicado que enviaron a los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social bonaerense, donde exigen el cumplimiento del pago de subsidios de $30.000 que se había comprometido a entregar hace 5 meses el gobierno provincial de Axel Kicillof.

Ellos fueron desalojados brutalmente el 29 de octubre del año pasado por las fuerzas a cargo del ministro de Seguridad Sergio Berni: en un enorme despliegue de agentes, con topadoras y fuego arrasaron casillas, destruyendo todas sus pertenencias. Los dejaron a la intemperie, sin ninguna respuesta concreta del Gobierno más que resarcimientos económicos o entrega de terrenos que no llegaron a concretarse, a la par que el gobernador Axel Kicillof se mostraba entregando de viviendas a la policía.

Los vecinos de los terrenos de Acuba tienen clara la situación y lo expresaron: “Nosotros no queremos un plan de viviendas a años para que después no sea cumplido, ni tampoco nos sirve que nos ofrezcan plata que solo nos serviría para pagar como mucho uno o dos meses de un alquiler, para después volver a estar en la calle. Nosotros queremos un pedazo de tierra, donde podamos levantar nuestras viviendas para nosotros y nuestras familias”.

Urge que el Estado ponga como prioridad resolver la situación de todas estas familias; es necesaria también la implementación de un IFE de emergencia de $40 mil, trabajo con derechos para todos y viviendas para que no haya familias en las calles, algo urgente en medio de la pandemia.

Lee también: A 6 seis meses de la represión, Guernica sigue luchando