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Red Internacional
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UNA FOTO DE LA POLÍTICA SANITARIA DE KICILLOF. Villa Azul: 200 test y 900 policías

La situación en Villa Azul y Villa Itatí, entre los municipios de Quilmes y Avellaneda, ha concentrado la preocupación de todo el país ante la escalada de casos de Covid-19. Entre ambos asentamientos, concentran a 60.000 habitantes y es uno de los conglomerados precarios más grandes de la provincia. A la fecha los casos positivos son 92 entre ambos barrios

Martes 26 de mayo de 2020 16:40

Foto: Villa Azul | Sebastián Linero - Enfoque Rojo

La política sanitaria en la provincia de Buenos Aires, parece ser elaborada desde el Ministerio de Seguridad, ya que es el Ministro Sergio Berni, quién gana protagonismo. La respuesta que acercan al barrio Villa Azul es el confinamiento represivo con la militarización del barrio. Más de 300 policías por turno, han sido localizados en la zona, y se ha prohibido el ingreso y egreso de los vecinos del barrio.

Ante las primeras críticas, Kicillof salió a aclarar que “la misma política se aplicará en caso de detectarse casos de covid en countries”. Difícil imaginarse el Newman club de Tigre sitiado por policías bonaerenses. La cuarentena es de clase, y se despliega a la vista de todos, para quien se atreva a desmentirlo.

En las dos sesiones legislativas que tuvimos este año, como así también en reuniones con el Gobernador de la Provincia y los Jefes de Bloque Legislativo, y en distintas oportunidades venimos denunciando la creciente militarización de la “política sanitaria”, el crecimiento de las detenciones y los abusos policiales. Asimismo, venimos enfatizando que son políticas activas para los trabajadores las que hacen falta: salario de cuarentena de $ 30.000, prohibición efectiva de los despidos, ampliación del Sistema Alimentario Escolar y de la asistencia alimentaria en general, centralización del sistema de salud, y medidas de fondo para enfrentar a la pandemia.

La cuarentena es de clase, y se despliega a la vista de todos, para quien se atreva a desmentirlo

El alarmante crecimiento exponencial de los casos, se suma a lo ocurrido en las Villas 31 y 1-11-14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las villas de emergencia y asentamientos precarios se han revelado como las zonas más vulnerables a la propagación del virus, cuestión que no es nueva, ya que todos los especialistas indicaban que tanto la densidad demográfica como las pésimas condiciones de vida iban a repercutir en una mayor afección de la pandemia. En nuestra provincia son 430 mil familias las que están en riesgo de contagio producto de las condiciones de hacinamiento y precariedad en nada menos que 1.824 villas, de las cuales 1.000 están en el gran buenos Aires. Una situación de arrastre que se ha profundizado en las últimas décadas y que no ha sido resuelto ni por el peronismo, que gobernó durante más de 20 años ni por Cambiemos, que lo único que hizo es profundizar la miseria.

Los vecinos de ambos barrios vienen de reclamar, al igual que en la CABA, las necesidades urgentes que están padeciendo. En primer lugar, han alertado sobre lo insuficiente del programa Detectar, que solo testea a cuadros febriles, mientras el virus se propaga fundamentalmente entre los asintomáticos. Los vecinos han protagonizado protestas para que el testeo sea masivo y poder enfrentar de forma eficiente la propagación. Al día de hoy, los test realizados no superan los 200 en un conglomerado de más de 60.000 habitantes.

200 test, y 900 Policías, una foto de la política sanitaria del Gobierno de Kicillof

Ante esta situación, y como vienen planteando diversas organizaciones sociales de ambos barrios, son necesarios comités de crisis independientes, conformados por las organizaciones sociales, profesionales de la salud entre otros sectores de trabajadores para garantizar todas las medidas necesarias. Estos comités deben ser financiados por el Estado para que puedan solventar toda su actividad y garantizar todo lo que necesite la población. Para que las familias infectadas y la población de riesgo puedan transitar el aislamiento de forma digna hay que poner a disposición todas las plazas hoteleras necesarias y las viviendas ociosas que se acumulan en los distritos producto de la especulación inmobiliaria de la última década. Estás medidas son urgentes para garantizar un aislamiento digno de las familias.

Otro de los padecimientos centrales que sufre el barrio es la falta de agua potable en amplias zonas de los asentamientos, no solo indispensable para la vida, sino para la correcta prevención del contagio y la trasmisión. Está situación no ha sido atendida ni antes ni después de decretado el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio a pesar de los pedidos y protestas de los habitantes.

La situación habitacional es otra de las variables que ha posibilitado la amplificación del contagio. Una situación que se vive desde hace décadas y que ningún gobierno ha solucionado. El hacinamiento de miles de personas en un lugar geográficamente reducido, con familias enteras viviendo en uno o dos ambientes ha sido una de las claves para la rápida propagación del coronavirus. Es necesario un plan de obras públicas urgentes que garantice el agua potable y vivienda digna para todas las familias.

La realidad económica y laboral es otra de las situaciones terribles que sufre la población, que en su mayoría sufre el desempleo o el sub empleo, viviendo de changas, venta ambulante o recolección de material reciclable para poder vivir el día. El Ingreso Familiar de Emergencia se ha demostrado como absolutamente insuficiente para paliar la difícil situación de familias enteras. Se sabe que a muchos no se les ha asignado el IFE y que es una situación que atenta contra el cumplimiento del aislamiento social. Nos hacemos eco del reclamo de varias organizaciones, acerca de la ampliación del Ingreso Familiar de Emergencia para todos los que no están percibiendo ingresos, y que se eleve a $30.000.

Ante este cuadro de situación crítica de la población de ambos asentamientos el gobierno en todos sus niveles ha ordenado el aislamiento forzado. Con una saturación impactante de fuerzas federales y provinciales, como la bonaerense y la gendarmería, han sitiado el barrio y la incertidumbre crece entre los vecinos. No ha habido ningún anuncio sobre los temas antes expuestos, que son la clave para contener la propagación del virus y evitar que está situación siga avanzado en una crisis humanitaria que siga castigando a la población de estos importantes barrios del sur del conurbano bonaerense. Todas las medidas urgentes y necesarias para enfrentar esta situación deben ser garantizadas con un impuesto a las grandes fortunas como venimos planteando desde el Frente de Izquierda.