Trabajadores de prensa. Violaciones a DDHH de periodistas: el Estado tiene responsabilidad

En las últimas semanas fueron asesinados los periodistas Abraham Mendoza Mendoza y el sonorense Ricardo López Domínguez, sumando este último el séptimo homicidio de comunicadores en Sonora en lo que va del sexenio de la 4T.

En promedio hay un homicidio o desaparición por mes Quore

Sin embargo, las cifras no son homogéneas. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) registra 12 periodistas asesinados y dos desaparecidos en el último año y medio. Esta organización insiste en que se investiguen si los homicidios se ligan a la actividad periodística.

Los casos de López Domínguez y Mendoza Mendoza ejemplifican la situación del gremio. El primero de ellos laboraba para InfoGuaymas y había sido amenazado, desprestigiado y agredido por grupos criminales y agentes del Estado, una muestra más de la colusión entre altos funcionarios y el crimen organizado.

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El segundo fue trabajador de varios medios de información como la estación EXA 91.5, y fue asesinado el 20 de julio en Michoacán. A la lista se suman las desapariciones de dos periodistas en Sonora, Pablo Felipe Romero Chávez y Jorge Molontzin Cential, en marzo (Cd. de Guaymas) y mayo de 2020 (Santa Ana), respectivamente, ambos casos sin resolver hasta el momento.

Los derechos de lxs periodistas

La profesión de periodistas tiene una importancia fundamental para la población en general, para acceder a la información cotidiana de la vida social, cultural y política del país, pero, sobre todo, es un emblema de la libertad de expresión.

Desde el 2006, cuando inició la “guerra contra el narco” el gobierno panista de Felipe Calderón, comenzó una profunda crisis en materia de derechos humanos producto de la militarización del país, donde el periodismo fue un blanco clave por su importante rol. Esta situación se agravó a lo largo del sexenio siguiente. Y no ha sido muy distinta con la 4T, no solo porque han proseguido los crímenes, sino porque ha avanzado la violencia institucional contra las y los informadores.

Al ser un grupo en situación de desventaja ante los asesinatos, secuestros, desapariciones, amenazas y múltiple variedad de agresiones, tanto psíquicas como físicas, lxs periodistas padecen vulneraciones generales y sistemáticas a sus derechos humanos y laborales, tanto en su esfera individual como colectiva, pues son expuestos en su vida, su integridad y poco a poco han ido perdiendo todo tipo de conquistas colectivas en el terreno laboral, al grado de que se les niegan plenos derechos como trabajadorxs.

Cabe recalcar que las periodistas mujeres, en particular, padecen los más crueles vejámenes, violencia en forma de hostigamiento, de acoso, torturas y/o agresión sexual.

La situación de precariedad laboral de las y los periodistas también afecta la libertad de expresión. Al no tener derechos laborales ni formas claras de contratación, el ejercicio de su profesión -que de por sí está sometido a la línea editorial que les imponen los propietarios de los medios para los que trabajan- y su “libertad de expresión”, quedan aún más restringidos con la venta individual de su fuerza de trabajo ante las pautas del patrón que compra sus “servicios” de forma privada, lo que da lugar a que esta necesaria y digna profesión sea más fácilmente cooptada por el poder y el dinero, sujetando su “información y conocimiento” a la necesidad de tal o cual grupo político-empresarial. Lo que tampoco les libra de ser perseguidos, desaparecidos o asesinados, cuando ya no son “funcionales”.

En el caso de aquellxs pocxs que aún siguen bajo la casi extinta norma laboral de contratación, enmarcada dentro de un contrato colectivo de trabajo -CCT-, como en el caso de las y los trabajadores de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano -Notimex-, que llevan ya más de 550 días de huelga en defensa de sus derechos laborales, los riesgos de perder su fuente de ingresos, su modo de contratación e incluso su sindicato -como forma de organización independiente y permanente-, son muy altos, dado que el propio gobierno federal amenaza con cerrar la agencia y con ello desaparecer su organización y su CCT.

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No obstante, en relación a la violencia que cae sobre este sector de la clase trabajadora, las violaciones se investigan de manera aislada, sin entender el carácter estructural y sistemático de las mismas, por lo que el acceso a la justicia de las víctimas directas e indirectas se limita a las denuncias penales que, en la mayoría de los casos, no llegan a la investigación profunda, debido a la impunidad reinante en México, donde la justicia y el poder político se ven habitualmente coludidos con el poder empresarial y/o del propio narcotráfico.

Además, en los casos mencionados y en otros están involucrados civiles y agentes estatales, quienes supuestamente tienen la obligación de proteger, investigar y reparar las violaciones a derechos humanos. Sin embargo, la realidad es que son las mismas instituciones del Estado (burgués) como la CNDH, la FGR, la policía y el ejército, las que por acción u omisión resultan ser las principales responsables de dichas violaciones. Cabe señalar que, en los casos de asesinatos y desapariciones forzadas, en los que se encuentran involucrados agentes del Estado, pueden configurarse como crímenes de Estado.

Las desapariciones y los asesinatos son la punta del iceberg de la situación de las y los periodistas, quienes también son víctimas de represión constante. Como comentamos, especial mención merece el Sutnonimex, cuyos integrantes -en su mayoría mujeres- han sido reprimidxs por enfrentar el ataque a sus derechos laborales en la Agencia de Noticias del Estado.

Para enfrentar las violaciones a derechos humanos es necesario que quienes luchan por mejores condiciones para informar y que defienden sus derechos laborales, como las y los trabajadores del Sutnotimex, hagan un llamado público, nacional e internacional, a comunicadores que padecen las mismas condiciones, para construir un frente o movimiento amplio, encabezado por las trabajadoras y trabajadores de prensa, que cuente el respaldo de sindicatos, organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales, en defensa del periodismo y del derecho a la información; por el alto a la violencia, represión y hostigamiento contra las y los comunicadores; y por la resolución de las demandas de la huelga de Notimex. Desde La Izquierda Diario nos ponemos al servicio de esta iniciativa.

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