Villa Constitución. Villa Constitución: ¿cuál es la respuesta del peronismo ante la pandemia?

El 20 de marzo, Alberto Fernández anunció el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”. Tres días después en la ciudad de Villa Constitución, el Comité de Crisis encabezado por el Intendente Jorge Berti, anunció como primera medida un “toque de sirena”. Funcionarios y distintas fuerzas políticas que integran el comité impulsaron dicha medida restrictiva, represiva y obligatoria que van aún más allá de las decisiones que se tomaron a nivel nacional y provincial con tropas de distintas fuerzas patrullando en las calles para que se cumplan las órdenes. Esto significa que a partir de las 16 horas las posibilidades de circulación son escasas y muy limitadas. Un golpe duro para muchos trabajadores informales de la ciudad que deberán plegarse al horario reglamentado.

Partiendo de las decisiones provinciales del gobernador Omar Perotti, tanto Berti como el Director de Prevención y Seguridad Ciudadana, el Dr. Javier Garceche, se han encargado de endurecer progresivamente las medidas restrictivas locales utilizando este estado de emergencia para fortalecer el poder de las fuerzas represivas del Estado.

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Paz y Orden, moneda corriente

Santa Fe es una de las provincias del país con más aprehendidos por supuesta violación de la cuarentena, al día de hoy supera los 10mil detenidos. La política manodurista del gobernador Omar Perotti se expande cada vez más por las distintas localidades. Siguiendo esta lógica, Villa Constitución supera el índice promedio de detenidos a nivel provincial con más de 200 detenciones. Según las fuentes oficiales, se detienen por día entre 15 y 20 personas, la mayoría de ellas, trabajadores informales y changarines. La situación es grave, no sólo en términos cuantitativos, sino que también es un salto cualitativo con brutalidad en el accionar y abusos de poder.

El primer ejemplo a citar es el de un trabajador informal. En una ciudad donde la desocupación ronda el 13% con medidas aún más restrictivas por la instauración del toque de sirena, la santafesina le abrió una causa penal con incautación de vehículo a Juan “Poncho” Ibarra, referente del Polo Obrero. Al mismo lo dejaron medio día detenido por salir a comprar un repuesto para el camión de la cooperativa Villa Recicla. Este es un claro ejemplo de la criminalización de la pobreza. Poncho no violó el decreto presidencial y su circulación estaba avalada a través de un certificado de la Secretaría de Ordenamiento Territorial que le otorgó el mismo municipio. Además, en un comunicado denunció que los trabajadores de la cooperativa deberían ser municipales bajo un convenio de trabajo y garantías laborales. Sin embargo Berti prefiere mantener la precarización laboral y el calabozo como solución.

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Otro ejemplo de la impunidad con la que se manejan las fuerzas represivas es la brutal paliza que le dieron a Pablo Acosta, un joven de 35 años que sufre de esquizofrenia y está medicado. Este accionar no es casual, Berti y Garceche dan rienda suelta a las fuerzas represivas y ya anunciaron que van a redoblar las medidas para hacer cumplir la cuarentena obligatoria. Así como a nivel nacional comenzaron a aparecer centenares de videos de abusos policiales y torturas, pasando por la represión de ayer a los trabajadores del frigorífico Penta, en Villa Constitución también se ven las consecuencias de resolver una crisis sanitaria con control social y represión.

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Crisis y represión

La pandemia del coronavirus acelera cotidianamente la crisis social, económica y sanitaria en todo el país –y en el mundo–. En nuestra ciudad día tras día “la lucha contra el enemigo invisible” se convierte en una escalada represiva y constante para el pueblo trabajador. Sobretodo contra aquellos sectores que tienen dificultades para cumplir la cuarentena por vivir en barrios vulnerables y jornaleros que viven al día de lo que trabajan.

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La provincia de Santa Fe tiene el preocupante récord de ser una de las más represivas del país, pero a su vez, es la provincia con mayor cantidad de despidos y suspensiones. Hasta el momento hay más de 500 despidos y, con las suspensiones, el número asciende a 2000 puestos de trabajos afectados con reducción salarial. Ejemplos claros son los despidos de los Casinos de Santa Fe, entre otros y las suspensiones en General Motors y las que se intentan aplicar en la planta de Acindar de nuestra ciudad. Se escapa una pregunta importante, ¿quiénes deberían pagar los costos de la crisis? Hasta el momento, las respuestas fueron palos, despidos y suspensiones para los trabajadores y en la nada quedaron las palabras del Presidente que prometió ser duro con quienes lo hacen.