Las recientes acciones exigiendo vivienda digna llevadas adelante sobretodo por mujeres en situaciones muy vulnerables, visibilizó una problemática que se vive a diario en muchos barrios de la capital fueguina, y que si salen a la luz lo hacen para criminalizar a vecinos y vecinas que viven en condiciones precarias y a merced de las políticas del intendente de turno.
Miércoles 14 de abril de 2021 01:16
El acampe de nueve familias en Casa de Gobierno reclamando por vivienda digna y trabajo, se suma a la concentración realizada semanas atrás por parte de mujeres organizadas de los barrios Las Raíces y La Cima.
En el acampe, las mujeres plantearon los distintos tipos de violencia que han sufrido en los albergues en los que fueron alojadas. No solo por parte de los dueños de los lugares, sino también de los entes gubernamentales.
El Estado paga a mes vencido lo que lleva a que los dueños les reclamen directamente a ellas. En otros casos han tenido que salir de sus hogares porque el estado no depositaba los alquileres generando deuda a las inquilinas.
También plantearon que en los lugares en los que estaban no podían generar trabajo, ya que en esos lugares no se los permitían o les llamaban la atención con sus hijos. Que no griten, no salgan, etc.
La emergencia habitacional que vive Ushuaia y toda la provincia se remonta a por lo menos dos décadas, y si bien afecta a familias trabajadoras en general, golpea más fuerte en mujeres, en su mayoría sostenes de hogar. También mujeres que vienen enfrentando otras violencias de género, económicas, psicológicas, una historia que se repite.
En 2018 el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares) registró 22 barrios informales en la capital fueguina, con una población de alrededor de 5 mil personas. Número que ha aumentado exponencialmente durante la pandemia.
Desde la crisis del 2001 a esta parte, las consiguientes devaluaciones del peso promovieron un verdadero boom del turismo internacional, y con ello de la construcción de hoteles, hostales y cabañas destinadas a ese rubro. Esto, sumado al crecimiento de la producción fabril, hizo que la provincia tuviera un gran crecimiento demográfico.
Pero se ve que los empresarios, de ambos sectores, que necesitaron mano de obra barata para levantar sus negocios en épocas de bonanzas, no pensaron en que los trabajadores y trabajadoras que iban llegando a las ciudades tenían que vivir en algún lado, en una geografía ya de por sí con un clima hostil. Este es el contexto del nacimiento de barrios como El Escondido, El Mirador, El Obrero, entre otros.
Reuniones y promesas incumplidas
La solución a la crisis habitacional y la formalización de los barrios fueron promesas de campaña de todos los últimos gobiernos, tanto provinciales como municipales, Walter Vuoto no fue la excepción.
Sin embargo, el actual intendente hasta el momento no ha llevado adelante ninguna medida para dar una solución y continuó con la política de guetización y hostigamiento de vecinos y vecinas. No solo no quitó los controles en la puerta de los barrios, si no que se agregaron controles policiales por los que deben pasar para salir y regresar a sus casas.
Se han llevado adelante así, operativos de desarme violentos y sin ninguna orden judicial. Tal es el caso del barrio La Cima donde dejaron en la calle a una joven embarazada y donde se llevó adelante otro desarme aún estando dentro de la vivienda sus ocupantes, incluidos niños y niñas. Solo la solidaridad entre los vecinos y sobre todo de la amplia red de mujeres que se viene tejiendo lograron ponerle de manera temporal un freno a los operativos.
Paradójicamente, estos operativos de desarme estuvieron a cargo de mujeres: la Secretaria de Hábitat y Ordenamiento territorial de la municipalidad, Lorena Henriques Sanches y su secretaria Eliana Urrutia, quien quedó registrada por los celulares de los vecinos amenazándolos con volver.
En realidad, la cuestión no es la toma de tierras en sí, sino quiénes especulan con éstas, ya que los vecinos revelan que muchos de la cuadrilla de desarme han ocupado terrenos y armado viviendas en los barrios. Es el caso de un tal Pablo Suau, alias "Pablito" uno de los que se encontraban desarmando la vivienda con una niña adentro, y quien, según relatan, tiene varias denuncias por lesiones y quien también fuera denunciado por otra vecina por cortarle el cerco para agarrarse parte de su terreno. Otro nombre señalado por los vecinos es el de Raúl Paredes, quien participa regularmente de los operativos.
Muchos vecinos, temerosos por las amenazas de desarme o incendios de sus casas, denuncian a media voz que punteros de La Cámpora manejan los terrenos discrecionalmente, acomodando a amigos, o a quienes utilizan después como patota para amedrentar a los vecinos de la zona.
Todas las consultadas repiten el mismo modus operandis en sus relatos, las mantienen en un estado de reunión permanente, que muchas veces se suspenden, en albergues bajo pésimas condiciones, sin darles durante meses o años una solución definitiva.
Luego, si levantan cuatro paredes precarias en algún barrio sin los servicios esenciales, son constantemente amenazadas. Así, viven bajo el terror psicológico de que si salen a trabajar, a buscar trabajo, a llevar a sus hijos e hijas a la escuela o a hacer las compras, cuando vuelvan, ya no quede nada de sus pocas pertenencias o encuentren su casa quemada. Una sensación que viven gran cantidad de los miles de vecinos que habitan estos barrios, algunos ya hace más de 20 años, sin obtener respuesta alguna.
Por otro lado, la Secretaría de la Mujer ni siquiera ha brindado asistencia psicológica a quienes se encuentran en esta terrible situación y, el asistente social de la Secretaría de promoción, Desarrollo y DDHH, les dijo que si no desarmaban no iban a recibir ningún apoyo por parte del Estado municipal. O sea, quedar en la calle, perdidas en el laberinto de reuniones postergadas y mensajes no contestados, para recién tener (si es que se las dan) una respuesta.
La bronca y la organización crecen desde abajo
Ante tal situación de vulnerabilidad, las mujeres de distintos barrios se vienen organizando, junto a vecinos, buscando asesoramiento legal, denunciando a pesar de las complicidades policiales y realizando acciones en común para buscar visibilizar el conflicto y que les den alguna solución.
Aún están frescas las imágenes de las topadoras y los más de 4 mil policías que de la mano de Berni y Kicillof dejaron sin vivienda a 2500 familias en Guernica en plena pandemia, mientras desde el mismo Estado los exhortaban a "quedarse en casa". Todo para construir un campo de golf sobre unas tierras flojas de papeles que una empresa se quedó de un modo poco claro durante la última dictadura.
Es necesario profundizar esta organización desde abajo con asambleas de vecinos y comisiones de mujeres que luchen por una vivienda digna en una ciudad donde se privilegia la especulación inmobiliaria o los negociados de los grandes terratenientes (o grandes usurpadores), en desmedro del derecho a la vivienda para las mayorías.
