COVID-19 EN HOSPITALES. [Video] Clínicas privadas en pandemia: más que una solución son un problema

En Argentina, hay récord de contagios entre el personal de salud. Son muchísimas las denuncias que llegan de los hospitales y también de clínicas que pertenecen a obras sociales y prepagas. Es que la situación no es muy distinta.

Los empresarios de la salud se llevan el récord de aumentos. El año pasado el rubro Salud registró un alza en sus cuotas de 72,1%, por encima de la inflación general del período, que se ubicó en el 53,8 por ciento.

Además, reciben parte del presupuesto público. El sector privado (prepagas y medicina privada) representa el 4,92 % del PBI argentino y un 3,09 % las Obras Sociales (contando al PAMI).

Lejos de utilizar los recursos para enfrentar la pandemia, dejan totalmente expuestos a los trabajadores y a los pacientes. Escatiman en elementos de bioseguridad, en pagar las licencias por maternidad y hasta dejan de pagar sueldos.

Los empresarios de la salud ven a los pacientes como clientes y todo lo que conlleve abaratar costos acrecienta sus ganancias. La flexibilización de sus trabajadores es una moneda corriente en clínicas privadas, la falta de insumos igual. Esta realidad lleva a que los trabajadores de la salud tengan más de un trabajo en distintas clínicas u incluso en hospitales públicos, poniendo en peligro la diseminación del contagio intrahospitalario.

“Nos plantamos”

Cada vez se escucha más entre las y los trabajadores de la salud, tanto del sistema público como el privado, la necesidad de plantarse para trabajar en condiciones óptimas. Mientras los sindicatos están guardados en cuarentena, en distintas clínicas y hospitales son las y los trabajadores quienes toman medidas para trabajar en forma segura. Es así como trabajadores del Hospital Rivadavia ya organizaron una comisión de higiene y seguridad. Plantean que son ellas y ellos los realmente interesados en evitar el contagio entre la primera línea, pero también en sus familias, y los propios pacientes.

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En CABA el 69% de las instituciones de salud con internación son privadas. Las prepagas y obras sociales además cuentan con laboratorios, e instalaciones que pueden ser puestas a disposición junto con todo el sistema público para optimizar la atención de los casos del COVID 19, así como también realizar testeos de manera más rápida y con mayor cantidad. Todos esos recursos tienen que ser declarados de utilidad pública mientras dure la pandemia.

A principio del mes de abril, el ministro nacional de salud Ginés González García, atinó a mencionar alguna forma de centralización de todo el sistema de salud -privado y público- y rápidamente se hecho para atrás ante el lobby de las multimillonarias clínicas y laboratorios privados.

Es tarea de los trabajadores pelear por esta perspectiva. Que es que las empresas de medicina privada deben funcionar bajo la órbita del Estado como parte de un plan centralizado de todo el sistema. Aquellas empresas que se nieguen a poner todos sus edificios, aparatología y recursos al servicio del combate a la pandemia sin cobrar un centavo, deberán ser expropiados y funcionarán bajo la gestión directa de sus profesionales y el resto de los trabajadores que seguirán percibiendo el 100% de sus haberes a cargo del Estado.

Como dijimos antes, ya no solo es una forma de unificar recursos ante la pandemia, sino en frenar la desprotección sobre los trabajadores de la salud y el contagio intrahospitalario. No puede ser que la sed de ganancias de unos pocos empresarios de la salud, este por encime a de las necesidades de las mayorías. La salud es un derecho humano. No se puede seguir manejando como una mercancía.

Y como decimos al comienzo, las clínicas privadas en pandemia, más que una solución son un problema para la extensión del contagio.