MARTINEZ. Vecinos se opusieron a la detención de dos menores de edad

Según el testimonio que una estudiante secundaria de la zona dió a La Izquierda Diario, uno de los jóvenes tenía 14 años y el otro 16. Eran hermanos, huérfanos y vendían medias en la calle. La crisis se profundiza y la avanzada del gobierno de Vidal en la criminalización de la pobreza se parece bastante al nuevo Código Contravencional porteño aprobado en diciembre pasado.

“Los empezaron a culpar de que habían robado una panchería, les empiezan a revisar las mochilas, las camperas, los pantalones, literalmente les sacaron hasta las medias, les sacaron todo lo que vendían y claramente no encontraron nada porque no habían robado nada”, explica la estudiante que se sumó a un grupo de vecinos que defendían solidariamente a los jóvenes acusados.

Es clara la búsqueda del Gobierno en endurecer la persecución contra los trabajadores informales y sectores vulnerables que en momentos de crisis social, donde aumenta la desocupación y la desigualdad social, la única respuesta que otorgan es endurecer y dar vía libre a la violencia policial.

Haciendo un paralelismo con el avance represivo en CABA y el nuevo Código Contravencional porteño, más represión es la fórmula del gobierno para barrer las calles de pobres. “Lo que se persigue con el Código Contravencional es lo que cada día crece más: la venta ambulante de aquellos que intentan ganarse la vida como pueden. Porque en realidad lo que están tratando de hacer es ocultar que en la Ciudad de Buenos Aires cada día crece más la pobreza y la precariedad laboral”, planteó Myriam Bregman en la sesión legislativa del pasado diciembre.

Los últimos datos analizados por Unicef muestran que un 42 % de los niños, niñas y adolescentes vive bajo la línea de pobreza (5,5 millones) y un 8,6 % vive en hogares que no alcanzan a cubrir la canasta básica de alimentos.

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Esta situación tiene su respuesta estatal, la mayoría de los chicos que permanecen presos es por delitos menores “contra la propiedad” y no por delitos graves. Además, el Gobierno busca bajar la edad de imputabilidad para reforzar la represión como respuesta a la crisis económica.

Es así que esta semana comenzó el debate, en comisiones del Congreso, sobre el proyecto del oficialismo que contempla que los delitos cometidos por adolescentes mayores de 15 y menores de 18 años sean reprimidos por una pena máxima de 15 años. Y en el caso de los menores de 15 (inimputables) podrán ser reprimidos con penas de hasta 10 años por el Código Penal.