Un testimonio de un ex suboficial del Ejército confirma los “vuelos de la muerte” que ocurrieron en dictadura.
Sábado 7 de septiembre de 2019
El suboficial (r) del Ejército, Juan Guillermo Orellana Bustamante, es el autor del único testimonio que confirmó los llamados "vuelos de la muerte" en 1973, práctica donde se lanzaban prisioneros políticos vivos al mar durante la dictadura militar.
El suboficial indicó que estos hechos ocurrieron en octubre de 1973, cuando trabajaba como mecánico del helicóptero militar y formó parte de la tripulación que despegó de madrugada desde el aeródromo de Tobalaba hasta las Rocas de Santo Domingo.
Desde ese lugar partieron rumbo al océano Pacífico los tres prisioneros, quienes eran militantes de izquierda. Los prisioneros en ese momento se encontraban vivos, atados de pies y manos y con la vista vendada. Además tenían un pedazo de fierro amarrado a los pies. Sus nombres eran, Ceferino del Carmen Santis Quijada, Luis Fernando Norambuena Fernandois y Gustavo Manuel Farías Vargas. Todos ellos fueron detenidos por militares del Regimiento de Ingenieros de Tejas Verdes de San Antonio.
"El capitán de Ejército procedió, solo, a tomar a las personas. En primer lugar tomó a la persona más adulta de los pies; lo giró hacia la puerta y lo empujó con las manos hacia abajo, hacia el mar”, dice Orellana a El Dínamo, refiriéndose a la descripción de Ceferino del Carmen Santis Quijada, obrero y militante del MIR industria Rayonhil. Tenía 31 años y era el mayor de las tres personas secuestradas. Era casado y tenía dos hijos.
“Al segundo sujeto lo tomó de las axilas, lo llevó hacia la puerta y lo tomó de los pies. Lo empujó de la misma manera que al primero”, refiriéndose a Luis Fernando Norambuena Fernandois. Con 30 años, era integrante del Comité Central del Partido Socialista, regidor por San Antonio y secretario regional de la CUT.
“El tercero, que era el sujeto más joven, lo tomó de la misma forma que al segundo…” Su nombre era Gustavo Manuel Farías Vargas, un recaudador de obras sanitarias en San Antonio, militaba en el MIR y era soltero. Él y sus tres hermanos fueron detenidos y llevados a los cuarteles de Tejas Verdes.
Quienes participaron en el hecho fue el propio Orellana, el misterioso capitán del Ejército vestido de civil, el mayor Emilio Robert de la Mahotiere y el capitán Richter Nuche Sepúlveda, que oficiaba como copiloto.
"Quiero hacer presente que el oficial de Ejército que lanzó a las personas que se encontraban amarradas, vendadas y vivas, dentro del helicóptero, me parece que correspondería a Miguel Krassnoff", explica el suboficial en su testimonio.
Krassnoff en ese tiempo efectivamente era capitán. Años después integró el primer contingente de la DINA y comandó la Brigada Halcón, encargada del exterminio de todos los militantes del MIR del país.
Justicia común y cárcel perpetua
Organismos, organizaciones de derechos humanos y militantes de la izquierda han cuestionado los privilegios de los ex militares condenados por crímenes de lesa humanidad que están recluidos en el penal Punta Peuco, exigiendo su cierre inmediato y cárcel común perpetua a los genocidas de la dictadura.
Sin embargo, esta exigencia no ha sido atendida en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, quien al igual que el ex presidenciable de la ultra derecha, José Antonio Kast, ha favorecido con privilegios a los miembros de la "familia militar".
Lo que ya se sabía:
Ex militar declara haber sido testigo de Krassnoff empujando a detenidos desparecidos al mar
Esa es la calaña de las amistades de @joseantoniokast— Dauno Totoro (@DaunoTotoro) 18 de mayo de 2018
