Cada día resulta más visible el proyecto estratégico de todos los partidos del gobierno: restaurar la gobernabilidad y la institucionalidad a favor de los grandes empresarios. Tres son los nudos centrales en los que se juegan: recomponer la autoridad del Estado, llegar a acuerdos comunes para la nueva Constitución (ya sea ganando el apruebo o el del rechazo) y hacer frente a la crisis económica combinando reformas limitadas y consensuadas con el gran empresariado, con renovadas recetas neoliberales para “normalizar la economía”.
Fabián Puelma @fabianpuelma
Martes 30 de agosto de 2022
Las últimas semanas han estado marcadas por definiciones por parte del gobierno y los partidos que dirigen la campaña del apruebo. En lo que respecta al plebiscito, vimos cómo los partidos del gobierno, Apruebo Dignidad (Frente Amplio y Partido Comunista) y “Socialismo Democrático” (que incluye a toda la ex Concertación, salvo la Democracia Cristiana), firmaron una nueva “cocina constituyente”. Supuestamente lo hicieron para fortalecer la campaña por el apruebo. Pero lo cierto es que se trató de un gesto de buena crianza frente a la presión de la derecha y los grandes empresarios.
El propio gobierno de Boric no se ha quedado atrás en este tipo de señales. Asumieron públicamente y sin complejos que la militarización de La Araucanía es parte de su línea de gobierno; celebraron la detención de Héctor Llaitul y ya se encuentran negociando con la derecha para coordinar el mensaje post plebiscito, sea el resultado que sea. Según Boric, “no puede haber vencedores ni vencidos”.
En el terreno económico, el gobierno ha tomado importantes definiciones. La agenda de reformas del gobierno avanza sin prisa, pero sin pausa. El gobierno anunciará su proyecto de reforma de pensiones, pero ya ha trascendido que ésta mantendrá en pie las AFP. A su vez, presentarán una serie de indicaciones para agilizar la tramitación de la reducción a la jornada laboral. Sin embargo, “las 40 horas” incorporarán la flexibilidad laboral y una gradualidad de 5 años. Se trata de acuerdos que fueron fruto de negociaciones entre los partidos, las cúpulas sindicales y los gremios empresariales.
¿Qué está detrás? Mario Marcel fue el encargado de dar la orientación estratégica. De lo que se trata es de “completar exitosamente la transición política e institucional en marcha”, agregando que “todo indica que, cualquiera sea el resultado del Plebiscito, el proceso constituyente no va a concluir el 4 de septiembre”. El ministro de Hacienda aseguró que “volver al país previo al 18-O del 2019 no es una opción. Tampoco lo son las utopías irrealizables. Hay una demanda por respuestas concretas, viables y graduales”.
El presidente Boric, en el mismo sentido, afirmó que en este proceso se la va “a jugar por la unidad”. Se trata de una nueva transición y una nueva política de los consensos, con el Frente Amplio y el Partido Comunista oficiando como nueva Concertación.
Cada día resulta más visible el proyecto estratégico de todos los partidos del gobierno y la oposición: restaurar la gobernabilidad y la institucionalidad a favor de los grandes empresarios. Tres son los nudos centrales en los que se juegan: recomponer la autoridad del Estado, llegar a acuerdos comunes para la nueva Constitución (ya sea ganando el apruebo o el del rechazo) y hacer frente a la crisis económica combinando reformas limitadas y consensuadas con el gran empresariado, con renovadas recetas neoliberales para “normalizar la economía”.
Recomponer la autoridad del Estado
La detención de Héctor Llaitul fue celebrada no sólo por la derecha, sino que también por el gobierno. Ésta fue fruto de una querella presentada por el gobierno de Piñera invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado. Es decir, se lo persigue por sus ideas políticas y con el fin de hacer un golpe mediático. El gobierno de Boric amplió dicha querella. ¿Lo hizo porque existían delitos flagrantes? No. Lo hizo apelando únicamente a dichos y opiniones de Llaitul.
Izkia Siches fue categórica: “el Estado de Derecho en nuestro país funciona y nadie está por encima de la ley. Los trabajos, tanto del Ministerio Público, como de las policías, han rendido frutos”.
El Estado de Derecho funciona, pero contra dirigentes mapuche y manifestantes. Porque cuando se trata de los represores, de quienes mutilaron, violaron, asesinaron a manifestantes durante la rebelión popular, reina la impunidad.
Más allá de todos los discursos, lo cierto es que el manto de impunidad también lo sostiene el gobierno de Gabriel Boric: pese a que el General Director de Carabineros Ricardo Yáñez declarará como imputado en una causa de violaciones a los DD.HH, el gobierno lo sigue manteniendo en su cargo. Un verdadero escándalo.
No se trata de hechos puntuales. El mismo Gabriel Boric reconoció el cambio de opinión del gobierno respecto del estado de excepción. Llevamos más de 100 días de militarización en La Araucanía bajo el gobierno progresista de Boric y todo indica que la medida mantendrá de manera indefinida. No es por casualidad que en el pacto de los partidos del apruebo para reformar la futura constitución, prometieran reponer el estado de emergencia.
La conclusión es clara. El gobierno de Boric está buscando recomponer la autoridad del Estado tras la rebelión popular y para hacer frente a la actual crisis económica y social. Esto supone implementar medidas autoritarias o “bonapartistas”.
Operación postplebiscito
Uno de los debates en los que ha girado la agenda es el escenario post plebiscito. Por supuesto, los grandes medios de comunicación buscan instalar la idea de que el triunfo del rechazo es ya irreversible. No es sólo una movida electoral. También buscan que el gobierno y los partidos del apruebo sigan dándole más puntos a la agenda a la derecha.
Gabriel Boric, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático no se hacen de rogar. Frente a este debate, Boric afirmó que “vamos a convocar para dar certidumbre a Chile. El 5 de septiembre me la voy a jugar por la unidad (...) Acá no pueden haber vencedores y vencidos, tenemos que volver a encontrarnos en torno a nuestras reglas fundamentales y en torno a algo que pareciera que es consenso".
Al mismo tiempo, desde La Moneda ya iniciaron las conversaciones con los partidos de oposición para unificar criterios para el día de los resultados. Tal como informa El Mercurio, “coordinar un discurso político independiente del resultado del plebiscito del 4 de septiembre, que transmita tranquilidad y baje las tensiones que han marcado la campaña: Ese fue el mensaje que hizo llegar la semana pasada Ana Lya Uriarte, jefa del gabinete de la ministra del Interior al jefe de la bancada DC, Eric Aedo”. Evitar lógica de vencedores y vencidos es el mensaje que este lunes entregó Maya Fernández, ministra de Defensa, a los jefes de la bancada de Chile Vamos.
La derecha respondió que no están en la parada de dejar fuera al presidente de las negociaciones post plebiscito en caso que gane el rechazo, pero ponen como condición “dialogar en serio y profundamente con todos los sectores”.
¿Qué significan todos estos gestos de mutua simpatía? Que si gana el apruebo, el camino institucional ya está trazado. La nueva Constitución establece un calendario legislativo en donde todas las leyes de implementación deberán contar con la venia de la derecha en el actual Congreso. El apruebo de los grandes consensos.
Resulta inédito que la implementación de la nueva Constitución la realice por el Congreso elegido por la constitución fenecida. Una arista más de la cadena de pactos a espaldas del pueblo que se dieron desde el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”. Además que los partidos del apruebo ya sellaron un acuerdo para moderar aún más el texto, incluyendo nada más ni nada menos, que el compromiso de mantener con vida el sistema de AFP.
Si gana el rechazo, el gobierno de Boric apostará por dirigir y encauzar un nuevo proceso constituyente, apelando a acuerdos con la oposición. Grandes consensos en versión rechazo. Partidos como el PPD ya se apresuraron a decir que el nuevo proceso constituyente sería mucho más antidemocrático que el anterior. La presidenta del PS, por su parte, confesó que sería sin listas de independientes. Y es que claro, los “grandes consensos” siempre se han basado en la exclusión de quienes están por fuera de los partidos tradicionales.
Estos son los debates que han marcado la campaña del plebiscito. El apruebo está dirigido por el gobierno y Apruebo Dignidad con esta política. Grupos como Movimientos Sociales Constituyentes, Coordinadora Plurinacional y la organización de Jorge Sharp, realizaron tímidas críticas a la nueva “cocina constituyente”, pero siguen actuando en plena unidad de acción con el Comando central del apruebo, subordinados al gobierno y su política.
Reformas sociales consensuadas con el gran empresariado
Pero la política de los grandes consensos no se limita a los hipotéticos escenarios posteriores al plebiscito. Todas las reformas sociales y económicas del gobierno de Boric están cuidadosamente pensadas para concitar el apoyo de los grandes empresarios a través de un proceso de “diálogo social”, es decir, de conciliación de clases.
Durante estas semanas se ingresarán múltiples indicaciones a la reforma tributaria para hacerla aún más potable al empresadiado. Respecto a la reforma previsional, trascendió que la administración del actual 10% correspondiente a la capitalización individual podrán participar privados como las AFP. Incluso en el 6% adicional de cotización que estaría proponiendo el gobierno, el Estado podría subcontratar a privados para que inviertan en el mercado de capitales.
Otro tanto hay que decir a la reducción de la jornada laboral. En el acto de anuncio del gobierno por el proyecto de 40 horas, participó Juan Sutil quien valoró que la reforma se haga con una gradualidad de 5 años. De hecho, el anuncio se hizo en el marco de la reunión del Consejo Superior Laboral -integrado por su cartera, la CUT y la Confederación de Producción y Comercio- con el Consejo Minero y la Coordinadora de Trabajadores de la Minería.
Viejas recetas económicas para hacer frente a la crisis
La situación económica atraviesa por un momento de crisis. La inflación llega a los 13,1% en doce meses. Todos los analistas pronostican que el país entrará en recesión y que el próximo año el crecimiento será de -0,4%.
Hay agencias como Morgan Stanley que son más pesimistas aún. Plantean que “con la disminución de las reservas de divisas de Chile, en medio de una escasa o nula inversión extranjera directa, y un continuo desequilibrio de la cuenta corriente, vemos una presión de debilitamiento sostenido para el peso chileno” y pronostican una caída de 1,5% del PIB el próximo año.
El gobierno no sólo ha moderado y limitado las reformas prometidas según las exigencias de los grandes empresarios. También impulsa una política de ajuste económico, que es la petición de los capitalistas para “normalizar” el mercado. El diagnóstico que tienen con el gobierno es compartido: una parte importante de la inflación se debe al excesivo consumo. Tal como explicaba Rossana Costa, presidenta Banco Central, "los desbalances que mantiene la economía, se deben a un largo período de gasto que no se condice con la capacidad productiva que tiene el país".
Lo que buscan hacer es enfriar la economía y seguir subiendo la tasa de interés para limitar, entre otras cosas, el consumo popular. Y dejar que los salarios sufran un ajuste por la inflación (a principios de agosto los salarios reales de Chile cayeron por noveno mes consecutivo). Esto requiere ajuste en el gasto fiscal, lo que significa menores recursos para medidas sociales. Tal como reconoció la consejera del Banco Central Griffith-Jones, “también hay mucho apoyo del Gobierno porque el déficit fiscal ha tenido una reducción muy dramática durante este año. Estamos yendo en la dirección correcta”.
En este marco, el ministro Mario Marcel en la conferencia de Asset Management, confirmó que “el gobierno está llevando a cabo una importante consolidación fiscal después de la excesiva expansión de 2021”. A su vez, sostuvo que “el mercado de capitales chileno perdió cerca de 20% del PIB debido a los retiros de fondos de pensiones” y que la reforma previsional del gobierno de Boric “contribuirá significativamente” a la reconstrucción de ese mercado. Las pensiones en realidad no son la prioridad, sino que reconstruir las regalías al capital financiero.
Marcel puso el acento también en uno de los problemas estratégicos de la economía: la productividad viene estancada desde el 2011. Este “fin de ciclo” económico estuvo en la base de las frustraciones que gatillaron la rebelión popular. Y la respuesta que da el gobierno a esta encrucijada es seguir con las recetas neoliberales: mantener el modelo de saqueo de los recursos estratégicos.
La Convención Constitucional apuntó a la misma dirección al mantener los pilares del modelo económico de los “30 años”. Tan así que académicos como José Gabriel Palma (que está lejos de ser un izquierdista), aseguró en una columna para CIPER que “la posibilidad de ofrecer una propuesta constitucional habilitadora que permitiese implementar diferentes modelos de desarrollo y estrategias productivas figura hoy como una oportunidad perdida”.
Sin embargo, no está para nada dicho que el intento de una nueva transición, de reeditar la política de los consensos y de hacer frente a la crisis económica y social con recetas neoliberales “progresistas” tenga éxito. Los poderosos harán todo lo posible para restaurar la gobernabilidad del régimen burgués para mantener sometido y subordinado a la clase trabajador ay el pueblo. Para evitarlo, resulta indispensable impulsar una alternativa política independiente desde las y los trabajadores y los sectores populares, que se plantee no sólo en oposición por izquierda al gobierno de Boric, sino también desenmascare el nuevo fraude histórico que fraguan con la nueva Constitución e impulse un programa para que la crisis la paguen los capitalistas retomando el camino de la movilización y lucha en las calles.
Fabián Puelma
Abogado. Director de La Izquierda Diario Chile. Dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios.