Veinte años más tarde, la Masacre de Wilde va a juicio

Fue elevado a juicio oral el caso denominado Masacre de Wilde en el que fueron fusiladas cuatro personas por un grupo de policías de la Brigada de Lanús. La Corte suprema revocó el sobreseimiento de estos asesinos, de modo que ahora deberán someterse a juicio. Ayer fue detenido Marcos Rodríguez en Córdoba, uno de policías autor de la masacre y que se encontraba prófugo.

El 10 de enero de 1994, en las cercanías del Parque Domínico, Partido de Avellaneda, un grupo de alrededor de once policías que pertenecían a la Brigada de Investigaciones de Lanús desataron a plena luz del día lo que luego se dio a conocer como la Masacre de Wilde. El grupo respondía al ex comisario Juan José Ribelli, quien luego estuvo preso un tiempo por la causa AMIA.

Los policías buscaban dos vehículos, un Peugeot 505 y un Dodge 1500 amarillo, que habían salido de Santos Lugares esa mañana. Nunca quedó en claro cuál era el motivo de esa búsqueda. Según el fiscal del caso, Sebastián Scalera, los policías salieron con la intención de matar a los ocupantes de los dos coches.

Cerca del mediodía en el 505 en el que viajaban Héctor Bielsa, Gustavo Mendoza (el primero con vínculos probados con la Brigada de Lanús) y el remisero Norberto Corbo impactaron más de 200 proyectiles que terminaron con la vida de los tres tripulantes. Los agentes alegaron que desde el mismo les dispararon. Lo cierto es que no hay pruebas de esos dichos.

A pocas cuadras del lugar circulaba el Dodge 1500 amarillo en el que iban Claudio Diaz y Edgardo Cicuitin, quienes eran vendedores y viajantes de una editorial de libros escolares. Se desviaron debido al embotellamiento provocado por el hecho anterior. Momentos más tarde comenzaron a recibir disparos desde un auto de civil y sin identificación alguna. El vehículo de Díaz recibió unos 270 impactos de distintas armas como itakas y ametralladoras. El único sobreviviente fue Claudio Díaz.
Los policías justificaron lo actuado diciendo que se había tratado de un tiroteo con un grupo de ladrones. La jueza en lo penal Silvia González rechazó la versión y consideró la hipótesis de un fusilamiento. Por eso procesó y ordenó la captura del comisario César Córdoba, los oficiales Oscar Mantel, Hugo Reyes y Daniel Valenga, y los suboficiales Eduardo Gómez, Osvaldo Lorenzón, Carlos Saladino, Julio César Gatto, Pablo Francisco Dudek, Marciano González y Marcos Rodríguez.

Pero eran los tiempos de la “mejor policía del mundo” de Duhalde conducida por el tristemente célebre Comisario Pedro Klodkzyk. La causa sorpresivamente pasó a manos del juez Emilio Villamayor que ordenó el sobreseimiento. En noviembre de 1994 la causa llegó a la Sala I de la Cámara Criminal de Lomas de Zamora integrada por los jueces: Juan Silvestrini, Ernesto Devoto y Camilo Baccarini. En solo 48 horas “estudiaron meticulosamente la causa” y fallaron absolviendo a los 11 policías imputados, incluído al cabo Marcos A. Rodríguez quien en primera instancia había sido responsabilizado por el asesinato de Cincuitin. Rodríguez se había profugado al día siguiente de la masacre de la comisaría donde estaba detenido. Recién fue detenido en Córdoba.

Claudio Diaz, el único sobreviviente de la Masacre, decía en una entrevista a Clarín el 25 de julio de 2010: “Yo pienso que había que callar gente y nosotros estuvimos justo en el lugar y momento equivocado. Pero lo que pasó no fue una casualidad, fue una causalidad y hay una verdad que debería saberse. Yo quiero saber, por ejemplo, por qué la Policía iba a matar a esos tipos que tenían un auto igual al mío”.

La causa vuelve a tomar notoriedad pública porque veinte años más tarde fue elevada a juicio, tras la intensa lucha de los familiares de las víctimas y un recorrido que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Masacre de Wilde fue un caso muy particular de gatillo fácil por su carácter colectivo, pero fundamentalmente por mostrar los vínculos de la maldita bonaerense con el delito, vínculos que fueron “oportunamente” ocultados por el Poder Judicial.
Tiene sin embargo varios puntos en común como otros casos de gatillo fácil como el mío: las víctimas en primera instancia son puestas como “sospechosas”, la policía como institución falsea las pruebas para salvar a sus colegas y el Poder Judicial termina la tarea, con el auxilio de los medios de comunicación.
Pero los puntos de contacto no terminan acá ya que el aval político del accionar criminal de la bonaerense ha sido una constante tanto en los tiempos de Duhalde con “la mejor policía del mundo”, como con el “meta bala” de Ruckauf del que fui víctima o las sucesivas campañas “por seguridad” de Scioli y el gobierno nacional con el apoyo de toda la oposición patronal.
Finalmente la causa recién llega a juicio veinte años más tarde. En mi caso tuve que esperar trece años para que el policía que me disparó vaya preso. Sólo con la lucha en la que fui acompañada por otros familiares e innumerables organizaciones de trabajadores y estudiantes se pudo avanzar en una condena que tiene que servir para empezar a acabar con esta práctica criminal de la maldita bonaerense y el resto de las fuerzas de seguridad.