Anticapitalistas a la Constituyente. Vivienda en la Ciudad de México: un derecho de muy pocos

Una ciudad para “hacer negocios”

En el caso particular de la Ciudad de México, durante los últimos años, el gobierno federal y capitalino comenzaron a bloquear los créditos a los beneficiarios de las dos instituciones gubernamentales de vivienda: el Instituto de Vivienda del Distrito Federal y el Fovissste. Esto en beneficio de subsidios y estímulos fiscales a las grandes empresas constructoras que han registrado insólitas ganancias en los últimos años, cuyas principales firmas son, de capital mexicano Empresas ICA (Ingenieros Civiles y Asociados) y CICSA (Carso Infraestructura y Construcción).

Esto ha devenido en una creciente especulación del valor del suelo en la ciudad, que ha encarecido enormemente los costos inmobiliarios afectando centralmente a las familias de los trabajadores, como recientemente tuvo que admitir el propio jefe capitalino. Y a su vez, la especulación, ha derivado en la imposibilidad de ocupar las viviendas ya construidas –a muy alto costo respecto a los niveles salariales– y ha limitado el número de viviendas de interés social.

El acceso a un crédito está completamente limitado para la mayor parte de los asalariados que trabajan en condiciones precarias y se hace inasequible para los trabajadores que aún cuentan con contratación colectiva por los trámites burocráticos.

Además, la vivienda de interés social, restringida a sólo cuatro delegaciones de la Ciudad de México, están por debajo de los estándares de lo que la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera una vivienda digna.
Se suma al problema de la especulación, la acaparación de tierras y manantiales en manos de muy pocos pulpos capitalistas y el despojo sistemático a las comunidades indígenas y campesinas que subsisten en la ciudad.

Todos los emprendimientos de primer orden en materia de vivienda del gobierno de Miguel Ángel Mancera y los gobiernos perredistas que le sucedieron, están a favor de los empresarios como el Fideicomiso Centro Histórico o las ZODES (Zonas de Desarrollo Económico y Social), mediante los cuales se ha expulsado a las masas laboriosas y pobres hacia las periferias de la capital.

Vivienda para los trabajadores, los jóvenes y los pobres urbanos

Según datos oficiales, la capital alberga a casi 6 mil habitantes por kilómetro cuadrado, lo que la hace una de las ciudades con mayor densidad poblacional en el mundo. Esto abona en el hacinamiento y en la construcción de casas de interés social ultra reducidas donde no cabe una familia promedio.

Resolver el problema de la vivienda en la ciudad, como planteamos desde la fórmula “La Izquierda Anticapitalista a la Constituyente”, pasa necesariamente porque el conjunto del presupuesto destinado a la capital en este rubro sea utilizado para obra pública, infraestructura y vivienda para los trabajadores y los pobres urbanos. Un plan basado en el cobro de impuestos progresivos a las grandes constructoras y los grandes emporios capitalistas y la ilegalización de los contratos millonarios, fraudulentos y que impactan al medio ambiente y a las comunidades conocidos como “megaproyectos”.

La banca, hoy en manos de las grandes corporaciones financieras, debe ser nacionalizada bajo control de los trabajadores para evitar la fuga de divisas, la especulación con base en los ahorros y prestaciones de los trabajadores y para otorgar créditos baratos a los trabajadores para acceder a una vivienda digna.