Una serie de anuncios en materia económica realizó el pasado jueves 15 el presidente Nicolás Maduro entre los cuales destaca el aumento de 30% del salario mínimo a partir del 1 de noviembre. Pero se trata de otro aumento que en el marco de la crisis económica y una escalada inflacionaria que no encuentra techo en su camino se diluye fácilmente.
Humberto Zavala Venezuela | @1987_zavala
Viernes 23 de octubre de 2015
Una serie de anuncios en materia económica realizó el pasado jueves 15 el presidente Nicolás Maduro, publicados este lunes 19 en Gaceta Oficial entre los cuales destaca el aumento de 30% del salario mínimo, que a partir del 1 de noviembre se ubicará en Bs. 9.648,16, incluyendo pensionados y jubilados, exceptuando los “adolescentes aprendices” que sufren la mayor precarización con un sueldo inferior. A esto le sumó un aumento de la base de cálculo del ticket de alimentación de 0,75 a 1,5 Unidades Tributarias (U.T.), pero esto se trata de una ayuda y no de salario.
No le faltó al gobierno la exhortación al empresariado “que necesite apoyo” en la cancelación del incremento del salario mínimo, para que acuda al financiamiento del estado. Pero se trata de otro aumento que en el marco de la crisis económica y una escalada inflacionaria que no encuentra techo en su camino se diluye fácilmente. He aquí también que hasta sectores sindicales ligados al gobierno han tenido que reconocer que este aumento del mínimo solo alcanza al 35% de la población productiva del conjunto de la masa laboral del país, tal como lo declaró el presidente del sindicato de Pdvsa, el burócrata Wills Rangel, que basta para observar el nivel de la precariedad laboral existente en el país.
El gobierno declara haber invertido 100 mil millones de bolívares para la cancelación de estos “aumentos”. El pasado martes 20 también declaró que 30% al salario mínimo será extensivo a todos los escalafones de la administración pública en todas las escalas, no olvidándose por supuesto a los integrantes de las Fuerzas Armadas, aunque este último aumento sin fecha definida de aplicación.
Salario de crisis
El drama se vive justo del otro lado del relato, donde la espiral inflacionaria se engulle diariamente todos nuestros ingresos reales al acudir al supermercado, al entrar en ese intercambio real con los precios especulativos y la ficción de los controles, para los cuales el “nuevo” salario fijado resulta de un anacronismo quijotesco. Y el gobierno tiene el descaro de decir que lo hace “para la defensa de los ingresos del pueblo”.
El aumento fantasma opera realmente como cobertura de la grosera carestía de la vida y su imparable inflación, la usura desplegada dentro de los cuatro rincones del país contra el pueblo trabajador continúa libremente su curso alentada por la complicidad del gobierno, y el adormecimiento de los controles del estado. Es que en verdad el ajuste económico ya está haciendo aplicado sobre el pueblo trabajador.
Maduro se ufana del “salario de crisis” con alta pompa pues se estaría aumentando “en época de guerra económica”, y agrega que “en un momento el plan (del aumento) era perseguir la inflación y ahora vamos a picarle adelante”, con un sueldo en realidad muy pero muy por detrás de lo que cuesta adquirir los alimentos, pues hasta los pronósticos más conservadores indican que la inflación anual de este año rondará el 160%. Más burla imposible.
Es que tanto el Banco Central de Venezuela como el Instituto Nacional de Estadísticas esconden los indicadores macroeconómicos oficiales como si con ello ocultaran la realidad económica del país: un ajuste que aprieta el cinturón del pueblo trabajador, mientras los acreedores extranjeros con su pago puntual de la deuda externa, los grupos empresariales que no han dejado de ganar a costas del pueblo y la vista gorda del Estado, sumado a la alta burocracia del gobierno, tienen garantizadas sus ganancias.
Economía en crisis, año electoral y ajustes
Las medidas anunciadas por Maduro se dan en el marco de la cuenta regresiva hacia las elecciones parlamentarias de este año, que se realizarán en menos de mes y medio. La derecha, en la voz de Henrique Capriles, rápidamente salió a descalificar esta medida como “desesperada y electorera”, al mismo tiempo que se preparan para retomar la Asamblea Nacional e implementar su propio programa de ajustes abiertamente neoliberales.
Por su parte, el PSUV movió sus piezas en el congreso durante la asamblea ordinaria de este martes para aprobar un “acuerdo en respaldo al 30% del salario mínimo”, es decir, para respaldar este ajuste que actualmente se hace sentir en la caída del poder adquisitivo que como clase estamos padeciendo, con la complicidad de las cúpulas enquistadas en las principales centrales sindicales.
De las promesas sobre “sanciones contra la especulación”, implementación de un “nuevo” mecanismo en la Ley de precios justos que fije un “máximo de ganancia” de 30%, “protección de alimentos y servicios de salud”, y otras que supuestamente vendrán para “proteger al pueblo” ya venimos escuchando bastante desde hace tiempo sin que cuajen en la realidad.
Con mayoría parlamentaria, cantidad de decretos vía ley habilitante, e inclusive con estados de excepción y cierres fronterizos desde hace ya más de dos meses, el gobierno no ha sabido dar respuesta a ninguno de los problemas que aquejan a los trabajadores y el pueblo pobre en medio de esta profunda crisis económica, medidas cuyo peso viene invariablemente recayendo sobre nuestros hombros.
Estas leyes que supuestamente “vendrán a proteger al pueblo” son para la burguesía y sus lacayos verdaderos tigres de papel, que votan y luego violan tantas veces como puedan o lo necesiten, para un mayor ejemplo está el artículo 91 de la propia Constitución del 99, que hasta el propio gobierno viola pues reza sobre la garantía que otorga el estado a todo trabajador de un “salario mínimo vital” que toma “como una de las referencias el costo de la canasta básica”, cosa que como sabemos, no ha llegado a materializarse ni durante el boom petrolero de la década pasada, ni mucho menos bajo la actual crisis.
Enfrentar los ajustes es tarea de primer orden
Como se ha escrito en otros artículos para este diario urge dar respuesta a los atropellos contra el ingreso de las familias trabajadoras, y los ajustes que ya se aplican, mientras tanto uno u otro de los principales sectores en pugna –gobierno u oposición derechista- se preparan el terreno político posterior a las elecciones parlamentarias, cada uno a su manera, para profundizarlos. Las medidas que toma el ejecutivo para administrar la crisis ya se reflejan principalmente en la estrepitosa caída tanto del poder adquisitivo como de algunas conquistas sociales que se lograron en los años de auge de los precios del crudo.
Por medio de la movilización y la mayor unidad de los trabajadores, es clave oponer a la carestía de la vida, inflación y devaluación de la moneda, medidas elementales de defensa de nuestros ingresos. En tiempos de alza fuerte y constante del costo de la vida, la exigencia de un salario igual al costo de la canasta básica familiar y la escala móvil de salarios, para que sean ajustados periódicamente de acuerdo al aumento de la inflación, son demandas básicas para que la clase trabajadora defienda sus ingresos y no ver caer constantemente el nivel de vida. Echando abajo los infames impuestos al salario que se aplica vía el ISLR –cuando el salario no es renta- y al consumo (IVA), y el pago de la deuda externa.
Mientras ejercemos una pelea por estos derechos elementales, el pueblo trabajador no debe creerle ni un ápice a la demagogia de la derecha del país, que busca pescar en río revuelto para aprovechar la crisis del chavismo. La correlación de fuerzas entre clases y nuestras condiciones de vida para el próximo año dependerán en gran medida de con qué acciones respondamos a los actuales ajustes… y los que se avecinan.