El Consejo Directivo de Ingeniería discutió cómo proceder ante casos de violencia de género luego de una resonante denuncia de acoso sexual. Consejeros opositores y representantes de COAD cuestionaron que la mayoría del Partido Socialista junto a la decana se negaran a contratar personal capacitado para acompañar a las víctimas.
Viernes 12 de agosto de 2016 17:47
Durante el día de hoy, la sesión del Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería estuvo atravesado por el debate en torno a la violencia de género, debido al dictamen de la comisión creada a partir de la denuncia de acoso sexual que tuvo como víctima a una trabajadora del Instituto de Estudios Nucleares y Radiaciones Ionizantes por parte de su superior.
La polémica se abrió alrededor de qué reglamento establecer ante casos de violencia hacia las mujeres. La Decana que responde al del Partido Socialista y consejeros afines defendieron un proyecto presentado por una estudiante de la agrupación 15 de Junio, de su mismo espacio político, que contempla la creación de una comisión con personal de la facultad.
Consejeros opositores consideraron indispensable la creación de un cargo remunerado destinado a una profesional especializada en la temática de la violencia de género. Señalaron que existen antecedentes en la UNR como la creación de esos cargos en la Facultad de Derecho, Humanidades y Ciencia Política el último año, con personal capacitado sobre cómo responder ante diversos casos y cómo acompañar a las víctimas.
La gravedad de la denuncia de acoso sexual que suscitó el debate fue fundamento de los consejeros para exigir que se tomen todas las medidas necesarias para prevenir y abordar los episodios de violencia machista.Integrantes de la Comisión ad hoc remarcaron la importancia de que el procedimiento volviese a la Comisión para poder llegar a un acuerdo unánime. La negativa del oficialismo fue rotunda.
Analía Aucía, docente de Derecho y parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), responsable de la redacción de los reglamentos aprobados en las facultades antedichas dijo: "Existen estándares básicos que hay que tener en cuenta respecto a las personas que consultan por violencia de género. Un piso básico, es que las personas que atiendan los casos de violencia, deben tener experiencia y formación, no puede ser cualquiera. No hay una relación coherente en el armado del equipo, ya que debe estar compuesto por personas con experiencia y formación, sino: ¿qué es lo que van a asesorar? ¿Cómo van a acompañar?"
Por otro lado, Nicolás Vazquez, consejero estudiantil del PTS y el Frente de Izquierda señaló:"El PS argumentó que no va a crear un cargo para personal idóneo para atender a las víctimas de violencia de género porque "no hay plata". Es una mentiraabsoluta porque en la misma sesión confesaron que durante el año 2016 ya recibieron 8 millones de pesos de partidas presupuestarias de la Secretaría de Políticas Universitarias, además de el dinero que reciben de los convenios con empresas y los posgrados pagos. Tanto en el municipio como en las facultades el Partido Socialista hace oídos sordos al pedido masivo de #NiUnaMenos y demuestran que las mujeres no son su prioridad: mientras en la ciudad sólo mantienen 2 refugios para las víctimas, en las facultades se resisten a destinar fondos para contratar profesionales capacitadas."
Por su parte, Beatriz Introcaso, consejera docente declaró: "Es preocupante que el Consejo Directivo, que considera de importancia la elaboración de un protocolo contra la violencia de género y que ha creado una comisión ad hoc para ese fin, termina aprobando un proyecto de una agrupación que no fue el charlado y consensuado por el conjunto de la misma."
