Esta semana el Gobierno de Boric, con Izkia Siches a la cabeza, anunció un plan de reforzamiento dinámico de Carabineros, que dotará de 700 funcionarios a 17 comunas del país. Entre las regiones que recibirán mayor dotación policial se encuentra la comuna de Arica, con el fin de realizar labores de fiscalización, control y patrullaje. Manteniendo de esta forma, la línea represiva que han tenido en la región, respaldada por políticos como Vlado Mirosevic y el Alcalde Gerardo Espíndola del Partido Liberal.
Camilo Jofré Profesor, militante del PTR e integrante de la agrupación de trabajadores de la educación Nuestra Clase.
Domingo 8 de mayo de 2022
Cabe recordar que a días de asumir como Gobierno, la actual Ministra del Interior ya comprometía mantener el Estado de Excepción que dejó Piñera en la frontera del norte del país. Finalmente el 15 de abril se dio término al estado de excepción en la zona norte pero decidieron mantener el decreto N° 265 que implementó Sebastián Piñera, el cual otorga mayores facultades policiales a las FF.AA para reprimir a las y los migrantes.
En concreto el aumento de la dotación de carabineros es de 50 nuevos efectivos y la llegada de 8 vehículos para Arica. Desde algunos sectores y autoridades locales aplaudieron enérgicamente el anuncio para la región anunciado el día miércoles. Como el diputado Vlado Mirosevic, quién salió inmediatamente a través de sus redes sociales a respaldar la línea represiva del Gobierno. Desde el Partido Libertal, tanto el diputado Mirosevic y el Alcalde Gerardo Espindola se han empeñado en exigir mayor dotación policial para la región, fortaleciendo la línea criminalizadora y represiva en la región, bajo el discurso de enfrentar con mayor fuerza la “delincuencia”, buscan instalarse como los defensores de la comunidad ariqueña pero la única respuesta que proponen ante los problemas que aquejan a la ciudad es darle mayores facultades y recursos a una institución como Carabineros.
Pese a que se disfrazan de “amigos del pueblo”, los hechos demuestran todo lo contrario. La misma municipalidad de Gerardo Espindola que hoy invierte con tanta facilidad en seguridad y cámaras de vigilancia fue la que dejó sin sueldo y finiquito a los trabajadores de áreas verdes, y que aún los mantiene en el subcontrato. La misma autoridad que ante el anuncio del cierre del SAPU Marco Carvajal, se vio presionado por la comunidad y trabajadores, viéndose obligado a comunicar que se mantendrá funcionando pero hace caso omiso a las condiciones deplorables que mantiene actualmente el Servicio de Atención Primaria. Queda demostrado cuales son sus prioridades, fortalecer el aparato represivo.
Incluso el mismo Vlado Mirosevic, fue de quienes negaron rotundamente al quinto retiro en medio de una crisis que azota con el aumento de los precios a las familias trabajadoras y pobres. En concreto votó en contra de las y los trabajadores, respaldando por otra parte la propuesta del Gobierno que beneficiaba especialmente a los bancos e instituciones financieras. Pero no es la primera vez que vota en contra de los trabajadores, anteriormente en medio de la pandemia voto a favor de la ley de “protección del empleo”, que dejó a muchos sin trabajo. El diputado vocifera constantemente hablando de delincuencia mientras niegan a demandas básicas en favor de la población y que finalmente terminan profundizando la desigualdad. En el fondo es parte del problema del aumento de la violencia social en contra de los trabajadores y el pueblo.
Ante el anuncio de estas medidas es necesario preguntarnos ¿Aportar más dinero al aparato policial será una solución real a los problemas de delincuencia generados por la desigualdad económica y social? El enfrentar este problema con mayor represión, expresa la nula intención en resolver profundamente el problema de la delincuencia. La solución claramente no viene con más represión, sino con acceso a educación gratuita y de calidad, con oportunidades reales de trabajo y en condiciones dignas, con acceso universal a una vivienda, entre otras.
Por otro lado buscan “combatir la inseguridad” con más carabineros, lo cual es bastante contradictorio, ya que es la misma institución policial la que ha cometido una serie de crímenes contra el pueblo pobre y luchadores sociales de distintas índoles, como lo pudimos ver sobre todo en la rebelión popular y que han sido responsables de mantener la impunidad en el país. Políticos como Vlado se pliegan al sentido común reaccionario que también difunden grupos de organizaciones civiles y gremios empresariales como “Arica defiende Arica” impulsores del “paro contra la delincuencia”, que si bien no hay claridad de quienes están detrás de esta iniciativa, en sus redes sociales defienden a gremios de derecha como los camioneros y se ubican “contra los migrantes”.
A su vez, han estado inmersos en los famosos “pacogate” que se trata de casos de corrupción situados en la malversación de caudales públicos. No fue hace más de dos días que se develó, según una investigación de Interferencia, que 17 funcionarios de altos mandos, recibieron más de $1.600 millones en préstamos desde el Fondo de Ahorro Habitacional, pero el dinero no fue respaldado y se investiga en qué lo utilizaron realmente. Este sería uno de los innumerables casos que existen.
El Partido liberal, utiliza demagógicamente los crímenes horrendos de los cuales son víctimas los pobladores ariqueños para aplicar medidas añejas que el mismo Piñera y la derecha en su mandato daba como respuesta. Agitando un discurso securitario y punitivo de “más mano dura” porque la realidad es que no tienen ninguna salida de fondo a las causas más estructurales de la violencia urbana: pobreza y desigualdad. Según la última información otorgada por la CEPAL, la pobreza en Chile subió en un 14,2% desde comienzos de la pandemia, en tanto la desigualdad aumentó en un 4,6%, implica un retroceso de casi 12 años en esta materia. Y particularmente en la región según la CASEN aumentó la pobreza por ingresos en 3 puntos lo que nos ubica en una de las 7 regiones más pobres del país.
Solo actualmente la inflación alcanza el 10,5% en 12 meses, que según el INE es la cifra más alta desde 1994. Sabemos que el aumento de los alimentos sólo es perjudicial para el bolsillo de las y los trabajadores y sectores más precarizados. La semana pasada por ejemplo, aquí en la región, a partir del lunes 2 de mayo, el valor del pan subió y el kilo cuesta $1.700 en promedio. La Asociación de Panificadores señalaba que es precisamente por los elevados precios que están gastando en insumos. Es innegable que cuando la degradación social crece, por las políticas aplicadas desde el Estado, crece también el caldo de cultivo para la proliferación de la “ilegalidad” y de hechos de violencia calificados como “delitos” por el Código Penal, desde robos menores en las calles hasta crímenes brutales.
Las medidas que realmente necesitamos para enfrentar la crisis y estas situaciones, tienen que ver primeramente con el desfinanciamiento a carabineros y que toda esa plata vaya a derechos sociales como salud, educación, pensiones, etc, a la vez que exigir la desolución, el gobierno tiene un discurso de defensa de DD.HH, pero con instituciones como están vigentes, eso es imposible. Por otro lado, demandas económicas como lo es el control de precios para supermercados y grandes distribuidoras es urgente, que ningún sueldo esté por debajo de los $650.000, reajuste mensual de sueldos y jubilaciones según la Canasta Básica Familiar. ¡Que la crisis no la pague el pueblo trabajador, sino los capitalistas! ¡Basta de abusos!
