El caso de la Facultad de Derecho de la UB es un claro ejemplo de como, aunque vuelve la presencialidad, los decanos continúan planificando las medidas covid sin tener en cuenta las necesidades del alumnado.
Jueves 23 de septiembre de 2021
Esta semana es la primera para muchas de las estudiantes que estamos matriculadas en la Facultad de Derecho después de mucho de tiempo. Las de primero empezaron la semana pasada, algunos grados empiezan online, dentro de dos semanas también se reencontrarán con la vida universitaria. Y la Facultad de Derecho, naturalmente, ha tomado una serie de medidas anticovid que nuevamente son contradictorias.
Desde ContraCorriente ya pedíamos la vuelta en las aulas de una manera segura des de inicio de curso del año pasado. Aunque los rebrotes aumentaran, sí que muchos sectores volvían a cierta normalidad con las correspondientes medidas (aunque muchas veces las patronales y las administraciones no pusieran todas las que hacían falta). Pero para las estudiantes, y más en concreto en la Facultad de Derecho, no se nos permitió volver en todo el curso. Con la única excepción de los de primer curso y de forma parcial. Habilitar más aulas, más espacios, poner mamparas y otras medidas de seguridad no estuvieron en los planes de la Generalitat y los rectores.
Ahora, con mucha ilusión hemos empezado este curso con el anuncio de una presencialidad total de la docencia, gracias básicamente a que la vacunación está muy avanzada. Con esta presencialidad al cien por cien era de esperar que hubiera medidas de seguridad para evitar rebrotes en la facultad, pero mi sorpresa fue cuando me topé con ellas. Eran la misma filosofía: el mínimo esfuerzo para hacer posible una vuelta en condiciones.
Básicamente han restringido los comedores al uso del microondas y no se puede comer dentro, y no solo esto sino que la facultad no ha habilitado ningún espacio para que las estudiantes podamos comer. La otra medida "sanitaria" es cerrar muchas de las fuentes de agua que hay en la facultad.
Estas medidas en si no parecen muy graves, pero si te paras a pensar son bastante preocupantes. Que se cierre el comedor y no puedas comer en ningún espacio de la facultad es una medida contra las estudiantes precarias que no podemos o no queremos asumir el coste de comida en el bar de la facultad, que sí que está abierto y sin ningún tipo de medida de seguridad. Se tiene que decir que el comedor del profesorado sí que está abierto.
Es en este punto, donde le hago una cuestión a nuestro decanato, ¿qué tipo de coherencia sigue esta facultad en relación a la salud pública? Puesto que vemos clases sin posibilidad de mantener la distancia de seguridad y el bar a reventar, puesto que tampoco se habilita más espacio para poder descongestionar. Cuatro botes de gel hidroalcohólico mal repartidos y sin prácticamente protocolos para las alumnas que no puedan asistir a clase para estar confinadas. Aparte de la retirada de gran parte de mesas y sillas de los pasillos, utilizados tradicionalmente para estudiar.
La respuesta es clara, la Facultad de Derecho no piensa en ningún momento en todas aquellas estudiantes que somos precarias y que tenemos que hacer uso del comedor o de las fuentes de agua.
Exigimos que las medidas de seguridad anticovid, no afecten a las estudiantes y que las decisiones las tomemos entre todas, puesto que profesorado y alumnado son las que mejor saben como se podría organizar la facultad para un uso diario seguro y práctico para todas.