Magisterio. Vuelta a clases presenciales: la imposición de la “normalidad inexistente”

La política de reanudación de las actividades económicas avanza aceleradamente; millones de trabajadores vuelven a la “normalidad”: en las redes sociales y en la vida cotidiana se aprecia cómo los lugares de reunión, como bares, cantinas y centros recreativos han reabierto sus puertas, usando el llamado “semáforo epidemiológico” como referencia, para beneplácito de empresarios y propietarios, quienes clamaban por esta apertura.

Como parte de ello, los gobiernos locales y el federal, representantes empresariales y de organismos internacionales como la ONU, desde los medios masivos de comunicación urgen la vuelta a clases presenciales. Martha Hernández, subsecretaria de educación básica de la SEP, anunció tajantemente que “sí, vamos a regresar a las escuelas cuanto antes, no vamos a esperar hasta el próximo ciclo escolar”.

Mención especial merecen los propietarios de escuelas particulares. En los últimos 8 meses, la población estudiantil que acudía a centros educativos privados descendió hasta un 40%, y sus dueños amenazaron con reabrir desde el pasado 1° de marzo, mientras seguían despidiendo o reduciendo el salario de su personal.

No es casual esta postura si consideramos, por ejemplo, que la deducción de impuestos por pago de colegiaturas -medida impuesta durante el sexenio de Felipe Calderón y que continua-, antes de la pandemia ascendió a más de 6 mil millones de pesos (equivalente al gasto total para infraestructura en educación básica), lo que evidencia el jugoso negocio de la educación privada, que se ha visto parcialmente mermado por el confinamiento sanitario.

Esta amenaza de apertura forzosa de escuelas privadas no se concretó; sin embargo, dejó patente que la presión empresarial repercutió en cómo los gobiernos estatales y el federal replantearon su política de vuelta a clases presenciales.
Ejemplo de esto, son las declaraciones de la Coparmex que, el 22 de marzo en San Luis Potosí, declaró que es urgente la vuelta a clases y la vacunación del magisterio como planteó el presidente en la mañanera del pasado 5 de abril.

“Hay condiciones”: AMLO

El anuncio de la urgencia de volver a clases presenciales choca con la realidad de las propias escuelas donde, el deterioro estructural, los reducidos espacios que llevan al hacinamiento, la falta de insumos básicos, tanto didácticos como de higiene -que, para cubrirlos, solo se cuenta con la generosidad de las familias- y la falta recurrente de agua, siguen siendo la expresión más descarnada del abandono de la educación pública. Sin dejar de mencionar las 50 escuelas que aún no han sido reparadas desde los sismos del 2017.

Según cifras de organismos internacionales como la OCDE, en México la cantidad de estudiantes por aula es de 25 a 35 -aunque, como docentes, sabemos que esta cifra puede llegar a más de 50 alumnos en cada salón-.

Antes de afirmar que “hay condiciones”, bien hubieran hecho el presidente y las demás autoridades, en consultar a las comunidades escolares sobre la situación real en la que se encuentra cada centro educativo, pero no fue así. Nuevamente, las y los estudiantes, docentes, trabajadores y padres de familia fuimos ignorados a la hora de tomar decisiones que afectarán nuestras vidas.

Ante esta realidad, se preparan “protocolos” y un regreso “escalonado”, así como Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA) que podrían funcionar en semáforo amarillo, lo cual no sólo no revertirá el enorme rezago educativo que se profundizó con el Aprende en Casa y continuará con la vuelta a clases presenciales, ya que las causas que lo ocasionaron no se pretenden resolver, sino que es un riesgo para las y los estudiantes, sus familias y las nuestras como docentes, aun suponiendo que esta política la desarrollen con el magisterio vacunado al 100%.

Falso que “Aprende en casa” tuvo éxito en tiempos de pandemia

Esto ya podemos anticiparlo si tomamos los ejemplos de otros países, como Brasil, Argentina o Chile -que pese a contar con el mayor índice de vacunación a nivel Latinoamericano, aun así padece un nuevo repunte en los contagios- donde sus gobiernos impusieron una apresurada e irresponsable reapertura económica y escolar.

¿Cuál es la prisa?

Aunque ahora, con la finalidad de apurar el regreso a clases presenciales, el presidente y otras autoridades empiezan hablar de los “efectos nocivos” de la educación a distancia -que denunciamos desde el principio muchas maestras y maestros-, nunca les importó garantizar el bienestar de nuestras alumnas, alumnos y sus familias.

Aprende en casa: ¿Una contradicción pedagógica?

Esta política, en realidad responde, a los intereses del empresariado que apunta a la total reapertura, pues la educación pública y privada implica múltiples actividades adyacentes, desde la maquila de uniformes, útiles escolares, artículos de oficina, comercio formal e informal, etc. Además de que permite a las madres y padres de familia, dejar a sus hijas e hijos en resguardo para poder desempeñar sus actividades laborales. Todo lo cual favorece las ganancias de los capitalistas.

Pero también, en términos políticos, pues la educación juega un papel fundamental en la adquisición de los “aprendizajes clave” por parte de las nuevas generaciones para su formación cultural e ideológica como futura mano de obra barata, así como en la implantación de un sentido común de "normalidad" en millones de jóvenes y sus familias, para que continúe la explotación capitalista como si no pasara nada.

¿Hay condiciones?

Somos las y los estudiantes, docentes, trabajadores, madres y padres de familia, quienes conocemos las condiciones reales que hay en cada centro educativo y, por lo tanto, quienes mejor podemos determinar, con el apoyo de especialistas en materia sanitaria, qué se necesita para poder volver a las escuelas con seguridad, porque de ello dependen nuestra salud y nuestras vidas.

De entrada, se requeriría vacunar a los más de 2 millones de trabajadores de la educación. Pero esto aún es incierto e insuficiente, ya que los estudiantes también se pueden contagiar y contagian, así como sus familias, por lo que debería de vacunarse a todos antes del regreso.

Si se cobraran impuestos progresivos a las grandes empresas, incluyendo las que lucran con la educación privada, se dejara de pagar la deuda externa, que para este año asciende a 116 mil millones de dólares y el FOBAPROA; y se reorientara el presupuesto destinado a las fuerzas armadas hacia la educación y salud, se podría contar con recursos suficientes para garantizar las condiciones de un regreso seguro; a partir de construir más escuelas, reparar las dañadas y reabrir los turnos vespertinos, para que pueda haber suficiente espacio y grupos reducidos; adquirir los insumos sanitarios necesarios y asegurar la dotación permanente de agua potable allí donde falte; contar con servicios como transporte gratuito para la comunidad escolar; contratar a más docentes, así como a psicólogos, médicos y orientadores, con plazas basificables y salarios dignos, entre otras medidas necesarias y posibles.

Hay que poner en pie las comisiones de seguridad e higiene en cada escuela, con integrantes de los diferentes sectores de la comunidad (estudiantes, docentes, trabajadores, madres y padres de familia) que discutan democráticamente y con independencia de los directivos, una evaluación responsable y realista sobre las condiciones sanitarias del plantel, para exigirle a las autoridades educativas que tomen las medidas necesarias como condición indispensable para el regreso.

Debemos exigirles a nuestros dirigentes sindicales que convoquen a asambleas urgentes para discutir estas medidas. Las organizaciones del magisterio que se reivindican combativas, como la CNTE, deben ya convocar a las y los trabajadores de la educación de todo el país a un plan de acción unificado para imponerlas con la movilización, antes de que se ponga en riesgo nuestras vidas.

Forjemos una gran corriente nacional dentro del magisterio, que luche por esta perspectiva.

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