El gobierno no quedó conforme con la redacción de la ley por lo que mediante un veto suspensivo pretende facilitar su implementación, es decir mejorar el despliegue militar en contra de trabajadores de sectores estratégicos como minas y puertos.
Miércoles 20 de julio de 2022
Durante el gobierno de Piñera, como vía para enfrentar las protestas, se redactó un proyecto que buscaba facilitar el despliegue de militares para resguardar infraestructura crítica, es decir para llenar puertos y minas de militares ante la emergencia de manifestaciones y protestas.
Sin embargo, este proyecto no logró los votos suficientes, estancándose en el parlamento hasta que el gobierno de Boric decidió impulsar su discusión ante la derrota legislativa con los estados de excepción que llamaron “intermedios”.
En esta ocasión el gobierno si alcanzó los votos suficientes siendo aprobada la iniciativa. Pero este martes el gobierno ingresó un veto sustitutivo para ingresar modificaciones al proyecto para, según el gobierno, “facilitar” su implementación.
Este veto presidencial en ningún caso pretende echar atrás la nefasta iniciativa, el gobierno, muy por el contrario, pisó el acelerador, pues esta facilitación de su implementación no es más que facilitar el despliegue militar ante protestas en sectores estratégicos, es decir, en ferrocarriles, puertos y minas.
Las modificaciones que pretenden incorporar al proyecto buscan definir la cadena de mando para determinar bajo qué autoridad quedan al mando las fuerzas militares e instruir reglas del uso de la fuerza ante protestas.
Según Siches, estas modificaciones permitirían el despliegue de militares “sin vulnerar los derechos individuales de las personas”. Sin embargo, no hay que esforzarse mucho para recordar cómo operan los militares en sus labores de “resguardo” con asesinatos de civiles, como Romario Veloz durante las protestas del 2019.
Pareciera que lo que busca el gobierno, mediante simples modificaciones, es evitar posibles “excesos” por parte de las fuerzas represivas. Pero esto no es más que una ilusión, pues este proyecto no busca más que legitimar el uso de militares en protestas, lo cual no puede tener otro resultado que la vulneración de derechos y garantías democráticas.
Esta ley es sumamente peligrosa, especialmente para el movimiento obrero. No solo pretende permitir al presidente el uso de la fuerza para “resguardar” infraestructuras, sino que es preparatorio para cuando los trabajadores de estas infraestructuras salgan a luchar por sus necesidades más elementales, como la defensa de sus salarios ante el alza de la carestía de la vida, como pasa actualmente en Europa con importantes huelgas portuarias y aeroportuarias.
Así las cosas, con este proyecto, el gobierno no hace más que continuar el camino iniciado por Piñera para garantizar el saqueo de nuestros recursos naturales y el enorme negocio millonario detrás de puertos y mineras, dotando al presidente de una "herramienta legal", palabras muy bonitas para ocultar el cual será el trabajo sucio, es decir, bajar huelgas a punta de balazos.
