Con una superpoblación récord y más de la mitad de presos sin condena, la Gobernadora quiere descomprimir repartiendo tobilleras electrónicas. Pero las cárceles siguen llenas de pobres.
Viernes 7 de septiembre de 2018
Desde el Ministerio de Justicia bonaerense a cargo de Gustavo Ferrari, confirmaron la decisión del gobierno de Vidal. Un total de 1.421 presos alojados en distintos penales de la Provincia de Buenos Aires serían beneficiados con arresto domiciliario y serían "controlados" con la tobillera electrónica.
Según fuentes de dicho ministerio, el argumento es que la superpoblación carcelaria hace imposible que sigan alojados en las cárceles bonaerenses.
Desde hace años, distintos organismos de derechos humanos vienen denunciando el estado de las cárceles en Argentina y en especial en la Provincia de Buenos Aires.
La saturación de las cárceles es responsabilidad del Poder Judicial bonaerense, que en forma arbitraria mantiene privadas de su libertad a más de la mitad de los presos con prisión preventiva. Además hay más de 1.200 detenidos en las comisarías provinciales encerrados bajo esta figura.
Hace menos de dos años la ONU elaboró un informe en el que acusa al Estado argentino de incurrir en permanentes violaciones a los derechos humanos, entre las que se mencionan las que tienen lugar dentro del sistema penitenciario. En su texto dice: "Preocupa al Comité informes que dan cuenta de requisas vejatorias, particularmente en la provincia de Buenos Aires, traslados forzosos y el recurrente uso de la reclusión en régimen de aislamiento como método de castigo". Y continúa: "En los tres penales bonaerenses, el organismo constató la falta de acceso a la salud de las personas allí alojadas, tal como se viene denunciando desde hace años: condiciones edilicias ruinosas, alimentación deficiente, falta de personal médico, de insumos y de medicación y serias dificultades para acceder a la atención extramuros".
Las cárceles provinciales en su conjunto tienen lugar para alojar a 28 mil detenidos. Actualmente, según cifras del SPB mismo, hay 41.267 personas privadas de su libertad. Dependencias como la Unidad Nº 49 de Junín excedida en un 135% (hay 958 presos donde debería haber poco más de 400). En ese mismo lugar hay 23 mujeres embarazadas, tres de ellas que conviven con hijos y 73 niños que se crían junto a sus madres detenidas, además de 82 personas trans.
Esta decisión del gobierno de Vidal, nada tiene que ver con mejorar las condiciones de detención de miles de presos y presas de la provincia. En nada va a cambiar cuando en las cárceles provinciales que tienen lugar para alojar a 28 mil detenidos, actualmente, según cifras del propio SPB, hay 41.267 personas privadas de su libertad.
No sólo Cambiemos es responsable
Para el año 2014, el 40% del personal del Servicio Penitenciario Bonaerense provenía de la dictadura genocida. Así lo reconoció Florencia Piermarini, jefa del SPB en ese momento, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde fue convocada para dar explicaciones sobre la situación de las cárceles de la provincia en las que el hacinamiento, las torturas, las condiciones de alojamiento denigrantes son moneda corriente y van en aumento. La funcionaria admitió que el 60 % del personal penitenciario ingresó en democracia, lo cual denota que un 40% ejerció funciones durante la última dictadura militar, dejando en evidencia la continuidad que existe en el aparato represivo del Estado.
La práctica extendida y sistemática de la tortura como método de castigo fue también una de las principales denuncias hacia el personal del Servicio Penitenciario del gobierno kirchnerista.
