Juicio. Vialidad: la defensa de Cristina afirmó que la acusación de los fiscales quedó demostrada como falsa

“Nunca bajamos los brazos porque sabemos que la verdad siempre triunfa, y eso es lo que pasó en este juicio.” Así comenzaba el alegato en defensa de Cristina Fernández de Kirchner su abogado, Carlos Beraldi este lunes por la mañana. La vicepresidenta está acusada en el juicio denominado “Vialidad” u “obra pública” de los delitos de asociación ilícita y defraudación al Estado para beneficiar al empresario de la construcción Lázaro Báez con obras viales en la provincia de Santa Cruz de manera ilegal.

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Los fiscales Luciani y Mola utilizaron nueve audiencias para formular su alegato donde pidieron una condena de 12 años de prisión para la vicepresidenta y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El carácter persecutorio de este pedido de condena, basado en una figura cuestionada como la asociación ilícita, sumado al vínculo entre el fiscal Luciani, el juez Giménez Uriburu y su cercanía al expresidente Mauricio Macri -lo cual motivó el pedido de recusación por las defensas- dan cuenta de un proceso judicial altamente cuestionado por su parcialidad, y que no busca investigar profundamente los entramados de corrupción que evidentemente hubo en los gobiernos peronistas y macristas. Incluso en la defensa que realizó Cristina Kirchner a la acusación de Luciani y Mola desde su despacho en el Senado (transmitida por redes sociales) terminó mostrando que los negociados y la corrupción en la obra pública fue un problema estructural en los gobiernos kirchneristas, pero que no hay "grieta" en la corrupción, y los mensajes entre López y Nicolás Caputo dejan en claro eso; como denunció la izquierda siempre, es un problema estructural al capitalismo.

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“La fiscalía pidió 89 años de prisión de conjunto para toda la gente en este juicio, un disparate” dijo Beraldi mientras refutaba punto por punto los argumentos de los fiscales contra Cristina Kirchner en su primer día de alegatos. Criticó duramente el direccionamiento político de la denuncia que originó el juicio, califico de mala praxis la actuación de los fiscales al no investigar y probar debidamente lo que alegaron y ocultar pruebas deliberadamente y fue determinante al decir que “llegó el momento de la verdad”.

Primer período y cosa juzgada

Beraldi desarrolló los argumentos en defensa de Cristina durante ocho horas del lunes proponiendo demostrar la falsedad de la acusación de ambos delitos y la falta de pruebas por parte de la fiscalía. Pero antes comenzó una periodización de la causa que según él se rastrea al año 2008 previo a este juicio, cuando la ex diputada nacional Lilita Carrió realiza la primera denuncia respecto irregularidades y direccionamiento por parte del Poder Ejecutivo hacia las obras viales de Santa Cruz.

Esta denuncia, junto a la que posteriormente realizara la diputada Mariana Zuvic, ambas pertenecientes a Juntos por el Cambio, fueron en primer lugar investigadas por la justicia provincial de Santa Cruz y no por la justicia federal de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema al respecto, y posteriormente fueron una de ellas archivada y la otra resultó en el sobreseimiento de los investigados. Este es uno de los argumentos que ya había sido planteado por la propia Cristina Kirchner, cuando realizó su discurso de defensa después del pedido de condena de los fiscales en sus redes sociales, para afirmar que ya hay cosa juzgada sobre lo que analiza este juicio.

Segundo período: cómo inicia el juicio actual

Luego Beraldi desarrolló lo que llamó el segundo período, iniciado con la asunción de Mauricio Macri como presidente y la designación del ingeniero Iguacel en Vialidad Nacional, quien inicia la auditoría sobre las obras de Santa Cruz y presenta posteriormente la denuncia que motiva el juicio actual. “Que la prueba sea la que ilustre al tribunal y a toda la gente que está siguiendo este juicio sobre en definitiva, quién tiene razón”, afirmó el abogado para pasar a refutar a los fiscales desde las pruebas presentadas en el proceso del juicio, mediante los testigos, peritos sobre las obras, informes, técnicos en presupuesto, y ex jefes de Gabinete.

El abogado de Cristina expuso cómo el primer informe de la auditoría pedido por Iguacel arrojó que no hubo deficiencias constructivas de relevancia, ni desajustes relevantes, sin embargo el exfuncionario realizó igualmente una denuncia que luego terminó en el procesamiento por pedido de los fiscales Mahiques y Pollicita al juez Ercolini, a Cristina Kirchner por la asociación ilícita, por la inmersión del amigo y socio presidencia en el negocio de la construcción civil (en referencia a Báez), la exportación de la estructura provincial a la nacional, la concentración de la obra pública, y las irregularidades en las obras viales.

Al respecto Beraldi recordó que respondieron alegando la “inexistencia de delito, indebida intromisión del poder político en el trámite de las actuaciones, necesidad de readecuar el objeto procesal de la causa a efectos de investigar toda la inversión pública del período 2003-2015”. “Si acá hubo delito queremos saberlo” enfatizó, y que fueron rechazadas todas las medidas de prueba y planteos presentados por la defensa, incluyendo la violación a la prohibición de doble juzgamiento y el pedido de unificación de los juicios.

Administración fraudulenta vs. Decisiones políticas

Frente al argumento del fiscal Luciani durante su alegato donde dijo que “La teoría de que hay cuestiones no judicializables atentan contra el orden democrático”, Beraldi respondió con doctrina del propio juez supremo Horacio Rosatti y con jurisprudencia de la Corte en el fallo “Bustos” para fundamentar que las decisiones de gobierno no son cuestiones judicializables. Allí se considera que no hay reglas jurídicas que determinen qué criterios se utilizan para la asignación de fondos por parte del gobierno, ni límites que se impongan para otorgar partidas en áreas o zonas del país. Esto es materia de decisiones políticas que, en todo caso, de haber errores, deberán ser corregidas por el voto y las elecciones, y no a través de juicios ya que el Poder Judicial es el menos democrático.

Beraldi agregó que la inversión en la obra pública fue una decisión política de las gestiones entre 2003-2015 de la cual resultaron nuevas empresas y empresarios, no sólo Austral Construcciones y las de Lázaro Báez. “Eso se decide en elecciones no en un proceso judicial de manera ilegal. (…) La carga de la prueba la tiene la fiscalía, no pudo probar la asignación fraudulenta, más grave, ni siquiera lo buscó, la prueba q se produjo en el juicio fue a instancia nuestra porque si se hubiesen ocupado no hubieran incurrido en la mala praxis” concluyó al respecto.

Los instrumentos de la asociación ilícita: las leyes de presupuesto

La ennumeración de leyes, reglamentaciones y testimonios de expertos técnicos en materia presupuestaria nacional, así como de los exjefes de gabinete como Alberto Fernández, Abal Medina, Sergio Massa, Jorge Capitanich que realizó Beraldi buscó refutar la acusación de que como no hubo modificaciones al votar el presupuesto enviado por el ejecutivo en el Congreso, es la prueba que la inversión fue diseñada por el gobierno y la participación del congreso fue marginal, según Luciani.

La exposición de las pruebas remarcó que: la elaboración del presupuesto es responsabilidad de la Oficina Nacional del Presupuesto, y del Ministerio de Economía, que las leyes fueron debatidas en el Congreso y aprobadas sin pruebas de coerción o direccionamiento, y que la responsabilidad de su ejecución constitucionalmente recae sobre el jefe de gabinete. Además, los abogados defensores introdujeron el elemento de que en dos oportunidades la coalición opositora presentó proyectos alternativos de presupuesto en 2010 y 2011 donde se incluían las mismas obras viales en Santa Cruz objetadas en el juicio, incluso ya realizada la primera denuncia de Carrió.

Asimismo, Beraldi tiró abajo la acusación de que los DNU y las resoluciones administrativas se hayan usado para el desvío de fondos, ya que eran trámites habituales en la ejecución presupuestaria, que los fondos del fideicomiso pudieran ser utilizados por el presidente a discrecionalidad sin pasar por el Congreso, ya que se incluyen en la ley de presupuesto, y remarcó la “ausencia de interferencias de la Presidencia, Cristina no dió jamás instrucción directa o indirecta a sus funcionarios subalternos para que éstos incluyeran dentro de las resoluciones y disposiciones partidas presupuestarias dirigidas a solventar obras viales en Santa Cruz.”

Apagón informativo

La defensa de Cristina Kirchner estableció que con estas pruebas la acusación de los fiscales se había probado falsa, por lo tanto, a último momento decidieron ampliar la construcción de los delitos mediante “dos hechos inventados”: el apagón informativo y el plan “limpiar todo”.

El supuesto apagón informativo consistiría en la falta de debida información al Congreso Nacional para que pudiera realizar un seguimiento de la ejecución y control de las obras viales en Santa Cruz. Sin embargo, argumentó el abogado de Cristina, los fondos para las obras fueron informados en las leyes de presupuesto: “dice que en la ley de presupuesto no están, y están. Es muy grave, está demostrado que mintieron.” Y volvió a criticar la acusación de los fiscales diciendo que “La acusación de que el poder ejecutivo aumento sistemáticamente las partidas es falsa. Ocultó deliberadamente todos los actos de gobierno por los cuales el ejecutivo redujo las partidas a las obras asignadas.”

“Mañana será el capítulo a este otro hecho escandaloso que la fiscalía construyó con calumnias y mentiras que llamó plan limpiar todo. Yo les garantizo que si todo lo que vieron hasta aquí es un escandalo cuando vean la mentira del plan limpiar todo no van a salir de su asombro”, anunció Beraldi en adelanto a lo que será la segunda audiencia de la defensa de Cristina Kirchner este martes.