Nueva cocina constituyente. Voto obligatorio y baja aprobación del congreso junto a partidos políticos

La ultima Encuesta CEP reveló el descrédito que tienen instituciones como el Congreso y los partidos políticos, siendo los peores evaluados en niveles de confianza frente a las y los encuestados, ubicándose el Congreso con apenas un 8% de confianza y un 4% los partidos políticos.

Esto mientras el “Acuerdo por Chile” llevado por este mismo Congreso y sus partidos políticos del regimen sigue su curso. El día jueves, con 44 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención, el Senado aprobó en general la reforma constitucional que permite la aprobación de una nueva constitución para Chile. Un proceso cuestionado inmediatamente en el establecimiento de su orgánica, en la que se le otorga la facultad a un “comité de expertos” designados antidemocráticamente, de realizar un anteproyecto que se será posteriormente discutido y aprobado por un eventual Consejo Constitucional.

Ya han sido distintas los organismos y organizaciones quienes han criticado la legitimidad del proceso, entre ellos la Comisión Chilena de DD.HH, quienes denunciaron ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lo antipopular de esta nueva cocina entre la derecha y la totalidad de los partidos del gobierno.

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A esto se suma la última ley publicada en el Diario Oficial (n°21.524), que restituye la obligatoriedad del voto para todas las elecciones y plebiscitos, a excepción de primarias, barajándose ahora cuales serían los efectos sancionatorios para quienes se niegue a participar. Medidas forzosas, que claramente buscan recomponer el deteriorado sistema electoral, y que actualmente condensa una importante desilusión de amplios sectores.

Pero, aunque el proceso implicó el consenso del conjunto de los partidos del régimen, y a la vez se están buscando de todas las maneras posibles evitar un nuevo fracaso electoral, tampoco es un buen escenario para la casta política en su conjunto. Particularmente para el gobierno, que, si bien ha buscado complacerse con la derecha y la tradición concertacionista dentro de su conglomerado, no consigue despegar de la alta desaprobación de un sector importante de su gabinete.

Así lo expresa la última encuesta realizada por el Centro de Estudios Públicos (CEP), en la que se muestra la importante desaprobación de algunas de las principales figuras del gobierno, como también de distintos referentes de la superestructura política en la actualidad. Como era de esperarse, el principal referenciado fue el presidente Boric, quien de acuerdo a la encuesta cuenta con un 23% de imagen positiva, contra un 49% de desaprobación. Cifras bastante cercanas a la de la actual vocera del gobierno, Camila Vallejo, quien tiene un 28 de aprobación, contra un 51% de imagen negativa.

Incluso dentro de los nombres mejor evaluados, Evelyn Matthei, Germán Codina, y Mario Marcel, ninguno de ellos sobrepasa el 50% de la aprobación, con un 46%; un 45%; y un 38%, respectivamente.

No son de extrañarse estas cifras, ya que frente a los estragos provenientes de la economía que durante el último año se encontró marcada por las altas tasas de inflación que pulverizaron los sueldos del pueblo trabajador, junto a una serie de elementos que aún no terminan de resolverse como son las pensiones, salud y vivienda -entre otros tantos- la paciencia de las grandes mayorías comienza a disiparse.

Es por esto, que más allá de que el régimen en su conjunto busque la celebración de este nuevo proceso constitucional, lo cierto es que la rebelión de octubre del 2019, más allá del desvío y posterior reflujo luego del famoso “acuerdo por la paz”, dejó una fractura expuesta, sobre la cual el régimen aún no sabe cómo cerrar. Con una agenda política reaccionaria con un enorme peso hacia la represión y el control, pero incapaz de dar respuesta a las grandes urgencias de la clase trabajadora y los sectores populares.

Este “acuerdo por Chile”, no es más que otro voladero de luces, otra cocina entre los mismos partidos de siempre, donde los derechos del pueblo trabajador y otros sectores en lucha, se mantendrán postergados.

Sólo una Asamblea Constituyente realmente libre y soberana, basada en la movilización que imponga en el fin a las AFP y al negocio de las pensiones, salud y educación gratuita, y una vivienda digna entre otros aspectos, puede ser una alternativa frente a la demagogia e hipocresía de la casta política.