Urbanismo. Viven en “tugurios” 111 millones de latinoamericanos, según ONU Hábitat

Los tugurios obreros

El problema de las viviendas de la clase obrera en las grandes ciudades no es más que uno de los aspectos en que se reflejan las condiciones sociales miserables de trabajo a que aquella clase se encuentra sometida, dentro del régimen capitalista.

Las medidas gubernamentales, después de unas dos horas de paro, y vacaciones pagadas, el trabajo a destajo, la intensificación del esfuerzo psicofisiológico necesario para desempeñar el proceso material de trabajo, etc., son las bases determinantes de las condiciones de vida de la clase obrera. A aquellas condiciones de trabajo corresponden los niveles de vida que todo conocemos: la mala alimentación, el vestido andrajoso, la vivienda-prisión, la falta de cuidados de la infancia trabajadora y de la mujer, la incuria general y la miseria que presiden la existencia de toda la familia obrera.

Para salir, pues, de la condición inhumana en que actualmente viven los trabajadores, es preciso acabar con las condiciones de trabajo vigentes, con el asalariado, con la explotación inicua de la fuerza de trabajo; en una palabra, con el sistema actual de producción y sólo así con las relaciones sociales que él entraña.

Cualquier sistema de paliativos, por amplio que sea, será incapaz de llevar a otra cosa que no sea una reducción más o menos importante de esas condiciones, a un mejoramiento temporal y parcial de la vida proletaria.

Hasta que la burguesía, lo mismo que sus lacayos de la pandilla stalinista o los apristas o los pequeño-burgueses incorregibles y toda la gama de los servidores descarados o emboscados por la clase dominante, se empeñan y seguirán empeñándose en aceptar esos paliativos y medidas de mejoramiento económico dentro del marco general del capitalismo, en conquistar finalidades absolutas de la lucha proletaria. En eso consiste precisamente su tarea oportunista, en desviar los ataques de la clase obrera, inutilizándolos en sus repercusiones trascendentales.

Es preciso, sin embargo, que sepamos claramente qué posibilidades ofrece la lucha por mejores condiciones inmediatas de trabajo y existencia; hasta dónde puede llevar ese camino de reivindicaciones meramente económicas que no se enderezan contra la esencia misma del sistema, ni ponen en peligro la armonía histórica de la burguesía, sino que, por el contrario, en cierta forma consolidan su posición a los ojos de los grupos de trabajadores beneficiados con las obras sociales.

Pero sí sabemos –se dirá– que la elevación de las condiciones inmediatas de trabajo y de vida (salarios, jornada, alimentos, vestido, vivienda), tiene como límite la tasa mínima de ganancia que corresponda al capital; más aún, si sabemos que las obras llamadas sociales no sólo no amenazan los privilegios de la burguesía, sino que consolidan en cierta forma su dominio, ¿por qué hemos de lucha para conseguir tales reformas?

Si la lucha por mejores niveles económicos hubiera de sustituir la lucha política del proletariado contra la burguesía, nosotros rechazaríamos la lucha económica inmediata. Pero eso sólo acontece en el medio de los renegados de la revolución o de los enemigos de ella, francos o enmascarados. Nosotros sabemos que estas luchas pueden y deben llevarse de frente; que junto con las reivindicaciones inmediatas y actuales, las masas deben pugnar por un programa de conquistas más profundas, políticas, que las induzcan al derrocamiento del orden burgués y a su sustitución por la dictadura proletaria.

Por lo mismo, la lucha por mejores niveles de trabajo y de vida, para que no sólo no sea un obstáculo sino hasta un acicate de la lucha política, debe ser persistente, inagotable, y llevada a un ritmo constantemente acelerado que permita en cualquier momento plantear las cuestiones sindicales y de relaciones de trabajo como cuestiones políticas y de relaciones de clases.

Es en esa inteligencia que los obreros deben desarrollar su trabajo por mejores condiciones de vivienda. Sin olvidar nunca conectar las reivindicaciones por mejores alojamientos con la situación de sus relaciones obrero-patronales.

En ese orden de cosas, la ley debe ser aprovechada a su máximo rendimiento. El artículo 123 de la Constitución Federal en su fracción XII, establece a cargo de todo patrón la obligación de proporcionar a sus trabajadores alojamientos cómodos e higiénicos a un prcio que no sea superior al 6% anual del valor catastral de las fincas. Esta disposición legal es operante sin necesidad de reglamentación, puesto que la Constitución misma así lo prevé. Y así deben sostenerlo los trabajadores y exigir a todos los patrones el cumplimiento del mandato constitucional, sin restricciones. Y si los patrones pueden o no quieren construir casas, los obreros pueden pedir que se les cubra una indemnización de alojamiento equivalente.

Pero no sólo eso está en la posibilidad de lucha económica. Los trabajadores pueden, por otra parte, demandar la demolición de los tugurios asquerosos que hoy componen totalmente los barrios de vivienda obrera y su substitución por habitaciones higiénicas de igual precio de arrendamiento y de cupo no inferior.
Hasta hoy, la demolición de tugurios se ha hecho en contra de los obreros y en beneficio de las empresas constructoras y de los rapaces de la propiedad raíz.

Tomemos San Juan de Letrán o la Avenida 20 de Noviembre. Los tugurios habitados por trabajadores que en ellas había, fueron demolidos y sustituidos por edificios o despachos o departamentos de alto costo.

Los inquilinos pobres de los tugurios, que viviendo en el centro de la ciudad se ahorraban pago de transportes, se encontraron, después de la demolición, sin hogar y tuvieron que irse a alojar a tugurios tan inmundos o peores que los que antes ocupaban, con el agravante de que se vieron obligados a vivir en vecindades lejanas, de la periferia y por lo mismo a pagar gastos de transporte.

Los dueños de los inmuebles, en cambio, aprovecharon la colaboración de los fondos públicos de la ciudad para elevar el valor de sus propiedades.

Este mismo fenómeno se ha producido en todas las grandes ciudades que se industrializan. Engles lo hacía notar tratándose de París y de la obra realizada en él por el barón Haussmann. Con el pretexto de mejorar los barrios pobres del centro urbano, se despoja a los trabajadores de sus viviendas céntricas para enviarlos a la periferia y utilizar los inmuebles en una función más productiva.

Esa demolición en perjuicio de las familias pobres y en beneficio de los dueños de casas debe cesar. Los fondos de la ciudad deben aprovecharse para demoler los tugurios existentes; pero con la condición de que en lugar de lo demolido se construyan centros de viviendas higiénicas y baratas, destinadas precisamente a las mismas familias que antes se alojaban en ellas.

Por otra parte, los trabajadores deben reclamar que al llevar la tarea de sustitución de tugurios por casas higiénicas, se dote a los barrios obreros de parques, jardines y buenos servicios públicos de que hoy carecen. Debe exigirse que la dotación de esos servicios se haga en la ciudad, en relación con el número de habitantes que pueblan cada zona y no en relación con los capitales dispuestos, como se hace ahora. Hay que acabar con esas barriadas pobres y secas en que viven los obreros, carentes de pavimento, de tuberías, de alumbrado público. Hay que exigir que los hijos de los trabajadores gocen de eso que los urbanistas llaman zonas verdes, arbolados que hacen funciones de pulmones de las ciudades.

Una política amplia de financiamiento sólo puedo emprenderla el gobierno. A él hay que dirigirse para que haga presión sobre la clase patronal para que contribuya substancialmente. Una obra como la que requieren los barrios pobres de la ciudad de México, en donde hay que demoler 100,000 tugurios, precisa de recursos muy amplios y de constante suministro. No bastan las pequeñas aportaciones ni entregas esporádicas. Es preciso disponer de una corriente constante y considerable de capitales destinados a mejorar el nivel de alojamiento de los obreros. Sólo así podrán emprenderse las obras de gran costo y de magnitud que requiere el problema.

Con semejantes aportaciones se conseguirán dos cosas: en primer lugar, realizar una efectiva elevación de la habitación popular; en segundo lugar, abrir una era de grandes trabajos públicos urbanos y con ella la posibilidad de dar trabajo a un número creciente de trabajadores de la construcción, en momentos en que una crisis de desocupación parece anunciarse en tal rama.

Fuera de esos dos resultados inmediatamente importantes para la clase obrera de la ciudad, debemos también tener en cuenta que semejante política de financiación de habitaciones llevadas a un control público cada vez más estrecho sobre el suelo urbano, su utilización y sus valores. En consecuencia, el Estado se encontraría día a día en mejores condiciones de vigilar y de combatir estos sectores de la economía que hasta hoy han permitido todas las rapiñas y juegos sucios capitalistas que han querido llevar a cabo fraccionadores, prestamistas, constructores, propietarios y toda la banda de aprovechadores de la ciudad.

R. Saavedra.