A lo largo de dos décadas, el país ha pasado por un proceso en el que, si durante todo un período primó un tibio nacionalismo, que conquistó importantes niveles de soberanía política y mantuvo el control “nacional” de la renta petrolera, asistimos hoy a un país en condiciones de enorme vulnerabilidad ante las apetencias de las potencias capitalistas: una catástrofe económica y social, con una nación quebrada y enormemente endeudada, un movimiento obrero y popular muy debilitado, y las principales fuerzas políticas, a pesar de sus evidentes diferencias y agudo enfrentamiento, ubicadas contra el interés nacional, la oposición, histórica y abiertamente proimperialista, el régimen gobernante, por su parte, ha girado cada vez más al entreguismo.

Están lejos los años de la bonanza petrolera, del crecimiento del consumo y del acceso a la seguridad social, la salud y la educación, la recuperación parcial del poder adquisitivo del salario, la ampliación de derechos laborales, pero también de las políticas con las que un caudillo con gran apoyo de masas regateaba con los capitales imperialistas y les marcaba algunos límites.

El gobierno de Maduro y las FF.AA. está duramente enfrentado a una oposición que expresa un plan crudamente semicolonial para el país, es acosado por el imperialismo estadounidense y las potencias occidentales –con agresivo intervencionismo e intentos golpistas el año pasado–, lo que sin embargo no lo convierte en un gobierno anti-imperialista en lucha contra los grandes capitales mundiales. La situación es más compleja y contradictoria. La soberanía nacional no ha sido entregada a Washington, como es el plan imperial, no obstante, el gobierno se ubica diferente a ese período de pulseo con los capitales imperialistas, lo hace más bien cada vez más como parte de un engranaje para el entreguismo y la rapiña del país en ruinas, de manera “controlada” y con sus propios “aliados internacionales”; además de llevar adelante drásticos ataques a los derechos económicos, sociales y políticos del pueblo trabajador.

Estos cambios en el signo de las políticas gubernamentales y en la correlación de fuerzas entre el país y las fuerzas del capitalismo mundial, se dan bajo la degeneración y descomposición de un mismo movimiento político: el chavismo. Cómo explicar esto, y qué lecciones estratégicas habría que extraer, es lo que intentamos abordar en esta exposición, organizada en dos partes.

El “fundamento” para el entreguismo: un país arruinado, sobreendeudado y en un colapso histórico

Venezuela vive una de las mayores destrucciones de fuerzas productivas y colapso económico-social de un país capitalista en tiempos de paz: su Producto Interno Bruto (PIB) es apenas un tercio (o menos) de lo que era hacer seis años; la industria petrolera, principal fuente de ingresos nacionales desde 1925 y base del poder económico del “Estado rentista”, ha retrocedido a los niveles de producción de 1940, junto a un deterioro sin precedentes de las instalaciones y capacidades operativas, con muchas áreas en franco abandono y la corporación petrolera estatal (Pdvsa) sobreendeudada e insolvente; las grandes empresas básicas del hierro, acero y aluminio no solo están quebradas sino inoperativas y prácticamente paralizadas, algo inédito en su historia.

La infraestructura eléctrica del país, de distribución de agua, de transporte y demás servicios, está en un estado tan ruinoso que no solo hace insufrible, cuando no inviable, las más elementales rutinas diarias de la población, sino que afecta también el desenvolvimiento de la poca actividad productiva que queda. La situación de la salud es trágica, literalmente, a la aguda escasez de medicinas se suman el cierre de cientos de módulos y ambulatorios (abiertos en la etapa anterior), el estado calamitoso de la infraestructura hospitalaria púbica, junto a la falta hasta de los insumos más sencillos y elementales: las muertes perfectamente evitables se cuentan por miles.

Las universidades públicas están en una decadencia como nunca antes, con instalaciones totalmente deterioradas (en algunos casos directamente abandonadas), sin presupuesto para funcionar, vaciadas de estudiantes y de docentes que han migrado del país o hacia otros oficios para sobrevivir. La misma suerte corren la educación pública secundaria y primaria. Las instituciones que forman docentes acusan una brusca caída en estudiantes y graduandos: la formación de la generación que crece y la que viene tiene asegurado un gran déficit de docentes.

La pobreza y la miseria se han extendido más veloz y agresivamente que en crisis previas. El hambre, la desnutrición [1], la mortalidad materna y la infantil, se dispararon. El salario sufrió una hecatombe, de estar sobre los 200 dólares el mínimo mensual, pasó a menos de 10 dólares, no garantiza siquiera la alimentación de una semana; acompañando la total erosión de la moneda nacional, que acusa una depreciación tan meteórica y profunda que hace discutir incluso su viabilidad a futuro [2]. Millones han dejado el país forzadamente, mano de obra rasa y también cualificada, siendo ya la migración más grande en la historia de América Latina en tan corto tiempo.

El Estado venezolano tiene una deuda externa con el capital financiero (tanto “occidental” como chino y ruso) que equivale a varias veces su PIB anual, una deuda pública que hace dos años (2017) equivalía a más del 430% de las exportaciones petroleras anuales; con toda seguridad, esa proporción es mayor hoy. Durante varios años, para garantizar los pagos al capital financiero, Maduro redujo brutalmente las importaciones de cuestiones básicas para el consumo y la producción, empeñó empresas de la nación, vendió reservas en oro y llevó las reservas internacionales a mínimos históricos, pagó hasta que el país sangró, y aún así entró en default y el futuro nacional sigue hipotecado al capital internacional.

Una quiebra del Estado quizá solo comparable con la de finales del siglo XIX y principios del XX (que llevó al país a sufrir en 1902 el bombardeo y bloqueo de sus costas por varias potencias imperialistas que reclamaban pagos de deuda externa). No es una crisis más, pues este colapso histórico amenaza con afectar el estatus de la nación, profundizando seriamente su condición semicolonial: los grandes capitales se disponen a la rapiña, al tiempo que las principales fuerzas nacionales comparten el sentido común de que sin esos capitales no hay manera de “recuperar” o “reconstruir” el país.

Del “legado” de Chávez…

Contradictoriamente, a la muerte de Chávez, si bien dejaba un régimen que había alcanzando importantes niveles de autonomía política, habiendo derrotado con el apoyo decisivo de las masas trabajadoras y pobres varios intentos de derrocarlo impulsados desde los Estados Unidos, y reafirmando ante las grandes transnacionales del petróleo el derecho del Estado venezolano a reordenar su participación en la principal industria nacional, Venezuela sin embargo, en cuanto a las cuestiones “estructurales”, no estaba más fuerte para hacer frente a las apetencias del capital imperialista.

En lo que hace al mecanismo de la deuda externa, una de las vías clásicas de sometimiento de los países y pueblos “subdesarrollados” por el capital financiero internacional, Chávez no solo reconoció la deuda previa del puntofijismo (que históricamente la izquierda cuestionaba por fraudulenta e ilegítima) sino que multiplicó por varias veces el endeudamiento nacional, dejando al país hipotecado hasta el cuello [3], a expensas de las reclamaciones de los usureros. Esta vez, la deuda no solo fue con los capitales de “Occidente” sino también de “Oriente”.

En cuanto al centro de la economía nacional, una vez logrado el verdadero control del Estado venezolano sobre su empresa petrolera (hasta entonces manejada por una burocracia gerencial adherente a las transnacionales), planteó las nuevas condiciones, que eran básicamente mayores impuestos y modificación en los términos de la relación de Pdvsa con los pulpos petroleros: estos ya no serían prestadores de servicios (eufemismo de los “Convenios operativos” bajo el cual el Estado había dejado en sus manos actividades como la exploración y producción) o socios en general (bajo la figura de las “Asociaciones estratégicas”), sino que ahora todos pasarían a ser socios de Pdvsa bajo la modalidad de empresas mixtas, aunque con mayoría accionaria del Estado.

El capital imperialista petrolero no fue expulsado ni “expropiado”, la industria petrolera no pasó a ser 100% nacional. Las transnacionales estadounidenses y europeas siguieron aquí, con la incorporación ahora de chinas, rusas y otras; solo algunas pocas no aceptaron las nuevas condiciones y demandaron ante el CIADI. Chávez pulseó para que el país, en la persona del Estado, captara un poco más de la renta petrolera, regateó los términos del saqueo nacional por las transnacionales, pero no rompió con este.

A la par de la bonanza, así como en el petróleo la asociación con mayoría estatal se hizo a fuerza de comprarle –a precio de mercado– las acciones a las trasnacionales, otras empresas importantes que, habiendo sido propiedad pública desde siempre, fueran privatizadas en los 90’s, volvieron a la órbita estatal, mediante la recompra de las mismas. Lo que llamamos entonces la “compra de soberanía nacional”. La nota “radical” vino dada porque algunas –una minoría– fueron “compras forzosas” y porque la estatización terminó abarcando también algunas otras empresas privadas.

De conjunto, tanto en la industria petrolera como en el resto de la economía el gran capital extranjero siguió presente y llevándose ganancias. Lejos de superarse, se exacerbó la relación de intercambio desigual con las potencias capitalistas: en cuanto país “eternamente” deudor, en cuanto zona de “inversiones territoriales”, y en cuanto simple proveedor de materia prima pero comprador de sus productos industriales; todas vías por las que se cuela hacia el exterior el excedente generado en el país. El rentismo, una de las formas en que se expresa la dependencia nacional, llegó al paroxismo: si en el boom de los 70’s de cada 100 dólares que ingresaban al país 80 eran por renta petrolera, con Chávez llegaron a ser casi la totalidad, 96 de cada 100.

Lejos de ningún “desarrollo independiente”, la tendencia histórica a la descapitalización que venía de finales de los 70’s [4] no se revirtió, lo que hubo fue un festín de importaciones –apalancado en el gasto de la renta– totalmente favorable a la industria de las potencias capitalistas, a la parasitaria burguesía comercial/importadora, y que llevó a un nivel extremo la dependencia de las importaciones.

Para peor, no solo se mantuvieron los tratados contra la doble tributación con diversas potencias capitalistas sino que se firmaron otros más [5]: sus productos tienen el beneficio de no pagar impuestos de entrada en Venezuela (ya que pagan a la salida en sus países), un esquema claramente favorable a sus exportaciones y a la profundización del rol “rentista/comprador” de Venezuela, amén de implicar un subsidio indirecto del Estado venezolano a esos capitales, al tiempo que grandes pérdidas fiscales para el país. Tratados vasallos y abiertamente perjudiciales para la nación.

Por si no bastase, gran parte de los dólares subsidiados de la renta pública nacional fueron dados a las grandes multinacionales. Como mostramos en un artículo anterior: “entre las primeras 100 empresas que más recibieron dólares del Estado [entre 2004 y 2012] la mitad son de capitales imperialistas, cuando se reduce a las primeras 25 la proporción crece a casi el 70%, 17 transnacionales de las cuales 9 son emporios estadounidenses”.

El resultado de todo esto fue que, en la supuesta “revolución antiimperialista”, la trasferencia sistemática de valores desde la “periferia” hacia las potencias, mecanismo fundamental del capitalismo imperialista, se mantuvo.

No estaría completo el cuadro, sin embargo, sin un componente clave: el terrible desangramiento del país mediante la sistemática y prolongada fuga de capitales. Bajo Chávez se repitió, con mayor dimensión, otro capítulo de saqueo histórico de la renta pública, no ya el que hace el capital extranjero sino el que ejecuta la burguesía nacional, tanto la tradicional como la “emergente” y los nuevos ricos del chavismo: entre 2003 y 2016 aumentó diez veces la cantidad de dólares en cuentas de venezolanos en el exterior, pasando de 49 mil millones a aproximadamente 500 mil millones, una cifra fabulosa, equivalente a muchos años de ingresos petroleros nacionales. Ese proceso, llevado a cabo no solo por mecanismos ilegales sino por otros totalmente legales, propiciados por el gobierno de Chávez [6], corrió paralelo al ciclo de endeudamiento: es decir, una vez más –como en el endeudamiento de principios de los 80’s–, la deuda pública externa servía para apalancar la transferencia de dólares al exterior por parte de los capitalistas criollos. Una fuga que dejó al país anémico.

Con todo este cuadro, Chávez dejaba al país con las condiciones propicias para la crisis que se desató luego, al cambiar las excepcionales condiciones económicas favorables que lo sustentaron. El asunto es que, si bien en sus últimos años de gobierno ya el proyecto mostraba signos de agotamiento, aún no se expresaban del todo las agudas contradicciones que, sin embargo, se incubaban e irrumpieron con toda su fuerza en el período siguiente.

…al giro entreguista bajo Maduro

Se hizo célebre la declaración de Luis Herrera Campíns cuando en 1979 asume la presidencia: “Recibo un país hipotecado”. Estaba en sus primeros albores la “crisis estructural del modelo rentista” y a las puertas de entrar, años más tarde, a la dura “crisis de la deuda”. Si por la realidad objetiva se mide, Maduro estaba mucho más que habilitado a decir algo similar, el peso del endeudamiento de finales de los 70’s puede aparecer hoy como leve en comparación con el que este recibió de manos de Chávez (aquel no superó el promedio del ingreso público anual del período 1979-83). Sin embargo, Maduro no estaba habilitado políticamente a repetir la frase de Campíns, pues sería develar la enorme carga que su mentor le legaba al país.

Al tomar la cuantiosa deuda externa, Chávez comprometió al país a un ciclo de fuertes pagos durante casi una década, ciclo cuyo inicio coincidió con el gobierno de Maduro y… con la caída brusca de los precios del petróleo. Hay que pagar mucho y hay muchos menos ingresos. Además, dado el previo desangramiento con la fuga, no hay “ahorro nacional”. Llegó la sequía y había que cerrarle el grifo a alguien. El gobierno les dejó el grifo abierto a los empresarios fugadores de renta, se lo abrió más al capital financiero internacional (haciendo los grandes pagos de la deuda externa), y se lo cerró al país y al pueblo, reduciendo drásticamente los recursos para importaciones de bienes de consumo (incluidos alimentos y medicinas), de producción, y para el mantenimiento de la infraestructura nacional, los hospitales, escuelas y empresas públicas.

Desde 2014 en adelante, en medio de la “escasez de recursos”, para garantizar los intereses de la usura internacional y continuar los negocios de los fuga-renta, Maduro privó al país hasta de lo más básico. Dado la previa profundización del rentismo, no había alguna industrialización que permitiera cubrir con bienes nacionales lo que ya no se podría importar, sumiéndose al país en una aguda escasez de bienes de consumo.

Sin embargo, el peso de la deuda seguía siendo enorme (al igual que la descapitalización del país), y lo que en los últimos tiempos de Chávez fueron apenas asomos de una política de nuevas facilidades para el capital transnacional (y nacional), con Maduro dio un salto cualitativo a un grosero entreguismo, que se prolonga y profundiza hasta hoy.

A partir de 2016 avanza con el Arco Minero del Orinoco (AMO), un paraíso neoliberal para el saqueo de los recursos: con menos cargas impositivas que las de la legislación nacional y exoneradas de cumplir con las leyes laborales, transnacionales de todas latitudes reciben concesiones para extraer a placer los múltiples recursos minerales (desde oro hasta coltán) en una extensión equivalente al 12% del territorio nacional. Un proyecto de megaminería que profundiza el extractivismo depredador y rentista, del que solo se benefician el capital internacional… junto a los militares que han proliferado sus negocios allí, y civiles favorecidos por sus vínculos con el gobierno.

Para pagar a los buitres del capital financiero, Maduro tomó más hipoteca con otros usureros internacionales (hasta que a mediados de 2017 las sanciones imperialistas de EE.UU. le restringen las posibilidades de refinanciar la deuda o conseguir nuevos préstamos). Negoció nuevos préstamos en condiciones tan leoninas y lesivas para el país, que en algunos se compromete la producción futura de petróleo, en otros el prestamista (China) impuso que la mitad del préstamo fuera usado para comprarle sus propias mercancías, y en unos casos, una trasnacional (la estadounidense Chevron) le presta al Estado para que tenga recursos para garantizar la repatriación de ganancias de la propia empresa, y para que ponga su parte en una asociación con ella misma, el préstamo ni siquiera ingresó a las arcas nacionales, la empresa dispuso directamente de sus recursos. Cerrando 2017, desde la fraudulenta “Constituyente”, sanciona una nueva ley de inversiones extranjeras con mayores condiciones para la expoliación nacional.

Pero es en el sector petrolero donde más se expresa el giro anti-nacional, la distancia entre el ciclo seminacionalista y el actual: cruzó el límite que prohibía poner propiedades de la nación en garantía por préstamos con el capital internacional, al empeñar partes de Pdvsa (como Citgo) y negociar hoy la entrega de acciones del Estado en las empresas mixtas, como pago por deudas; inició un curso de reversión del esquema de mayoría accionaria al Estado, inclinándose cada vez más a permitir mayoría del capital privado transnacional; revirtió no solo la política impositiva de Chávez sino incluso la de los gobiernos neoliberales, hasta el extremo de exonerar a los pulpos petroleros del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) y cualquier otro impuesto, un servilismo nacional ante las petroleras que, después de los inicios del petróleo bajo la tiranía entreguista de Gómez, ningún otro gobierno llegó a ejecutar; los últimos anuncios indican una vuelta precisamente al esquema de la “apertura” neoliberal de los 90’s, con los “contratos de servicios”. Es todo un giro entreguista y privatizador en la principal industria del país, tal como detallamos con precisión en un artículo anterior de este suplemento.

De hecho, y es importante señalarlo, el pistoletazo para la aguda crisis política de 2017 fueron las sentencias del Tribunal Supremo mediante las cuales se arrogaba, para sí y para el Ejecutivo nacional, las facultades legislativas para reformas que permitieran avanzar en ese curso favorable a las transnacionales. Allí, paradojas de la degradación del chavismo, el bonapartismo del Ejecutivo “anti-imperialista” contra el parlamento controlado por la derecha proyanqui estaba en función de un giro entreguista.

El cuadro complejo de 2019 y el resultado “contradictorio” de la ofensiva imperialista

La pauta de 2019 la marcó la decisión del imperialismo norteamericano de forzar un cambio de régimen en el país e imponer un gobierno títere que facilitara su plan recolonizador, anotándose así una victoria en su objetivo de rediseñar el mapa latinoamericano en función de los intereses geopolíticos yanquis, luego del ciclo “posneoliberal”, el relativo relajamiento de la subordinación política de la región a Washington y la mayor penetración de potencias rivales como China y Rusia. Un agresivo intervencionismo con reiterados llamados a un golpe militar, amenazas a los mandos de las FF.AA. nacionales, sanciones, confiscaciones de bienes del país y provocaciones en las fronteras, estuvieron a la orden del día. Una coalición de unos 50 países, incluyendo las principales potencias imperialistas europeas y todo el derechaje continental, se hicieron parte de este intento, impulsando además el aislamiento internacional del gobierno venezolano.

Aupada por este plan de Mr. Trump, la oposición de derecha recuperó su alicaída capacidad de movilización y llenó nuevamente las calles con grandes movilizaciones de su tradicional base de clase media derechizada, con un claro contenido de apoyo a un eventual golpe de los militares contra Maduro e, incluso, en apoyo a una hipotética intervención militar extranjera. Sin embargo, las fuerzas en acción esta vez, la dinámica y sus resultados, fueron diferentes a los otros momentos claves de ofensiva golpista apoyada por el imperialismo estadounidense, como en 2002 y 2003 contra Chávez. Mostrando la complejidad de un cuadro donde el gobierno atacado por el imperialismo no goza de gran respaldo popular ni se apoya fundamentalmente en las masas.

Al juramentarse Maduro el 10-E para un nuevo mandato, señalamos que se perpetuaba un gobierno repudiado por las masas, carente de legitimidad, sostenido cada vez más sobre el fraude y la represión, pero que solo el pueblo venezolano tenía el derecho de echarlo del gobierno. ¿Por qué señalar esto? Precisamente porque aun con el amplio descontento popular contra el gobierno, quien ya insinuaba un nuevo plan para sacar a Maduro por la fuerza era el gobierno estadounidense y esa oposición de derecha que, desde siempre, se alineó con los capitales extranjeros y los gobiernos imperialistas contra el tibio nacionalismo de Chávez y sus planes sociales, e intentó derrocarlo más de una vez, aun cuando este contaba evidentemente con amplia mayoría popular. Es decir, quienes encabezaban el intento de derrocar a Maduro no eran, en modo alguno, ni unos cándidos “demócratas” ni amigos del pueblo trabajador venezolano.

Lo que no anulaba, sin embargo, la realidad del amplio rechazo al gobierno entre las masas trabajadoras y pobres. Este cuadro se hizo más dramático al acercarse las fechas para el despliegue del plan Trump/Guaidó.

El 22 de enero, un oficial de bajo rango y unos veinte soldados protagonizaron un minúsculo y breve intento de rebelión militar. En la conversación con el comandante encargado de persuadirlos a rendirse, los soldados expresan su malestar por los padecimientos del pueblo que también los golpeaban a ellos (la muerte de una hija por falta de medicamentos, la agonía de una madre con cáncer, la indolencia de los jefes, etc.), aunque en clave corporativa (y por tanto reaccionaria): “los oficiales se llenan y se llenan, son ellos nada más, ¿y nosotros?”. Aunque desactivado rápidamente sin combate, dio pie a algunas pequeñas manifestaciones en zonas populares de Caracas, pero no de rechazo (como cuando los golpes contra Chávez), sino al contrario, expresando cierto apoyo a los soldados, aunque no necesariamente en clave golpista sino de empatía con lo que estos expresaban sobre la crisis común que se sufre y se hace inaguantable [7].

Esto dio un salto cualitativo en la noche y los días siguientes, coincidiendo con la “autoproclamación” de Guaidó como “Presidente interino” el 23 de enero. Largos años de padecimientos –inauditos en la historia nacional de varias generaciones–, la incapacidad del gobierno para ofrecer más que profundización de la crisis y represión como respuesta al descontento, su tendencia al fraude y a pisotear el voto popular, y la enorme distancia entre la vida miserable del pueblo y la “buena vida” de los del gobierno, sus familiares y allegados, trajeron entre la población un suerte de “cualquiera menos Maduro”, “lo que sea menos este gobierno”, lo que se expresó claramente al ver una posibilidad de que “al fin” algo iba a cambiar: aun cuando la clave siguieron siendo las grandes movilizaciones de la clase media, esta vez numerosas protestas se extendieron en zonas populares de Caracas otrora bastiones del chavismo, no protestaron en rechazo al protogolpismo (como antes), sino en claro rechazo al gobierno.

La respuesta del régimen fue una dura represión asesina, que en poco más de una semana se cobró la vida de casi 40 personas, en su gran mayoría de los barrios. La desesperación popular, el hastío con la situación y con el gobierno, les hizo coincidir en su protesta con la ofensiva proimperialista. Para cortar de cuajo esta tendencia, el gobierno no dudó en imponer el terror y los asesinatos, incluso a sangre fría: con la colaboración nefasta de “las organizaciones del poder popular”, identificaron participantes de las protestas, días después las FAES allanaron las casas, detuvieron sin orden judicial y, en más de una ocasión, a quienes tenían algún antecedente penal los ajusticiaron.

En el movimiento obrero se venía de la derrota del ciclo de luchas del segundo semestre de 2018. Los intentos de recuperar el pulverizado salario e impedir el brutal ataque de la eliminación por decreto de los contratos colectivos, se saldó con varios dirigentes presos, activistas despedidos, diversas represalias en los lugares de trabajo y, de conjunto, la más cruda impotencia ante la regresión más drástica en derechos en la historia del movimiento obrero venezolano. Si había alguna posibilidad de retomar la lucha en 2019, esto fue truncado por la combinación de la impotencia previa más el “fenómeno Guaidó”, que no solo fue aprovechado por algunos sectores populares para expresar su hastío, su “cualquiera menos Maduro”, sino que también impactó en activistas del movimiento obrero que vieron allí la posibilidad de lograr “un cambio”; a lo que contribuyó decisivamente la burocracia sindical de los partidos de la derecha, que obró con todo para poner el descontento de los trabajadores al servicio del plan de Trump y Guaidó. El intento más avanzado (que no sin contradicciones) de coordinación de las luchas que había surgido al calor de 2018, fue convertido en un apéndice de los planes de la derecha.

De esta manera, a diferencia de 2002/2003, esta vez no hubo protagonismo popular y obrero en el enfrentamiento a la ofensiva de la reacción proimperialista, la diatriba en las calles se dirimió entre las movilizaciones progolpistas de la derecha, compuestas mayoritariamente por su base tradicional de clase media –a la que se sumaron algunos sectores sindicales y gente de los barrios–, y la represión del gobierno y sus movilizaciones, claramente minoritarias en comparación a las de la oposición, y conformadas en su mayoría por trabajadores del Estado (no sin su cuota de coacción) y las diferentes organizaciones del aparato clientelar del partido/gobierno.

Más globalmente, al tratarse de una ofensiva con objetivos golpistas, y sin protagonismo obrero y popular, el énfasis se trasladó cada vez más a la capacidad de aguante y abroquelamiento del aparato militar ante las amenazas y el agresivo intervencionismo imperialistas: las FF.AA. venezolanas fueron conminadas reiteradamente por los funcionarios de la mayor y más agresiva potencia militar del mundo, a lo que sería en los hechos una “rendición”: deponer a Maduro a cambio de una “amnistía” garantizada por los EE.UU. o, caso contrario, exponerse a que los sometieran a juicios por “delitos de lesa humanidad” y una posible intervención militar extranjera. El sometimiento de las FF.AA. a la presión, “por abajo” de las movilizaciones de la clase media y Guaidó exigiéndoles que dieran un golpe, y “por arriba” de las amenazas del imperialismo estadounidense, incluyó el vil operativo de la “ayuda humanitaria” (23-F) y el fracasado intento de golpe (30-A).

En ese trayecto se continuó agudizando la dinámica que tomaba el enfrentamiento a la ofensiva imperialista, por un gobierno que, lejos de tener amplio respaldo popular y apoyarse en la movilización de las masas, lo hacía cada vez más recostado en los militares y reforzando la represión al descontento popular.

El día de la provocación imperialista en las fronteras, cientos de habitantes de Santa Elena de Uairén y sectores del pueblo pemón, aspirando realmente obtener medicamentos y alimentos, terminaron sin embargo envueltos trágicamente en una confrontación ajena a sus intereses: impulsados por dirigentes pro Guaidó, se organizaron para hacer pasar por la fuerza la “ayuda humanitaria” desde Brasil hacia Venezuela, es decir, exactamente lo que proponía el plan imperialista, intento que derivó en enfrentamientos con los militares y la descarga por parte del gobierno de una dura y ensañada represión contra el pueblo desarmado, con muertos de por medio, allanamientos de comunidades enteras y la huida hacia Brasil de cientos de indígenas.

Otro momento que expresa el cuadro es el salto en la utilización de los grupos parapoliciales (los mal llamados “colectivos”) para reprimir el descontento popular. Tanto ante protestas pro Guaidó, como ante otras por reclamo de servicios públicos, actuaron esos grupos civiles, llegando a disparar y herir a plena luz del día a manifestantes. Maduro respondió declarando públicamente su apoyo a esos grupos.

De manera que el gobierno –y por intermedio suyo el país– aguantó los embates de la ofensiva imperialista, no triunfó el golpismo impulsado por Trump para imponer un gobierno títere, lo que tiene importancia tanto para Venezuela como para el conjunto de los pueblos de América Latina, pero ante la ausencia de intervención de los trabajadores y el pueblo pobre con sus métodos en esa pugna, el resultado fue bastante contradictorio, fue el “menos malo”.

Por un lado, en el sentido de que no salió fortalecido el movimiento obrero y popular sino que el régimen salió fortalecido ante las masas en su capacidad de coacción y represión, no solo reafirmó ante los gobiernos imperialistas el derecho soberano de Venezuela a que estas no le impongan el gobierno, sino que también reafirmó su dominio ante las masas un régimen burgués cuasi-dictatorial que ha asestado quizá la más dura derrota recibida por los trabajadores venezolanos y que silencia con mano de hierro el descontento popular.

Más aún, dentro del engranaje del régimen fue el aparato militar quien salió claramente fortalecido. Como señalamos en su momento, las FF.AA. salían fortalecidas en su rol de “árbitros” de la situación (o de una eventual “transición”), rol que le otorgan tanto el gobierno como la oposición: “los militares saben que es gracias a ellos que Maduro sigue en Miraflores, y Maduro también lo sabe. Falto del apoyo popular que ostentaba Chávez, Maduro depende cada vez más de la ‘lealtad’ del estamento militar”. Se fortaleció como factor de poder con relativa autonomía un sujeto que, eventualmente, pudiera pactar con el imperialismo si le son garantizadas sus prebendas, y que además representa una de las expresiones menos “populares” del chavismo: la constitución de los militares en una verdadera casta con base al pillaje y el enriquecimiento desde el Estado.

Pero no solo es contradictorio el resultado de 2019 en ese sentido que venimos planteando, sino que el régimen que se mantiene a pesar de la voluntad de los imperialismos estadounidense y europeos, sin embargo no refuerza los elementos de “nacionalismo” previos o siquiera los mantiene, sino que al contrario opera cada vez más como parte de un engranaje para la rapiña de capitales imperialistas sobre el país; aunque en clave “controlada”, no bajo un gobierno digitado por Washington para una directa recolonización, y con la participación clave de Rusia y China, que si bien no son países estrictamente imperialistas, sus capitales y préstamos cumplen los roles de expoliación y saqueo que los imperialismos clásicos.

A su vez, esa ofensiva, que si bien fracasó, incluyó confiscaciones de bienes de la nación, “medidas coercitivas unilaterales” (sanciones) y un cuasibloqueo petrolero, ataques que se mantienen y debilitan al país, sin que en cambio Venezuela haya avanzado ni un milímetro en corresponder con medidas antiimperialistas. El capital imperialista y sus gobiernos (con la complicidad de la oposición “venezolana”), por el solo “derecho” de la fuerza se han cobrado deuda compulsivamente e impulsado un estrangulamiento económico del país para forzar un cambio de gobierno a su conveniencia. A pesar del fracaso de sus planes, ese avance imperialista sobre la nación se mantiene.

Por otra parte, al ser el de Maduro un régimen que ha diezmado al movimiento obrero y popular, sienta las bases de una condición favorable para el retroceso semicolonial a que aspiran los capitales imperialistas y sus gobiernos: anular lo más que se pueda la capacidad de resistencia de los trabajadores y el pueblo venezolano. La agresiva respuesta represiva de Maduro –con organismos militares de por medio– a los recientes intentes de ponerse en pie de los trabajadores petroleros (y de las empresas básicas), donde hay un curso entreguista, confirman este papel reaccionario.

Por eso, visto más de conjunto, el resultado de la ofensiva imperialista es bastante complejo en lo que hace a la relación del país con los poderes del capitalismo imperialista: a pesar de haber fracasado, la manera concreta en que bajo el régimen de Maduro/FF.AA. se desarrolló la pugna ante la ofensiva imperialista, no implicó necesariamente que el país y las masas venezolanas salieran mejor parados ante las apetencias imperialistas.

En el próximo artículo, con el que cerramos la exposición que nos proponemos, abordaremos los aspectos de fondo que hacen a la explicación del por qué estos cambios y degradación tan dramática bajo el signo de un mismo movimiento político: el chavismo.