REGIMEN POLICIACO. [Video] ¿Por qué llevan a juicio a luchadores en Jujuy?

El juicio contravencional que se lleva a cabo en Jujuy contra organizaciones sindicales, sociales y los partidos del Frente de Izquierda ha recibido un amplio apoyo de todo el arco de dirigentes sindicales, políticos y de los derechos humanos de la provincia. Desde legisladores del PJ y del Frente de Izquierda, sindicatos como el SEOM, AOMA, Adiunju, APUAP, SOEA, SOEAIL, SIEOM, como también organismos y referentes de derechos humanos como la Correpi, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia o referentes como Sergio Maldonado, entre otros.

Recordamos que este juicio se refiere a la movilización que se realizó el 4 de abril de 2018 ante la apertura de sesiones de la Legislatura a cargo del Gobernador. En ese momento, diferentes sindicatos, organizaciones sociales y los partidos del Frente de Izquierda, realizaron una protesta ante la represión y despidos en el ingenio La Esperanza a fines de 2017, la crisis edilicia en la escuela Helen Keller y la falta de respuesta a las paritarias, entre otros, reclamos que fueron presentados en forma unitaria.

El rechazo al juicio ha llegado al Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy a pedido de los concejales del PTS-Frente de Izquierda y un sector del PJ y, el presidente del concejo, tuvo que convocar a una sesión extraordinaria para tratar el tema. Sin embargo, la ausencia de un concejal del PJ y del bloque radical impidió el quórum. El mismo pedido se realizó en el Concejo de Libertador Gral. San Martín y en Palpalá a instancia del FIT.

Mientras crece la oposición al juicio desde el Juzgado Contravencional avanzan las audiencias donde se puede corroborar el accionar policial generando las pruebas de las supuestas infracciones, mediante filmaciones y fotografías, para luego realizar las contravenciones y finalmente llevar a juicio a quienes ellos consideran infractores tal como hemos ido reflejando en este medio a través de los abogados del Ceprodh que defienden al PTS en el Frente de Izquierda.

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Esta metodología policial aplicada sobre dirigentes sindicales y políticos pretende reforzar un mensaje desde el gobierno y el Estado hacia el conjunto de la clase trabajadora y los sectores más golpeados por la crisis. Justamente son los vendedores ambulantes, los feriantes y la juventud de los barrios más humildes los que más actas contravencionales reciben, sostiene Gastón Remy, dirigente del PTS e imputado en esta causa.

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El disciplinamiento social atacando a los dirigentes sindicales y políticos, en una provincia donde hay presos políticos con Milagro Sala detenida en enero de 2016 por realizar un acampe en Plaza Belgrano, a la cual le aplicaron el mismo código contravencional, es la forma con la cual el gobierno mete miedo buscando así que los trabajadores bajen sus reclamos y acepten que el ajuste pase. Así festejan los grandes empresarios que el año pasado tuvieron el mayor número de destrucción de empleo registrado de todo el país. “Por eso lo que Morales llama paz, no es más que una política de persecución al servicio de garantizar los negocios de los dueños de la provincia”, afirmó Remy.

A modo de conclusión del informe se destaca la necesidad de llevar el amplio apoyo contra el juicio a las calles para en forma unitaria hacer caer esta causa, en el camino de lograr la derogación del Código Contravencional.

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