El diputado del PTS Frente de Izquierda expresó su apoyo al proyecto de ley de Actualización del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y destacó que les da "una prórroga para evitar los desalojos". Pero denunció que la precaria situación de la vivienda se da por la política de los distintos gobiernos, denunciando la falta de obra pública, los negociados inmobiliarios y la represión como a las familias de Guernica o ahora en Villa Mascardi. "Nosotros seguimos insistiendo, ¡plata para vivienda y no para el FMI!" finalizó.
Miércoles 12 de octubre de 2022 17:15
Durante la sesión de este miércoles, la cámara de diputados debate sobre la aprobación de la Ley 27.453 de Actualización del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Al momento de su intervención, el diputado Alejandro Vilca remarcó: "Antes que nada, queríamos expresar nuestro apoyo a este proyecto de la ley 27453. Tomamos varios aspectos progresivos de esta ley porque incluye y amplía el registro de barrios populares, villas y asentamientos hasta diciembre de 2018, permite acceder a proyectos de infraestructura para darle un beneficio y poder acceder a cloacas, agua potable y energía eléctrica, además de que les da la posibilidad de que estos terrenos en donde están asentados puedan declararse de utilidad pública en favor de los vecinos. Además algo muy importante y que para nosotros es vital, es que les da un amparo, una prórroga, para evitar los desalojos de los más de 5.600 barrios populares en todo el país".
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Pero luego de dejar en claro el voto de la bancada del PTS Frente de Izquierda, Vilca se refirió a cómo se llegó a esta situación: "La situación de los barrios precarios, o de las villas y asentamientos no es algo que cae del cielo, sino que es algo que se genera por la política de los sucesivos gobiernos, por la pobreza, la miseria y la exclusión que genera este sistema. Por el desplazamiento de muchas familias que vienen del campo a la ciudad o de ciudades más chicas a las grandes concentraciones urbanas en busca de trabajo y de una oportunidad, pero se les cierran las puertas. Donde no tienen la posibilidad no solamente de un trabajo sino de un techo, algo tan elemental como el derecho a la vivienda".
Y remarcó: "Esto choca con algo que es central, que es la falta de obra pública. Una puede debatir los paliativos que se pueden dar, pero hay un problema central que es la falta de obra pública de los sucesivos gobiernos. Si un trabajador no tiene la oportunidad de acceder a una vivienda tiene que buscar algún crédito y termina estafado como con los créditos UVA. Entonces está la paradoja, si es que la tierra es para el trabajo y para garantizar el derecho a la vivienda o es para los negocios inmobiliarios. Eso es lo que nos tiene que plantear este debate porque la otra cara de la moneda es la represión, son los desalojos, como lo vimos en Guernica con las topadoras o ahora en Villa Mascardi y en tantas otras villas o barrios precarios en la Provincia de Buenos Aires y en todo el país".
Ya sobre el final, se refirió al contraste enorme que existe entre quienes viven y habitan los barrios populares y los grandes dueños de la tierra. "Yo me crié también en un barrio popular en la zona sur de Jujuy, en San Isidro, Azopardo, Villa Corchito. Hoy actualmente estoy viviendo en Alto Comedero, un barrio de los más populares donde viven muchos de mis compañeros obreros de recolección y en donde los gobiernos provinciales parecen mantener un gueto de la pobreza. Olvidados, sin los mínimos servicios. Entonces, de lo que se trata acá, es de discutir y garantizar ese derecho, porque muchas veces lo que se impone son los negocios inmobiliarios. Por eso me refería a lo de Mascardi, porque ahí sí se pone la fuerza, la seguridad para el desalojo del pueblo mapuche y para garantizar los negocios inmobiliarios de algunos grandes terratenientes. Serán los Benetton, los Lewis y tantos otros, mientras a millones se le niega el derecho a la vivienda", señaló.
Por último, remarcó la importancia de invertir las prioridades y dejar de destinar los fondos que se van en el pago de la deuda fraudulenta o en la fuga de capitales para dedicarlos a dar solución a las millones de familias que hoy están en emergencia habitacional. "Imagínese crear viviendas para las familias que lo necesitan, tres millones ochocientas mil familias en todo el país. ¿Pero sabe a dónde van los fondos? Van para pagar al Fondo Monetario Internacional. Son los dólares que se llevan los sojeros o los que se fugan. Por eso nosotros seguimos insistiendo: ¡Plata para vivienda y no para el FMI!", finalizó.
