Diputados. Visita a genocidas en Ezeiza: Arrieta apuntó a Menem y el oficialismo busca evitar la investigación

A más de un mes de la visita de seis diputados y diputadas de La Libertad Avanza a genocidas en el penal de Ezeiza, este martes fue la primera reunión en una comisión que debatió el hecho. Hasta ahora ni siquiera se votó un repudio. La visita ocurrió el 11 de julio y los legisladores involucrados son: Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo, Rocío Bonacci, Guillermo Montenegro, Lourdes Arrieta y Alida Ferreyra.

El debate comenzó en la comisión permanente de Peticiones, Poderes y Reglamento que preside Silvia Lospennato del PRO. La convocatoria de este martes fue producto de un acuerdo alcanzado hace 15 días entre el oficialismo y sus aliados, al que Unión por la Patria accedió para que esta sea la instancia donde se trate lo ocurrido y los proyectos presentados por distintos bloques.

Estuvieron presentes solo dos de las diputadas de La Libertad Avanza que fueron parte de la comitiva que visitó a los genocidas en la cárcel de Ezeiza: Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta. Las dos que expresaron que fueron “engañadas”, aunque Bonacci es la única que no se prestó para la foto. Cuando Arrieta tomó la palabra este martes volvió a exponer las internas dentro del oficialismo: responsabilizó al presidente de la Cámara de Diputados y a su compañero de bancada apuntado como el organizador de la visita. “Si tienen que pedir algunas explicaciones deberían comenzar por quienes lo organizaron, quienes brindaron las herramientas para que esta visita se lleve a cabo, o con aquellos que perseguían otros fines y no nos habían comunicado a nosotros. Tanto el diputado Beltran Benedit como también al presidente de la Cámara Martin Menem. Nosotros no nos mandamos solos”, fueron sus palabras. Martin Menem quedó involucrado porque la comitiva libertaria fue en una combi oficial de la Cámara Baja autorizada por la presidencia.

El escándalo escaló con el transcurrir de los días: no solo se conoció la foto del encuentro, sino que se supo que no fue el único encuentro, que había un varios grupos de chats que integraban los libertarios junto a camaristas, abogados de genocidas, y hasta un cura (Javier Olivera Ravasi), para planificar proyectos y resoluciones que le den impunidad a los represores de la ultima dictadura militar. Incluso Arrieta presentó una denuncia en la justicia contra su propio bloque. Germán Martínez leyó las acusaciones que contiene: “la comisión de delitos por coacción agravada, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y conspiración”.

Sin embargo, en la Cámara de Diputados el debate se viene postergando y esta primera instancia demostró que la intención del gobierno y sus aliados es evitar cualquier investigación.

¿Qué medidas están en discusión?

Salvo La Libertad Avanza, todos los bloques expresaron su repudio a la visita de los legisladores libertarios a los genocidas, aunque a más de un mes del hecho la Cámara de Diputados no ha resuelto ningún pronunciamiento. Hubo oportunidad de hacerlo en la sesión hace una semana, pero la estrategia del oficialismo y bloques aliados fue dilatarlo. Desde La Libertad Avanza se limitaron a intentar despegarse de la visita, sin repudiarla. “Obviamente que estamos a favor de la democracia” tuvo que aclarar Gabriel Bornoroni, jefe de la bancada de La Libertad Avanza. “Se habla de cuestiones del pasado que nosotros no tenemos nada que ver y tampoco reivindicamos” se quejó por intervenciones previas que detallaron las torturas, las violaciones a mujeres detenidas, o la apropiación de bebés que cometieron los genocidas que fueron visitados. Le contestó Nicolás del Caño recordándole que Victoria Villarruel visitaba al genocida Jorge Rafael Videla. Boronori se refirió a “los detenidos” de Ezeiza, y por los gritos de algunos diputados se tuvo que corregir y terminó diciendo “los genocidas”.

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Los autores de proyectos que proponen distintas medidas frente a la visita, expusieron al inicio: Vanesa Siley y Germán Martínez de Unión por la Patria, Lourdes Arrieta de La Libertad Avanza y Christian Castillo del Frente de Izquierda. Los proyectos se proponen iniciar una investigación pero con dos modalidades distintas.

En el caso de Unión por la Patria y Arrieta proponen que se conforme la comisión especial estipulada en el reglamento y que ha sido utilizada en otros casos. “El presidente nombrará una comisión especial de cinco miembros que proponga la medida que el caso demande” dice el artículo 188 del reglamento que estipula la comisión propuesta. La particularidad de Unión por la Patria es que focalizan en la sanción que debería recaer sobre los 6 legisladores: algunos proponen la expulsión, otros que de mínima sean suspendidos hasta que se investigue. También solicitaron que se invite a organismos de derechos humanos a exponer a la comisión, previo a proponer una sanción.

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Distinta es la propuesta del Frente de Izquierda: crear una comisión mixta de investigación donde participen todos los bloques interesados, los organismos de derechos humanos y las y los querellantes de las causas contra los genocidas que fueron a visitar a Ezeiza. Es decir hacer partícipes a los organismos de derechos humanos directamente afectados en el proceso de investigación, y no restringir la comisión investigadora a 5 miembros que sean acordados entre algunos bloques. Fue Nicolás del Caño quien explicó esta propuesta, que complementó con la necesidad de expresar un repudio. Christian Castillo fundamentó la necesidad de “investigar a fondo” detallando las consecuencias de la impunidad de la que siguen gozando los genocidas y cómo actúan para evitar que se conozca la verdad y se haga justicia. Lo ejemplificó con la desaparición de Jorge Julio Lopez mientras se desarrollaba el juicio contra el genocida Etchecolatz en 2006, o el asesinato de Silvia Suppo en Santa Fe en 2010. Agregó el caso del prefecto Febres: cuando iba a testificar y dar información sobre el destino de los desaparecidos y niños apropiados, apareció muerto en su celda envenenado con cianuro en 2007. Myriam Bregman estuvo presente en la comisión de este martes, y viene alertando sobre el impacto de la visita a Ezeiza en los juicios que se están desarrollando como el de Vicky Walsh, hija de Rodolfo Walsh, donde es abogada querellante.

Estamos en la Comisión de Peticiones y se nombra al genocida Cinto Courteaux. Recuerdo que Villaruel, cuando era diputada, nunca iba a las comisiones. Cuando lo hizo, fue acompañada de un asesor: el hijo de ese genocida. Agredió a Nora Cortiñas y a un hijo de desaparecidos. Toda…

— Myriam Bregman (@myriambregman) August 20, 2024

“El problema es si hay voluntad de investigar o no” denunció el diputado Del Caño frente a los posicionamientos que expresaron otros bloques aliados del oficialismo. No solo La Libertad Avanza mostró su intención de evitar cualquier investigación, se le sumaron el PRO y la Coalición Cívica.

Bornoroni, jefe del bloque libertario, fue el primero en anunciar que quieren ponerle límites: “Están invocando generar una comisión (investigadora) que no es una potestad de esta comisión”. Además, utilizó una interpretación del reglamento para sostener que la Cámara de Diputados solo puede sancionar hechos que ocurran dentro del ámbito legislativo.

Se le sumaron Silvia Lospennato y Silvana Giudici del PRO, y Juan Manuel Lopez de la Coalición Cívica. Aprovechando la propuesta de sanciones de Unión por la Patria, insistieron en que no es ningún delito ir a visitar genocidas a la cárcel, que no se puede cercenar la libertad de los diputados de presentar un proyecto de ley de impunidad o reunirse con quien quieran. Argumentaron de forma unificada que, si llegasen a presentar un proyecto de esas características, corresponde dar el debate y en todo caso serán rechazados en la Cámara de Diputados. Poner el eje en las sanciones fue la mejor salida que encontraron para desviar el foco de los objetivos de la investigación sobre la visita en Ezeiza: el impacto en los juicios en causas de delitos de lesa humanidad que se siguen desarrollando, que son genocidas que al día de hoy siguen cometiendo delito por su pacto de silencio, y por las irregularidades de la visita que involucran al Servicio Penitenciario y a la propia ministra Patricia Bullrich.

Desde Unión por la Patria y el Frente de Izquierda apuntaron especialmente a la responsabilidad de la ministra de seguridad. Nicolás del Caño contó que hace pocos días fue con el diputado Vilca a visitar a los dos presos (Daniela y Roberto) que siguen detenidos en Ezeiza por protestar contra la ley bases y que “obviamente no pudimos entrar con celulares , nos escanearon de arriba abajo”. En el caso de la visita a los genocidas sí pudieron ingresar con celulares, y “algunos dicen que hasta los recibieron con sanguchitos” dijo Del Caño que reclamó que sea citado quien está a cargo del servicio penitenciario. Cecilia Moreau y Vanesa Siley de Unión por la Patria leyeron algunos mensajes de los grupos de chats filtrados que tenían los libertarios para organizar la visita, donde Beltrán aseguraba tener el visto bueno de Patria Bullrich. Ni el PRO, ni la Coalición Cívica, ni la UCR hicieron mención de estos hechos. Aunque de los bloques aliados del gobierno, la UCR fue el único que manifestó estar de acuerdo con la comisión especial para evaluar la posibilidad de sanciones, tal como dejó asentado Carla Carrizo.

Silvia Lospennato finalizó la comisión sin un cronograma de cómo va a continuar el debate en la Cámara de Diputados. La única resolución que anunció es que habrá una “reunión de asesores” este viernes. Pero no hubo precisiones de una nueva convocatoria pública. Tampoco se definió nada sobre la invitación a organismos de derechos humanos como reclamaron algunos bloques. Lo que está a la orden del día es la intención de diluir y dilatar el debate y la investigación en el Congreso sobre lo ocurrido en Ezeiza. Afuera, la lucha de tantos años contra la impunidad de ayer y hoy es la verdadera amenaza a la que temen el gobierno y sus aliados.