Bajo una operación militar por parte del Ejército en el marco de los operativos de seguridad del gobierno, en una horrorosa masacre, fueron asesinados 12 personas en Barlovento, estado Miranda.
Milton D’León Caracas / @MiltonDLeon
Martes 29 de noviembre de 2016
Esta vez ya no solo se trató de las ejecuciones militares que se llevan a cabo en las barriadas pobres en las ciudades del país encubiertas como supuestos enfrentamientos con bandas organizadas, sino de un salto en las operaciones que se organizan bajo la llamada Operación para la Liberación el Pueblo (OLP), pues los ejecutores habían enterrado en fosas comunes a las víctimas.
Las personas asesinadas estaban dadas como desaparecidas desde hace un mes en el estado Miranda, siendo que habían sido asesinadas el pasado 16 de octubre durante una operación de la OLP organizada por el Ejército Nacional en el municipio Acevedo del estado Miranda. Los cuerpos de dos de las víctimas fueron localizadas este viernes en el sector El Café del "eje de Barlovento", mientras que los otros diez cadáveres fueron encontrados al día siguiente en el sector Aragüita. Se considera que aún hay dos personas desaparecidas por el caso de las víctimas de la OLP en Barlovento.
El propio ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, detalló que en la zona se había dado la orden de la ejecución de una operación policial en octubre pasado en base a supuestas denuncias en dichos lugares sobre un supuesto "desalojo arbitrario de viviendas y fincas". Es decir, la operación era de total conocimiento desde el alto gobierno. En el marco de este operativo, los militares detuvieron a un grupo de personas que luego fue trasladado a un punto de control en el sector El Café, sin que sobre ellas hubiera una orden judicial de aprehensión, indicó incluso la Fiscalía Pública. Posteriormente, los familiares de los detenidos denunciaron la desaparición de estas personas, entre el 16 y el 19 de octubre.
La OLP es un sistema de “seguridad” con uso exclusivo de la violencia, creada en agosto del 2015 por el presidente Nicolás Maduro, para supuestamente “garantizar la seguridad en las zonas populares” que se ha extendido a todo el país. La OLP parte de la concepción de la criminalización de los pobres, poniendo como foco su actuación violenta en los barrios pobres, donde por ser pobre ya se es sospechoso, pero que cada vez ha ido adquiriendo mayores dimensiones, pues tras cada operativo los saldos de asesinados llega a escalas alarmantes.
No es un secreto que el gobierno de Maduro viene incrementando un fuerte plan represivo, que tiene como foco la militarización de las comunidades pobres, los grandes operativos militares donde la población es aterrorizada con el despliegue militar y abusos de todo tipo, y hasta imponiendo reales toques de queda en los mismos, todo para lo que el gobierno llama “combatir la inseguridad”. Abusos, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, torturas o tratos crueles, ejecuciones o cualquier otro tipo de violación de derechos humanos que ocurren en estos operativos de seguridad donde funcionarios de seguridad ejerzan acciones masivas indiscriminadas sobre comunidades.
Hasta la propia fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ha expresado su “preocupación” por el aumento de las denuncias de violaciones a los derechos humanos que ha recibido en el Ministerio Público por parte de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP). Solo este dato permite imaginar el nivel de asesinatos incluso de gente inocente, pues pocas son las personas que se atreven a hacer las denuncias por miedo a represalias por parte de las policías, y más aún, lo que acontece en los últimos cinco días donde la cantidad de abatidos a manos de los cuerpos represivos es alarmante.
Con respecto a la reciente masacre, de acuerdo a un comunicado de prensa de la Fiscalía Pública, "La investigación del caso se inició una vez que los familiares de las víctimas acudieron al Ministerio Público y denunciaron su desaparición ", agregando que "estas (personas) fueron detenidas por los militares durante un operativo de seguridad; posteriormente, fueron trasladadas a un punto de control ubicado en el sector El Café”.
De acuerdo a un relato recogido por el diario El Universal, la madre de uno de los fallecidos, Mary Isabel Silva, denunció que a su hijo Carlos Gabriel Marchena Silva (20) y a un grupo de más de 20 jóvenes de la comunidad, se lo llevaron detenido en un supuesto Operativo de Liberación del Pueblo (OLP) realizado en el sector La Peica en el municipio Acevedo (Caucagua), señalando que fueron trasladados al comando militar ubicado en El Café y aunque se dirigieron en varias oportunidades para saber de sus hijos se les informaba reiteradamente que no estaban allí.
De acuerdo a este mismo relato, el 18 de octubre ante la insistencia de los familiares por saber de sus hijos, los funcionarios de ese comando les indicaron que habían sido trasladados al Fuerte Chaguaramal, ubicado en Cúpira, estado Miranda, pero al pedir información también se les dijo que no se encontraban en el lugar. Tres días después fueron liberados 8 de los jóvenes en graves condiciones según relatan los familiares, “fueron torturados y obligados a firmar documentos en contra de su voluntad sin haberlos leído”.
La denuncia es sobre la desaparición de Eliecer Ramírez, Anthony Vargas, Antonio Aladejo, Luis Sanz, Denny Acevedo, Oscar Rodríguez, Yorman Mejias, Freddy Hernández, Víctor Manuel Martínez, Jairo Rivas, Kendri González y Carlos Marchena Silva, que fueran cobardemente asesinadas. Los familiares de las víctimas fueron trasladados este domingo por efectivos militares hasta la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses con el objetivo de realizar las pruebas de ADN que permitan confirmar la identidad de los fallecidos. Los familiares llegaron a Caracas en un autobús desde Caucagua, escoltado por militares y fueron prácticamente aislados de la prensa al llevarlos hasta el auditorio del Senamecf, centro al que acudió gran cantidad de militares y representantes de la Fiscalía con quienes se reunieron en privado.
Cínicamente, pues tuvo que esperar hasta que se hiciera público, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela emitió un comunicado en el que expresa "su más profunda consternación" por este caso en el que militares "que ejecutaban operaciones de reconocimiento y patrullaje para garantizar la seguridad (...) incurrieron en el asesinato de varios ciudadanos". Por su parte el gobierno de Maduro, este domingo anunciaba que daba de baja a los militares implicados, cuando realmente lo que la medida a tomar es levantar todos estos planes represivos del Estado, como la OLP, que recaen ferozmente sobre los pobres.
Pues no se trata de hechos aislados, ya que frente a cada operación que se lleva a cabo por parte de los órganos de represión del Estado, es alarmante el número de asesinatos que, bajo la cobertura de "enfrentamientos", se tratarían de verdaderas ejecuciones. Desde el 6 de octubre que tuvo inicio la nueva fase de la OLP ha recrudecido la cantidad de asesinatos en cada operación militar.
En un artículo que escribimos a mediados de mayo de este año cuando recrudecían estos operativos represivos, damos cuenta de cómo se lleva a cabo la militarización en las comunidades pobres, el verdadero origen de la inseguridad, las inseguridades de las que nadie habla perpetradas por este sistema de explotación capitalista, y la necesidad de dar un basta de criminalizar a los pobres. Hay que levantar claramente que, frente a la demanda de “control social” y más policías contra el pueblo pobre, es necesario oponer un programa para terminar con la miseria y degradación del pueblo trabajador.
