La gobernadora de la provincia de Buenos Aires presentó ayer en la Corte Suprema una demanda para recuperar la totalidad del “Fondo del Conurbano bonaerense” y el retroactivo de los últimos 5 años.
Martes 2 de agosto de 2016
La crisis del macrismo en la provincia de Buenos Aires volvió a dar la nota. Vidal le exige al Estado nacional que le devuelva alrededor de 300 mil millones de pesos que no cobró del “Fondo del Conurbano bonaerense”.
El macrismo no puede resolver la situación económica de Vidal de manera administrativa, porque se enfrenta a la posibilidad de que el resto de las provincias reclamen “su parte” del fondo de coparticipación. Por eso la gobernadora se ve obligada a denunciar al Estado presidido por su propio espacio político.
También reclamó que la provincia sea incluida en el reparto del “Fondo de Infraestructura Social”, que se forma con el 4 % de la recaudación del impuesto a las Ganancias y se reparte entre el resto de las provincias, menos Buenos Aires.
En total, la demanda alcanza esa cifra abismal porque teniendo en cuenta el retroactivo, corresponderían aproximadamente 50 mil millones por año.
Este fondo se creó a principios de los años ‘90, cuando Carlos Menem y Eduardo Duhalde, en ese momento presidente y vicepresidente de la nación, arreglaron una partida especial de recursos con el objetivo de que el “cabezón” se convirtiera en gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Se trataba de 650 millones de pesos (a su vez dólares en ese momento), provenientes de una parte de la recaudación por el impuesto a las ganancias. Esa cifra quedó congelada, y hoy en día la provincia sigue recibiendo el mismo monto (en pesos). Si se hubiera actualizado por inflación y por la porción del impuesto que le corresponde a Buenos Aires, hoy estaría recibiendo cerca de 50 mil millones de pesos.
Habrá que ver si la demanda se presenta también contra las 22 provincias que hoy se quedan con casi el 99 % del Fondo del Conurbano (la Capital está excluida) o si se los incluye en la demanda como terceros interesados. La segunda opción suena más conveniente para el gobierno de Macri, dado que de lo contrario se vería enfrentado a los gobernadores peronistas que vienen dándole apoyo y garantizando la “gobernabilidad” (con ajustes y represiones locales) en los ocho meses que lleva como presidente.