Durante la visita del mandatario a la entidad, familiares de personas desaparecidas recriminaron la atención que sí reciben familiares de líderes del hampa por parte del gobierno federal y que les es negada a las víctimas de una guerra contra el crimen que parece no tener fin.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Martes 16 de junio de 2020
Este lunes, familiares de personas desaparecidas se manifestaron en Veracruz durante la visita de Andrés Manuel López Obrador a la entidad como parte de su nueva gira nacional de llamado a la "nueva normalidad". El encuentro no contó con los honores que brindó el Ejecutivo meses atrás a las familias y sí con escenas de descontento e indignación ante la negativa del mandatario a detener su camioneta y atenderles.
Veracruz concentra un tercio de las desapariciones ocurridas desde el inicio de la llamada "guerra contra el narco" a nivel nacional, con 20 mil de los 60 mil casos calculados oficialmente.
En un video que circuló a través de redes sociales se puede escuchar cómo, entre fotos de desaparecidos y pancartas con reclamos de justicia, se alza la voz de una mujer que recriminó al mandatario haberse entrevistado con familiares de líderes del crimen organizado. Esto mientras rehúsa atender a las víctimas de una "guerra" cuyo principal detonante de violencia -la militarización del país- sólo se profundiza bajo la actual administración.
De este episodio se desprende, sin embargo, un cuestionamiento que va más allá de los gestos políticos que pueda tener AMLO para sostener el equilibrio entre su discurso y las medidas de su gobierno en materia de seguridad y DDHH. Este cuestionamiento gira en torno a la impunidad que tiñe de negro las cifras de desapariciones en Veracruz y que evidencia un entramado de colusión entre el crimen organizado y fuerzas del gobierno a sus tres niveles.
A pesar de que organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNHD) han acreditado la participación de elementos de la policía en desapariciones forzadas en la entidad y que el mismo gobierno, tras años de lucha, tuvo que emitir dos disculpas públicas por los casos de Tierra Blanca y Papantla, con fuerzas policíacas involucradas, a la fecha no existe ninguna sentencia al respecto.
En México, apenas el 2% de casos registrados reciben algún tipo de seguimiento judicial. No hay precedente de justicia en casos que involucren a policías en desapariciones forzadas.
Los casos de Tierra Blanca y Papantla revelaron un sistema que, a pesar de la particularidad del caso por la resolución jurídica, es común por todo el país. La policía opera la desaparición forzada y entrega a sus víctimas al crimen organizado. Según investigaciones periodísticas y testimonios de sobrevivientes, muchos terminan sus días en campos de trabajo forzado, como carne de cañón, en redes de tráfico de personas o anegando las fosas clandestinas que metrallan la geografía nacional.
Más del 50% de las fosas que se han encontrado en el país se encuentran en cinco estados principalmente: Colima, Guerrero, Sinaloa, Sonora y sí, Veracruz.
Las promesas de búsqueda y justicia hechas por AMLO durante su campaña electoral han sido sustituidas por medidas como el anuncio del recorte del gobierno federal a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que, por otro lado, no ha rendido resultados. Así lo demuestra la exigencia de renuncia de su titular y el creciente hartazgo ante los nulos avances en la búsqueda de las y los desaparecidos y otros de los aspectos contemplados por la Ley de Víctimas que han convertido a familiares de víctimas en los responsables de la búsqueda efectiva en un calvario que parece no tener fin.
