Hablamos con trabajadoras inmigrantes de Pan y Rosas y otras mujeres inmigrantes que muestran su apoyo al referéndum y al derecho a decidir pero que a la vez denuncian no poder votar.
Sábado 30 de septiembre de 2017
Recogemos las voces de testimonios de mujeres inmigrantes que apoyan y se suman a las movilizaciones del pueblo catalán contra la escalada represiva del Estado Español contra el derecho a decidir. Pero si bien desde el Gobierno central se están vulnerando derechos democráticos fundamentales y no se quiere permitir que los catalanes puedan votar, hay personas que siempre están excluidas para ejercer este derecho.
Las personas inmigrantes que no tienen la nacionalidad española no pudieron votar en las elecciones estatales, ni en las autonómicas, y tampoco lo podrán hacer este 1 de octubre. Así mismo lo han denunciado varias organizaciones en favor de los derechos de las personas inmigrantes como SOS Racismo o el Sindicato de Vendedores Ambulantes.
Y es que el censo electoral para el referéndum se rige por las mismas leyes discriminatorias del Estado Español y excluye a más del 15% de la población de Catalunya con edad legal para votar por el simple hecho de ser inmigrantes y no tener la nacionalidad española.
Así lo denuncia Diana de Pan y Rosas. Ella es paraguaya, hace 11 años que vive en el Estado español y 7 en Catalunya: “Estoy a favor del derecho a la autodeterminación del pueblo catalán, puesto que cada pueblo debe decidir democráticamente su futuro. Como inmigrante que vive y trabaja en Catalunya estoy apoyando directamente esta lucha en las calles, pero los inmigrantes, a pesar de ser residentes, aún tenemos vetado el derecho al sufragio. No tenemos los mismos derechos políticos que todos los catalanes debido a nuestra situación legal, que aunque viene del gobierno central, se sigue reproduciendo y legitimando por el gobierno catalán de Junts pels Si.”
De igual manera la Ley de Transitoriedad aprobada por el Gobierno de Junts Pels Si, junto al apoyo de la CUP, prevé que seguirá habiendo una reaccionaria Ley de Extranjería, que es prácticamente calcada a la actual legislación del Estado español que legitima la discriminación política, económica y social de los inmigrantes, su persecución, las redadas racistas, el levantamiento de muros, las devoluciones en caliente, el encarcelamiento de inmigrantes en los CIEs y un largo etcétera.
En este sentido se expresa Rita, paraguaya que lleva más de 10 años en Catalunya. Su historia es como la de miles y miles de mujeres inmigrantes que para poder vivir aquí y conseguir “los papeles” tuvo que trabajar en condiciones extremadamente precarias como camarera y empleada doméstica: “Estoy a favor y apoyo totalmente el derecho a decidir, pero soy muy crítica con quienes están dirigiendo este proceso actualmente, y es que si confiamos en el gobierno catalán actual, que sigue reproduciendo las mismas políticas racistas y clasistas del Gobierno central, nuestra situación como mujeres inmigrantes seguirá igual de mala en una posible república catalana”.
También contamos con el testimonio de Isabel, que este 1 de octubre quiere ejercer su derecho a voto: “Soy ecuatoriana y hace 14 años que estoy aquí en Catalunya, apoyo totalmente el referéndum y el derecho a que podamos votar, ya que pienso que la mayoría de la población de Catalunya si se quiere independizar se tendría que independizar. Por eso estoy en contra de toda la represión que está habiendo, y por ello yo iré a votar. En mi caso sí que podré votar ya que tengo la nacionalidad española”.
El testimonio de estas mujeres inmigrantes es el reflejo de la realidad que muchos inmigrantes viven día a día. Historias marcadas por el racismo de las leyes del estado español, y que el “procés”, con su dirección burguesa, sigue perpetuando.
El racismo institucional preservado en la Ley de Transitoriedad es una muestra más de los límites que la dirección de Junts Pel Si ha impuesta a la potencialidad transformadora de la pelea por el derecho a decidir que hoy se expresa en las calles.
Límites que han impedido reclamar una sanidad y educación de calidad y gratuita, límites que han impedido reclamar la expropiación de las viviendas en manos de los bancos para las familias sin hogar, límites que no alcanzan para solucionar el paro de masas y por supuesto límites que han dejado fuera, del mismo modo que el racista Estado español, las demandas y derechos de las personas inmigrantes.
